El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero pidió cuestionar cómo la FGR valora las pruebas, pues exoneró al General Salvador Cienfuegos y pide cinco años de prisión para la activista Kenia Hernández.
Ciudad de México, 16 de enero (SinEmbargo/EFE).- La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó sancionar con cinco años y cinco meses de prisión a la activista Kenia Hernández por protestar en una caseta, denunció el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.
De acuerdo con la organización, la FGR solicitó al juez de Distrito Especializado en Sistema Penal Federal, adscrito al Centro de Justicia de Guerrero, sancionar a la activista que acusa de ataques a las vías de comunicación
Para acreditar su acusación, la Fiscalía presentó 68 pruebas que acreditarían que la defensora indígena afectó parcialmente la circulación vehicular en la caseta de cobro de La Venta- Acapulco, en Guerrero, en donde se manifestó de manera pacífica.
El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero criticó que la FGR exonere al General Salvador Cienfuegos, pero busque sancionar a Kenia por protestar.
👉COMUNICADO
La @FGRMexico quien acusó formalmente a la defensora indígena Kenia Hernández, fue la misma que ahora exoneró a #Cienfuegos
¿Cómo se valoran entonces las pruebas?Ayúdanos a difundir con los #FGRInjusta #LibertadParaKenia@ArturoZaldivarL @A_Encinas_R pic.twitter.com/FQ0YiFVjl1
— Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (@CDHZL) January 15, 2021
“Mientras al General Salvador Cienfuegos, aún con los graves señalamientos de sus actos, la FGR le permitió mantener su libertad, a Kenia esa misma FGR le ofreció recuperar su libertad solamente si se declara culpable de delitos que jamás cometió y para doblegarla solicitó prisión preventiva justificada argumentando peligrosidad social”, detalló la organización.
Ante dichos hechos, el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero pidió reflexionar sobre estos hechos al Presidente Andrés Manuel López Obrador, a la Secretaria Olga Sánchez Cordero, al Ministro presidente Arturo Zaldívar, al Senado de la República, al subsecretario Alejandro Encinas y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
El pasado 15 de enero, la FGR notificó a autoridades estadounidenses la decisión de retirar los cargos contra el General Salvador Cienfuegos. La dependencia aseguró tener la certeza de que el exfuncionario “no realizó acto alguno del que pudiera probársele cualquier conducta delictiva”.
La FGR afirmó que durante dos meses analizó las pruebas que Estados Unidos tenía en contra del exsecetario de la Defensa, además, dijo que obtuvo sus propios datos de prueba y llamó a declarar a Cienfuegos, quien entregó toda la información que se le solicitó.
Por su parte, Kenia Hernández, coordinadora del Colectivo Zapata Vive, fue detenida el domingo 18 de octubre por la noche por presuntos elementos de la Guardia Nacional, a petición de autoridades del Estado de México.
La activista fue acusada de robo con violencia a casetas de peaje en el municipio de Almoloya de Juárez, en el céntrico Estado de México, y por ello fue recluida en un penal cercano.
Sin embargo, al acreditarse que no se había hecho uso de ningún arma fue dejada en libertad a las 10 de la noche del 24 de octubre.
No obstante, cuatro horas después fue detenida nuevamente acusada de ataques a vías federales de comunicación en una caseta de peaje del sureño estado Guerrero, delito ocurido en marzo de 2019 y por el cual fue trasladada de nuevo a un penal.
Fue consejera de derechos humanos en la casa de justicia de la CRAC-PC (Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria) con sede en Cochoapa, municipio de Ometepec.
Kenia es indígena amuzga, feminista, abogada defensora de derechos humanos, de mujeres, de personas indígenas, de personas injustamente presas y de presos políticos.
–Con información de EFE
