El Estado de México ocupa, junto a Jalisco y Chiapas, los primeros lugares a nivel nacional de embarazos de niñas de entre 10 y 14 años de edad, mismos que expertas en derechos sexuales y reproductivos de la organización internacional Ipas señalan que son en su mayoría producto de violencia sexual.
Las defensoras de los derechos de las mujeres de la asociación coinciden en que si algo caracteriza a la entidad es la falta de aplicación de protocolos con perspectiva de género y adaptados para las niñas que acuden a centros de salud por embarazos que permitirían identificar la violencia sexual; a eso se suma la indiferencia que alcanza al sector educativo, familiar y de procuración de justicia. Señalan que estos casos ocurren en contextos culturales donde la normalización de la violencia es una constante, “donde se ve a las mujeres y a las niñas en particular como objetos y no como sujetos”.
Ciudad de México, 17 de enero (SinEmbargo).- En el Estado de México, donde tan solo en 2017 se registraron 763 embarazos en niñas de entre 10 y 14 años, la falta de acceso a la justicia y la normalización de las agresiones contra mujeres impiden que la violencia sexual se considere e investigue como la principal causa de embarazos en menores de edad, esto aun cuando los hombres que embarazan a las niñas tienen entre 18 y 54 años en más del 40 por ciento de los casos.
Así lo denunció la organización internacional Ipas México, defensora de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, durante la presentación del estudio “Violencia sexual y embarazo infantil en México: un problema de salud pública y derechos humanos”. La asociación expuso que la entidad gobernada por el priista Alfredo del Mazo ocupa el tercer lugar a nivel nacional en número de embarazos en niñas menores de 15 años de edad; los casos representan 3 por ciento de los registrados en 2017, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
La abogada Fernanda Díaz de León, coordinadora de política y abogacía de Ipas México, resaltó la relación entre estos embarazos y la violencia sexual, misma que en muchos casos se evidencia por la diferencia de edades. “Cuando hablamos de embarazo infantil no debemos olvidar que se trata de niñas que están siendo obligadas a tener relaciones sexuales mediante el uso de la fuerza, física, moral, del chantaje, de amenazas con las que las obligan a tener relaciones para no violentar a sus mamás o a sus hermanos”, expuso.
En el Estado de México, 41 por ciento de las niñas de entre 10 y 14 años cuyo hijo nació vivo reportaron que el hombre responsable tenía entre 18 y 54 años de edad, “un primer factor de que la relación sexual fue forzada”, dijo. Mientras que solo en 2 por ciento de los casos el hombre tenía menos de 15 años, “ahí sí podría hablarse de pares que podrían estar explorando su sexualidad”, señaló.
La entidad mexiquense también destaca porque el porcentaje de niñas que no especifica la edad de su pareja sexual es de 35 por ciento, superior a la media nacional de 30 por ciento.
“El cruce de datos explica que la razón de no consignar la edad del responsable es porque el embarazo fue consecuencia de una agresión o no se quiere dar evidencia de la persona que pudo ser culpable. Estas niñas aparecen en las actas de registro civil como madres solteras, como las únicas responsables del niño o la niña”, explicó Díaz de León.
Los embarazos en menores de edad mexiquenses suceden dentro de un contexto de violencia física, psicológica y sexual en la entidad, pues solo en 2017, 2 mil 916 niñas de entre 10 y 14 años fueron atendidas en unidades de la Secretaría de Salud, señalan cifras de la Dirección General de Información en Salud.
INDIFERENCIA EN EL EDOMEX
Pese a que 11 municipios del Estado de México se encuentran desde 2015 en Alerta de Violencia contra las mujeres, lo que obliga a sus autoridades a garantizarles en mayor medida el derecho de a una vida libre de violencia, cuatro de ellos concentran la mayor cantidad de embarazos de niñas a nivel estatal. El primer lugar lo ocupa Ecatepec, con 53 casos registrados en 2017; siguen Naucalpan, con 51; Chimalhuacán con 42 casos y Chalco, donde se consignaron 35.
Fernanda Díaz y la doctora y asesora clínica en programas de Ipas México, Claudia Margarita Martínez, coincidieron en que algo que caracteriza al Estado de México es la falta de aplicación de protocolos con perspectiva de género y adaptados para las niñas que acuden a centros de salud por embarazos, mismos que permitirían identificar la violencia sexual, la indiferencia ante estos casos, aseguraron, alcanza también al sector educativo.
Muestra de ello es el caso de una niña de 13 años documentado por Ipas que en 2018 falleció en el baño de su casa en Ecatepec cuando presentó un parto. La abogada Díaz de León narró que los maestros de la menor de edad notaron que comenzó a subir de peso, que su estado de ánimo cambió repentinamente y poco a poco se aisló de sus compañeros. La niña habría sido violada por su padre y no identificó que estaba embarazada. Aunque los profesores sospechaban lo que ocurría no notificaron a tiempo a las autoridades de justicia. “Tuvo que haber tenido la atención, el sector educativo tiene un papel indispensable para atender los casos”, opinó la también activista reconocida por su participación ante el Comité de Expertas de la CEDAW en 2016.
En ese sentido, la abogada Díaz de León enfatizó los obstáculos al acceso a la justicia que enfrentan las niñas víctimas de violencia sexual que presentan embarazos. “Entendamos esta violencia en contextos culturales donde la normalización de la violencia es una constante, donde se ve a las mujeres y a las niñas en particular como objetos y no como sujetos”, dijo.
Por su parte, la experta en obstetricia Claudia Martínez explicó que el embarazo infantil en el Estado de México cobra especial relevancia porque aunque los números de nacimientos de niñas menores de 15 años son más altos en Jalisco y Chiapas -con 793 y 781 casos respectivamente durante 2017-, los riesgos en la salud de las gestantes mexiquenses son mayores a los que presenta la media nacional. Y es que la media nacional de niñas que egresan a hospitales por complicaciones del embarazo que requieren atención por hemorragias, enfermedades hipertensivas u otras causas directas es del 1 por ciento, mientras que en dicha entidad es de 4 por ciento.
La doctora Martínez destacó el derecho que las niñas tienen a interrumpir embarazos no deseados ya sea porque son consecuencia de violencia sexual o por las afectaciones en la salud física y mental de las gestantes, y recordó la obligación que el sector salud tiene de ofrecerles esta alternativa, como establece la NOM046, vigente desde 2009 en todo el país para las mujeres víctimas de violencia sexual.
“Si estos embarazos no se interrumpen por violencia sexual, sí debería hablarse de interrumpirlos por el riesgo a la salud de las niñas”, indicó.
En entrevista con SinEmbargo la ginecóloga explicó que el que las niñas lleven a término un embarazo no solo las expone a complicaciones médicas como como desgarres de útero, eclampsia y preeclampsia, si no que perpetúa ciclos de desigualdad social, de violencia y pobreza, traducidos, por ejemplo, en que tanto la menor de edad que da a luz como su hijo o hija tienen menor posibilidad de acceder educación de calidad.
Ante este contexto, Ipas México llamó al Gobierno federal entrante a duplicar esfuerzos en el registro, investigación y evaluación de los servicios de atención a víctimas de violencia sexual, tanto en el sector salud como en el ámbito legal, particularmente para niñas y adolescentes. Además de promover la salud sexual a este sector de la población y facilitar más herramientas individuales y comunitarias que las ayuden a enfrentar casos de violencia sexual.
