Este martes, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos reanudó, con dos horas de retraso, los trabajos de exhumación de los cuerpos. Ayer, familiares de víctimas impidieron que los peritos procedieran pues pretendían hacer uso de máquinas de trascabo, “como si fueran a sacar piedras”, dijeron. Hoy, en conferencia de prensa, las familias denunciaron que la Fiscalía no ha cumplido con los acuerdos para llevar a cabo las diligencias.
Ciudad de México, 24 de mayo (SinEmbargo).– Dos cuerpos, de los más de cien, que fueron enterrados de manera irregular en Tetelcingo, Morelos, fueron exhumados la tarde de este día por peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos, de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).
Este martes, el personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos reanudó, con dos horas de retraso, los trabajos de exhumación de los cuerpos. Las diligencias en la comunidad indígena de Tetelcingo comenzarían a las 6:00 horas de hoy, sin embargo, los peritos de la Fiscalía llegaron con una hora de retraso, reanudando la exhumación a las 8:00 horas, pues les llevó otros 60 minutos hacer los preparativos.
Alrededor de las 12:00 horas, los peritos lograron la exhumación de los dos primeros cuerpos embalsamados hallados en la zona de fosas, que fueron sacados en una camilla de color naranja fijada al extremo de una pala mecánica para después ser trasladados a una mesa de trabajo de acero, donde se realizarán los exámenes de identificación genética.
Los peritos cubrieron los costados de una carpa colocada sobre la fosa para evitar la exposición pública de los cuerpos, cuyos registros de levantamientos datan de 2010 a 2013.
Previamente, los familiares de las víctimas y la UAEM denunciaron, en conferencia de prensa, que la Fiscalía del Estado no ha cumplido con los acuerdos para las diligencias en Tetelcingo. Dijeron que, en primera instancia, la maquinaria que pretendió usar el día de ayer para extraer los cadáveres no es la adecuada.
“No proveyeron la maquinaria para descubrir las fosas y cavar las canaletas que permitan drenar el agua con la que deben ser lavados los cuerpos; dos, la maquinaria para extraer los cuerpos de las fosas no es la adecuada, ya que al tratar de utilizar un trascabo los peritos consideraron que se podían alterar las evidencias y lastimar los cuerpos”, señalaron.
Acusaron además, que la Fiscalía trató de cubrir con plásticos negros el lugar de las fosas para impedir que se pudieran observar los trabajos que se llevan cabo, lo que incumple con el compromiso de transparencia.
Las familias también se quejaron de que las autoridades no han dado un “trato de ser humanos” a los cuerpos, pues dijeron “los trataron como costales”.
Ayer, familiares de víctimas impidieron que los peritos procedieran a la exhumación de los cadáveres de la fosa de Tetelcingo, pues pretendían hacer uso de máquinas de trascabo, “como si fueran a sacar piedras”, dijeron.
Cuando los peritos de la FGE llegaron al lugar con maquinaria pesada, el Rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, acusó a la dependencia de inclumplir con lo acordado con la PGR, la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Fue hasta el medio día que, tras llegar a un acuerdo con el Fiscal de Morelos, Javier Pérez Durón, se reanudaron las diligencias.
Familiares de personas no localizadas y académicos señalaron que el caso de las fosas de Tetelcingo muestra la poca profesionalización que aún tienen las autoridades mexicanas para manejar el tema de los desaparecidos, pues sólo la presión social y una larga batalla judicial logró que comenzaran los trabajos de exhumación de los más de 100 cuerpos, que se calcula, permanecen sin identificar en el lugar.
“Es un caso que nos muestra el nivel tan grave de violencia en numerosas regiones del país, pero también refleja, más que una incapacidad técnica para identificar a los cadáveres, la compenetración de las instituciones con la delincuencia organizada, de otra manera no se puede explicar por qué las autoridades actúan de manera tan poco profesional. El enterrar esos cuerpos de manera masiva, sin identificación, más bien parece un intento por desaparecerlos“, afirmó a la cadena alemana Deustche Welle el politólogo Carlos Flores, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).
Tras una larga lucha de familiares de las víctimas, de organizaciones de desaparecidos y de Derechos Humanos, a la que se sumó incluso la UAEM, ayer lunes comenzó la exhumación y toma de muestras genéticas de más de un centenar de cuerpos localizados en una fosa clandestina en Tetelcingo, Cuautla, en el estado de Morelos. Los cuerpos, probablemente de víctimas de violencia, fueron depositados en esa fosa clandestina por las autoridades estatales, sin identificar, ni investigar la causa de su muerte.
La PGR anunció a principios de mayo su participación en la exhumación e identificación de los restos. En las labores de vigilancia, participan, entre otras organizaciones estatales y civiles como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, fundado por el poeta Javier Sicilia, que perdió a su hijo en 2011.
Juan Carlos Trujillo, de la organización de desaparecidos “Enlaces Nacionales”, dijo a Deustche Welle que estas conquistas jurídicas se producen pese a la resistencia de las autoridades estatales, que insistían en exhumar los cadáveres bajo sus propias normas. Sólo tras la presión de numerosos colectivos a nivel estatal y federal, y el triunfo ante los tribunales, fue que las familias lograron que los cuerpos sean exhumados y se proceda a la identificación de los mismos, un proceso que puede demorar hasta ocho meses. Esos cuerpos son parte de los 27 mil desaparecidos, reconocidos de manera oficial, existen en México.
El tema de estas fosas inició a raíz del caso de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, un habitante de Cuautla que vivía en el municipio de Morelos y que fue privado de su libertad por un grupo de siete hombres armados.
“A raíz de la desgracia de la familia de Wenceslao es que se da con esas fosas, y se dan cuenta de que hay más de cien cuerpos sin identificar y que el Gobierno no da respuesta. Es muy complicado para todas las familias, sobre todo por esta lucha jurídica que lleva ya varios meses“, afirmóa la cadena teutona el activista Juan Carlos Trujillo.
LA PUNTA DE LA FOSA
Wenceslao Navarrete fue secuestrado el 24 de mayo de 2013 y hallado muerto diez días después. El cuerpo estaba identificado, pero no fue entregado a sus familiares argumentando la necesidad de más estudios periciales. En diciembre de 2014, la familia se enteró que el cuerpo había sido enterrado en una de las fosas comunes, en Tetelcingo, Cuautla.
En diciembre de 2014 peritos de la Fiscalía abrieron las fosas para entregar el cuerpo de Oliver a sus familiares, diligencia en la que la familia logró participar. “Es muy difícil confiar en las autoridades, no pueden ser juez y parte cuando se encargan de enterrar los cuerpos para que las familias no podamos encontrar a nuestros familiares“, dijo Trujillo, quien busca a once desaparecidos, cuatro hermanos, un primo, un sobrino y cinco trabajadores.
La organización Enlaces Nacionales se encuentra en 17 de las 32 entidades del país y conformó recientemente una brigada de búsqueda a nivel nacional. El activista afirma que las familias corren peligro, pues cuentan con información que no debieran tener.
Según la página de CIDE Periodismo, cercana al Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), que se remite a la base de datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), entre 2007 y 2012, durante el sexenio de Felipe Calderón desaparecieron seis mexicanos al día. Entre 2013 y 2014, bajo el gobierno del actual presidente, Enrique Peña Nieto, desaparecen más del doble: 13 al día.
Según el investigador Carlos Flores, hay debilidades en muchos flancos. “Los registros que se tienen en México de personas desaparecidas no tienen una mínima identificación de móviles. Las instituciones mexicanas en los distintos ámbitos de responsabilidad no han sido capaces de deslindar responsabilidades a través de investigaciones“.
Incluso, el Rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, cuya institución coadyuvará con las investigaciones periciales de los restos humanos en las fosas, acusó al Gobierno de Morelos de incumplir con lo acordado con la Procuraduría General de la República (PGR), la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y la Derechos Humanos (CNDH).
Por este motivo, los familiares exigieron a principios de este mes que las exhumaciones de la fosa no fueran llevadas únicamente por la fiscalía estatal, sino que en la toma de muestras genéticas participaran más instituciones que vigilaran el proceso.
