Dos ex presidentes del PRD y una legisladora, Elena Tapia, fueron los testigos en el juicio de Jesús Ortega contra Sanjuana Martínez. Comparecieron para dar fe de la “honorabilidad” del también ex líder nacional perredista, a quien una víctima de esclavitud sexual identificó, ante autoridades de la Ciudad de México y después ante la misma periodista, como consumidor de sexo.
Ciudad de México, 9 de mayo (SinEmbargo).– Los perredistas Jesús Zambrano y Carlos Navarrete, junto a la Diputada federal Elena Tapia, fueron testigos de la “honorabilidad” de Jesús Ortega en el juicio por supuesto “daño moral” contra Sanjuana Martínez.
La periodista ha denunciado que el juicio estuvo plagado de irregularidades y advirtió que recurrirá a instancias internacionales, de ser necesario, porque en la Ciudad de México, en manos del Partido de la Revolución Democrática (PRD), no se le dio ningún derecho. Fue notificada de una sentencia sin siquiera tener el derecho, por ejemplo, de apelación.
Los tres políticos perredistas fueron llamados por la jueza Martha Roselia Garibay Pérez del juzgado 69 de materia civil en el Distrito Federal, a propuesta del demandante Jesús Ortega.
El pasado 4 de marzo, el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México suspendió la sentencia de la Juez 69 también de la capital del país que ordenaba a la periodista indemnizar al ex presidente del PRD y a pedirle una disculpa pública por haberlo mencionado como cliente de una mujer que era víctima de trata.
En los términos del artículo 357 del Código de Procedimientos Civiles, de acuerdo con la naturaleza de la prueba que tiene que ver con la “totalidad de la litis”, los testimonios de los tres perredistas sirvieron para que Ortega “demostrara” la supuesta afectación a su “daño moral” que le ocasionaron la publicación del artículo “Consumidores de sexo comercial” y del reportaje “Infierno en el Cadillac: sexo, poder y lágrimas”, donde una víctima de trata lo identifica como cliente de ese table dance.
Los abogados de Ortega señalan que los testimonios de las víctimas que eran sometidas a tortura, mutiliaciones, violaciones tumultuarias y todo tipo de abusos, como falsas:
“Las personas que aparecen en las notas periodísticas realizan manifestaciones sin sustento con el fin único de perjudicar la imagen, valores, dignidad y carrera profesional de mi representado... dado que contienen acusaciones falsas, calumniosas y difamatorias respecto de la vida privada de mi representado, las cuales le han generado daño moral porque lo han colocado en una posición en la que, la sociedad y el medio político en el que se desenvuelve, lo consideren poco confiable, como si fuera una persona viciosa, que promueve o practica la prostitución, la trata de personas y el consumo de bebidas embriagantes. Adjetivos que evidentemente han generado que se modifique la consideración que las personas y la sociedad tienen de su persona”, dice la demanda.
Sin embargo, el juicio estuvo lleno de irregularidades, según ha denunciado Sanjuana Martínez, quien durante los dos años que duró no recibió notificación alguna de parte del juzgado, según consta en el expediente 876/2014, cuyas copias obran en poder de la demandada.
En diciembre del 2013, Ortega demandó a la periodista en Monterrey. La demanda fue contestada en tiempo y forma por los abogados defensores de Artículo 19 y posteriormente a solicitud de ellos, fue solicitado el traslado del expediente a la Ciudad de México, donde se “extravió” o lo escondieron, ya que nunca fueron notificados.
A pesar de haber señalado como domicilio para notificaciones, la dirección del despacho de Monterrey y de Artículo 19, la jueza preguntó el 9 de febrero de 2015, a los abogados de Ortega, Jaime de Jesús y María García Priani, dónde podía notificar a la periodista, ellos dijeron que en el domicilio particular de la periodista y a través del boletín judicial, según consta en los documentos, a pesar que existía un domicilio del despacho de los abogados, debidamente acreditado ante el juzgado.
Otra de las irregularidades del proceso, es que en las supuestas notificaciones aparece la leyenda “Mal Publicado” y en otras como la del 11 de marzo de 2015 firmada por Víctor Alfaro Coronado Llano, aseguran que la notificación se entregó a una “persona que se negó a dar su nombre” y se dio por “enterada de todo lo oído y escuchado en la diligencia” en el domicilio particular de la periodista, algo que es falso.
Ante la evidente falta de debido proceso, la justicia federal otorgó primero una suspensión provisional y luego definitiva para dejar sin efectos la sentencia en contra de Sanjuana Martínez. Los abogados de la periodista exigen la nulidad de todo el procedimiento y la reposición del juicio.
