El Senado mexicano aprobó la Ley General contra la Tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, que pretende coordinar las acciones de prevención, investigación y sanción y responsabiliza de estos crímenes a los implicados, aunque estén siguiendo órdenes de un superior.
Ciudad de México, 29 de abril (SinEmbargo/EFE).- El Senado de la República, por medio de un comunicado, informó que la Ley General contra la Tortura fue aprobada esta madrugada a unas horas de que el periodo de sesiones ordinarias concluyera.
Con 90 votos a favor y 4 en contra, los senadores avalaron la propuesta de ley que incluyó, a petición del Gobierno federal, dos tipos penales: tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Esto a pesar de que organizaciones defensoras de derechos humanos y el Relator Especial sobre la Tortura de las Naciones Unidas, Juan Méndez, recomendaron a los senadores establecer sólo uno.
El ordenamiento tiene como objetivo "establecer la distribución de competencias y la forma de coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de Gobierno" en tratos crueles, inhumanos y degradantes, informó hoy el Senado en un comunicado.
La ley señala que la obediencia de órdenes o instrucciones de un superior no constituye una exclusión del delito de tortura para los implicados, pues dichas órdenes "son ilícitas, por lo que los subordinados tienen el deber de desobedecerlas y denunciarlas".
Asimismo, tampoco serán excepcionales circunstancias como tiempos de guerra, invasiones, conflictos armados, inestabilidad política interna o suspensión de derechos y su garantía.
"El delito de tortura se investigará y perseguirá de oficio, por denuncia o vista de autoridad judicial; además de que el ejercicio de la acción penal y la sanción que se imponga judicialmente para este ilícito son imprescriptibles", explicó la Cámara alta.
Si un funcionario es vinculado a proceso por el delito de tortura, se le impondrá prisión preventiva y será suspendido temporalmente de su cargo "para no afectar la investigación", añadió.
De acuerdo con el documento, todo “delito cometido por cualquier servidor público que cause dolor o sufrimiento físico o psíquico a una persona” es un acto de tortura, mismo que se sanciona con una pena de 10 a 20 años de prisión y de 500 a mil días de multa.
En ese sentido, la ley establece que “los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes se presentarán cuando un servidor público veje, maltrate, degrade, insulte o humille a una persona, lo cual se castigará con una sanción que va de 3 meses a 3 años de prisión y hasta 200 días de multa”.
Además, la propuesta incluye especificaciones para cuando la víctima sea sometida a cualquier forma de violencia sexual, o en caso de que la víctima sea un menor de edad, una mujer embarazada, una persona con discapacidad, un adulto mayor, migrante, afrodescendiente, indígena, periodista o defensor de derechos humanos, en cuyo caso la pena podría aumentar hasta en una mitad del tiempo ordinario establecido.
Según la iniciativa, "ninguna persona procesada o sentenciada por el delito de tortura podrá beneficiarse de inmunidades, indultos, amnistías, figuras análogas o con similares efectos".
En tanto, para la aplicación y garantía de la norma, la propuesta de ley contempla la creación de Fiscalías Especiales que tendrán plena autonomía técnica y operativa para la investigación y persecución de los delitos de tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Del mismo modo incluye la formación del Registro Nacional del Delito de Tortura, dependencia en donde se registrará la información estadística de estos ilícitos, y del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, del cual es responsable la Procuraduría General de la República (PGR).
La aprobación del dictamen por parte del Senado llega pocas semanas después de que saliera a la luz un vídeo que muestra actos de tortura de dos militares y tres policías federales -todos ellos bajo proceso penal- a una civil, ocurridos en febrero de 2015 en el estado de Guerrero.
Tras la publicación del vídeo, el Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, pidió disculpas a la ciudadanía y calificó los hechos de "inadmisibles".
