Los hallazgos de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en torno al caso de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos desaparecidos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, pusieron en jaque al Gobierno de Enrique Peña Nieto, el cual optó por cerrarle las puertas a los especialistas internacionales.
Ciudad de México, 29 de abril (SinEmbargo).– El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el Gobierno de Enrique Peña Nieto tensaron su relación al final del mandato de los especialistas, luego de que desnudaran a la justicia mexicana al poner en duda la “verdad histórica” de la Procuraduría General de la República (PGR) en un primer momento y después, al hablar de tortura en los inculpados y serias irregularidades en la investigación y en el expediente.
Durante los últimos días –para finalizar la estancia del grupo en el país– la relación entre ambos se rompió y el diálogo se ha dado a través de los medios de comunicación.
Los representantes del Gobierno no se reunieron con los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el sábado pasado como lo tenían previsto y tampoco acudieron a la presentación del segundo informe de los expertos el domingo. Nadie del Estado mexicano recibió el documento de más de 600 páginas sobre el hecho que cimbró a la administración actual.
La respuesta de México fue a través de conferencias de prensa, primero de Eber Betanzos, Subprocurador de Derechos Humanos de la PGR y después de Tomás Zerón de Lucio, Director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR.
Los expertos aseguraron que el Gobierno mexicano se cerró a partir de enero de este año y que fue prácticamente imposible avanzar en varias de las diligencias y recomendaciones que hicieron a la PGR, pues una semana antes de que concluyera su mandato, realizaron la mayor parte de las solicitudes del GIEI, sin que el grupo pudiera analizar la información e incluirla en el informe final.
Días antes de la presentación del informe cuatro de los cinco integrantes del GIEI concedieron una entrevista al diario estadounidense The New York Times, en la que dijeron que habían sufrido ataques cuidadosamente orquestados en medios de comunicación mexicanos, un rechazo por parte del Gobierno a entregar documentos o conceder entrevistas con figuras esenciales.
Para algunos, la conclusión inevitable es que el Gobierno simplemente no quería resolver el caso.
“Las condiciones para llevar a cabo nuestro trabajo no existen,” dijo Claudia Paz y Paz, integrante de la comisión, “Y en México, la prueba es que el Gobierno se opuso a la extensión de nuestro mandato, ¿verdad?”
Los expertos se negaron en entrevista con SinEmbargo a señalar con nombre y apellido a la o las personas del Gobierno de México que interfirieron en la investigación.
Incluso hoy por la mañana, al responder al video que presentó ayer en la noche Tomás Zerón de Lucio sobre su visita al río San Juan –en donde el GIEI acusa, hubo manipulación de evidencia y lo más importante, que esas diligencias realizadas el 28 de octubre de 2014 no están en el expediente de Ayotzinapa– los expertos no contestaron sobre qué funcionarios públicos obstaculizaron su trabajo.
Pero sí pidieron retirar a Tomás Zerón de la investigación: “Consideramos que para que la investigación avance, esa persona no puede estar implicada ni controlar información sobre la investigación”, contestó Carlos Beristain.
El experto Francisco Cox consideró incluso que los sucedido en el Río San Juan con Tomás Zerón y la manipulación de la evidencia, refleja que “la investigación penal en este país, se valida y se legaliza con sólo mostrárselo al periódico. La realidad es que se valida siguiendo un protocolo que establece un código que hay que seguir”. “Pero en este caso ningún protocolo fue respetado”.
De acuerdo con la Diputada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Aracely Damián González, miembro de la Comisión Ayotzinapa de la Cámara de Diputados, el GIEI se va de México despreciado por el Gobierno mexicano.
La legisladora consideró que la relación entre los expertos y los representantes de la administración de Peña Nieto se tensó desde los primeros hallazgos dados a conocer durante su primer mandato y se agravó en el segundo periodo de los especialistas en el país.
“El Gobierno está molesto con la Comisión Interamericana, tan molesto con el GIEI, porque finalmente está evidenciado lo mal que está la investigación. Fue una torpeza del Gobierno, no haber asistido al informe, porque finalmente está mostrando ante la ciudadanía y a nivel internacional, su desprecio de los derechos humanos”, dijo en entrevista con SinEmbargo.
Incluso la legisladora reveló que los miembros de la Comisión por mayoría con el voto de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista (PVEM) se negaron a dar seguimiento a la recomendación del GIEI al Gobierno de EPN de abrir las entrevistas con los miembros del 27 Batallón del Ejército.
Aracely Damián recordó que en una reunión sostenida en enero entre la Comisión Ayotzinapa de la Cámara de Diputados y los expertos del GIEI, un Diputado del Partido Verde “llevó un discurso muy ofensivo y mostrando que ellos estaban buscando una cuestión política”, lo que derivó en que los especialistas se alejaran de la Comisión.
EL GIEI DESNUDÓ LA JUSTICIA MEXICANA
Por ejemplo, de acuerdo con el segundo informe al menos 17 de las personas detenidas, relacionadas con el caso, sufrieron algún tipo de maltrato físico o tortura, entre ellos, los cinco presuntos integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos cuyas declaraciones son la base de la teoría sobre el homicidio y quema de los 43 estudiantes en el basurero de Cocula, Guerrero.
También, que un día antes de que la PGR anunciara el hallazgo de una bolsa con restos en el río San Juan, peritos de la misma dependencia realizaron un recorrido en la zona que, si bien quedó registrado en video por reporteros locales, nunca fue reportado en el expediente oficial del caso.
Asimismo, que las evidencias sobre actividades de narcotráfico en esa parte de Guerrero no han sido investigadas como parte del contexto que rodeó el crimen cometido contra los estudiantes; como tampoco se profundizó en la existencia de un quinto camión utilizado por los normalistas y que tampoco fue reportado originalmente por la PGR.
“Esta hipótesis es la posibilidad de que dicho autobús podría haber sido un medio de transporte de la heroína que se produce en la zona, lo que podría explicar el nivel del operativo dirigido a no dejar salir los autobuses, al cerco en la carretera que se muestra en este estudio y la agresión creciente contra ellos, con la desaparición forzada de los normalistas y el ataque masivo contra el autobús de Los Avispones [un equipo de futbol local]”, dice el informe.
Todo lo anterior, además de otras problemáticas encontradas por el GIEI, como la fragmentación de la investigación en más de 25 averiguaciones previas, la dilación de meses en la realización de interrogatorios o diligencias, además de la imposibilidad de que elementos del Ejército Mexicano asignados al 27 Batallón ubicado en la zona respondieran a sus preguntas.
Se trató, en palabras de James Cavallaro, relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para México, de una investigación con fallas comunes en el sistema de justicia penal mexicano: preponderancia de pruebas testimoniales, búsqueda sólo de autores materiales y no de intelectuales, así como falta de investigación sobre el contexto en el que ocurren los hechos.
De acuerdo con lo reportado por el GIEI en sus dos informes, la movilización de los estudiantes fue monitoreada por autoridades de los tres niveles de Gobierno, incluyendo al Ejército Mexicano, que seguían sus pasos a través del C-4 ubicado en Chilpancingo, la capital del estado.
“Llegamos al final de este segundo periodo sin que hubiéramos cumplido con el esclarecimiento total del caso, sin encontrar a los estudiantes y sin condiciones para que podamos seguir trabajando”, dijo Claudia Paz y Paz, ex Fiscal en Guatemala.
También, según informaron los expertos, se pudo comprobar que, durante las casi tres horas que duraron los ataques contra los estudiantes en nueve puntos diferentes, autoridades de diversos niveles, incluyendo policías federales, montaron un “cerco” con la finalidad de impedir la movilización de los camiones tomados por las víctimas.
“Los incidentes de cerrar el paso en la carretera por poblados como Mezcala y Sabana Grande muestran que esa noche existió un gran operativo para generar un cerco que impidiera la movilización por la carretera, el cual llegó desde la salida de Iguala hasta Mezcala, camino ya de Chilpancingo hasta donde tenían por objetivo llegar los autobuses de los normalistas para dirigirse posteriormente a Ayotzinapa”, dice el informe.
En general, señala el documento, el GIEI determinó desde su primer informe la existencia de 180 víctimas directas de los ataques, entre ellos tres estudiantes ejecutados extrajudicialmente, dos asesinados más integrantes del equipo de futbol Los Avispones y una mujer que se transportaba en taxi; más de 40 personas heridas, algunas de gravedad, como un estudiante que sigue en estado vegetativo; 80 personas que fueron agredidas al tratar de auxiliar a los estudiantes, otras 30 que iban en el camión con el resto de Los Avispones, además de los 43 normalistas desaparecidos.
AL GOBIERNO NO LE GUSTARON LAS VERDADES
Los padres de los normalistas denunciaron desde un principio que la actitud del Gobierno de Peña Nieto con los expertos de la CIDH, se dio por los hallazgos e investigaciones del grupo.
Rafael López Catarino, padre del normalista desaparecido Julio César López, dijo que la salida de los expertos del caso significa que el Gobierno mexicano “ya no quiere que se sigan descubriendo cosas, porque no investiga nada, al Gobierno le conviene que la gente ya no diga nada”.
“Si los sacan ellos, nos vamos a quedar desamparados. Nosotros estamos pensando que ellos se van y nosotros nos vamos a quedar sin ayuda, porque el Gobierno como es, puede hacernos daños a cualquier padre de familia”, dijo.
Clemente Rodríguez Moreno, padre del normalista Cristián Alfonso Rodríguez, lamentó que los expertos independientes hayan encontrado obstáculos para hacer su trabajo.
"Hay muchas conclusiones que los expertos no han definido, las líneas de investigación todavía quedan inconclusas. Hay muchas líneas que no se concluyeron, que deberían ir lo expertos a buscar, pero la PGR no los dejó trabajar como debería de ser, si los hubieran dejado trabajar, ellos hubieran terminado su trabajo. La PGR les colocaba una barrera porque se basa en una sola postura: que los quemaron en el basurero de Cocula y eso no es cierto, porque con pruebas los expertos demostraron que no están muertos, ni vivos. No sabemos a dónde se los llevaron y qué les hicieron. Sabemos que está inmiscuido el 27 Batallón”, explicó.
Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los padres, inició en el mitin del pasado 26 de septiembre en el Hemiciclo a Juárez, que a pesar de que el GIEI sale del país, continuarán buscando justicia.
"Si piensan que nos vamos a retirar derrotados, tampoco, con lo que nos dejan los expertos les vamos a exigir a la Procuraduría que continúe con las investigaciones", indicó.
Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los 43 normalistas desaparecidos dijo luego de que saliera Tomás Zerón a presentar su propio video sobre los hechos del río San Juan, que los familiares no creen en su versión.
“No les creemos porque desde el inicio han mentido. No dudamos que sean montajes, que hayan acomodado ya las imágenes, hemos exigido que se llegue a fondo y que nos diga si era legal su visita, porqué no está en el expediente, porqué no la anotó”, dijo.
De la Cruz agregó que la intención del Gobierno de México al sacar del país a los expertos del GIEI es continuar insistiendo en la “verdad histórica”.
A Zerón de Lucio le pidió que “deje el caso Ayotzinapa a otra persona más honesta, a un funcionario realmente honesto” y a la Procuradora General de la República Arely Gómez a “actuar y llegar a fondo”.
“Es muy claro lo que pretende el Gobierno de México, no sólo Zerón, todo el gabinete con la insistencia en la verdad histórica. Pero es importante la herramienta que nos dejaron los expertos y vamos a seguir exigiendo, sabemos que ahora será más complicado llegar a la verdad”, indicó.
Hoy por la tarde los padres de familia solicitaron en conferencia de prensa, la salida de Tomás Zerón del caso.
“En respuesta a la conferencia de prensa generada el día de ayer por el Director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa demandamos al Presidente Enrique Peña Nieto y a la Procuradora Arely Gómez, que el señor Tomás Zerón de Lucio sea separado de su puesto en la AIC a efecto de que sea investigado por la presunta comisión de delitos relacionados con la obstrucción de la justicia”, dijeron.
Los padres acusaron que la investigación de la PGR siempre ha estado sesgada para sostener la “verdad histórica” y exigieron que la AIC incorpore a la averiguación precia todos los videos y material probatorio que recabó de “forma ilegal”.
“Vistas y documentadas las persistentes irregularidades en la investigación, exigimos al Presidente Enrique Peña Nieto que el Gobierno Federal acepte el mecanismo especial de supervisión que ha planteado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y sobre el cual el gobierno ha sido omiso en responder. Denunciamos que más de una semana de que dicho mecanismo se notificara y estando por concluir el mandato del GIEI, no hemos sido contactados por el Gobierno Federal para acordar este mecanismo”, denunciaron.
