El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) concluyeron en un estudio sobre la pobreza infantil que los niños de 0 a 5 años en México reciben menos gasto social que países con economías menos robustas como Guatemala, Honduras y Argentina.
Por Shaila Rosagel, Juan Luis García y Dulce Olvera
Ciudad de México, 29 de abril (SinEmbargo).– El estudio “Pobreza y derechos sociales de niños, niñas y adolescentes en México 2014”, realizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), México invierte en la atención de la niñez de entre 0 a 5 años el 0.8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), una cantidad inferior a la de economías más pequeñas como Honduras, Costa Rica, Argentina y Guatemala.
Aunado a ello, el gasto per cápita en desarrollo humano es inferior en la primera infancia que en el resto de los menores de 18 años. Países como Honduras, Costa Rica y Argentina destinaron a este rubro 1 por ciento del PIB en 2014 (1.6, 1.5 y 1.3 por ciento, respectivamente).
“Cuando se estima la proporción del gasto público total en este grupo de edad, México sigue estando por debajo de países como Honduras y Guatemala, y una tendencia similar se observa al analizar el gasto en la primera infancia como porcentaje del gasto público social, que en México fue de 7.6 por ciento, pero en Honduras alcanzó 14.1 y en Costa Rica fue de 13.3 por ciento», de acuerdo con el estudio sobre inversión en la primera infancia en América Latina, elaborado por la Unicef y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
Es decir, México destina menos gasto público para elevar el Índice de Desarrollo Humano de la niñez – aquel que mide salud, educación e ingreso– mientras que en otros rubros, como en el gasto en obra pública se registró un aumento entre 2009 y 2014 (de 658 mil 200 a 820 mil millones de pesos), según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), sin que ello se tradujera en un mayor valor de la inversión (866 mil 300 a 691 mil 800 millones de pesos).
Mientras para atender a la infancia los recursos son magros, en el tema de la transparencia existe un hueco enorme, principalmente en el tema de obra pública.
Datos dados a conocer por la organización México Evalúa muestran que el país está reprobado en transparencia del gasto en obra pública, pues de una escala del 0 al 10, obtuvo apenas 3.7 de calificación.
El centro de análisis realizó un índice evaluando los marcos normativos, así como sus ejecuciones de las obras. La métrica llamada «Transparencia de Obra Pública» (Metrop) calificó la transparencia de este primer concepto con 3.3, y al segundo con 4.1.
Además, sólo el 23.6 por ciento de las bases de contratación de las adjudicaciones directas se publicaron en Compranet. Esta misma plataforma sólo ubicó el 6 por ciento de los convenios modificatorios.
«Quién se haya metido a Compranet sabe que es un proceso engorroso. A veces se leen hasta 400 páginas, sólo para entender que se va poner un tubo en una construcción», dijo Eduardo Bohórquez, director de la organización Transparencia Mexicana.
INDÍGENAS Y NIÑOS
El estudio de la Unicef y el Coneval determinó que en México, de las 40 millones de personas que tienen menos de 18 años más de la mitad viven en pobreza.
Los organismos revelaron que 53.9 por ciento de estos menores viven en pobreza, es decir 21.4 millones de niños carecen de las condiciones mínimas para garantizar educación, acceso a la salud, a seguridad social, vivienda de calidad, servicios básicos y alimentación.
De esa cantidad 4.6 millones estaban en la pobreza extrema, pues estos menores no tienen acceso a la alimentación suficiente para garantizar los nutrientes esenciales.
En 2014 el 62. 6 por ciento de los niños y adolescentes carecían de acceso a seguridad social; 27.6 por ciento a la alimentación; 24.8 por ciento a servicios básicos de vivienda; 16.7 por ciento a calidad de espacio de vivienda; 16.2 por ciento a servicios de salud y 8 por ciento con rezago educativo.
El reporte indica que a pesar de que existen avances, pues la pobreza extrema entre personas de 0 a 17 años se redujo de 14 a 11.5 por ciento entre 2010 y 2014, no será posible observar una mayor reducción si no se mejora el ingreso de los hogares donde habitan los menores.
«La primera infancia es una etapa crítica para el desarrollo individual y social y en México ésta recibe una menor proporción de recursos», dijo Isabel Crowley, representante de Unicef en México.
Crowley agregó que: “La pobreza en la infancia requiere atención inmediata para evitar que se reproduzca en la siguiente generación y se vuelva permanente».
La Unicef, indicó, está preocupada porque la incidencia de pobreza y pobreza extrema es mayor en niños menores de cinco años.
Gonzalo Hernández Licona, Secretario ejecutivo del Coneval, dijo que la pobreza en la infancia no ha cambiado entre 2010 y 2014.
La pobreza aumenta en las comunidades rurales y en población indígena, aumenta más.
«La población indígena siempre tendrá mayores carencias que la no indígena en todas las variables», dijo.
Una de las cifras más dramáticas del informe indica que 90.8 por ciento de los niños y adolescentes que hablan una lengua indígena, están en pobreza: “Es un claro indicador de las enormes desventajas que enfrenta la población indígena en las primeras etapas de la vida. Las privaciones de la población indígena, sin embargo, son mucho más profundas, pues mientras 8.5 por ciento de la población menor de 18 años no indígena se encontraba en pobreza extrema, 35.1 por ciento de la población de 0 a 17 años en hogares indígenas, y 54 por ciento de las personas que hablan una lengua indígena se encontraban en esa situación”, dice el análisis.
POBRES Y VULNERABLES: OCDE
Aunado a los problemas de pobreza de la infancia en México, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) dio a conocer que México destina sólo el 1 por ciento del PIB en apoyo a los ingresos para la población en edad productiva frente al 4 por ciento promedio del organismo.
El país destina 2 por ciento del PIB en pensiones, por lo que “las familias de ingresos bajos siguen siendo vulnerables a la adversidad económica” y la cobertura de protección social aún es muy baja apuntó en su informe “Todo mundo a bordo: lograr el crecimiento incluyente”.
La gran desigualdad de ingresos en México continuará a pesar de los programas sociales del Gobierno y la Reforma Tributaria, previó el organismo: “Se estima que los ingresos como porcentaje del PIB seguirán muy por debajo del promedio de la OCDE (35 por ciento) y la desigualdad de ingresos muy por arriba del promedio de la OCDE”.
Para reducir más las desigualdades, el organismo expuso que se requiere incrementar los programas destinados a aumentar los ingresos fiscales y la eficiencia del gasto público.
El académico Gerardo Esquivel, profesor e investigador del Centro de Estudios Económicos de El Colegio de México, señaló que desde la década de los 80 el salario mínimo ha perdido el 75 por ciento de su valor.
“El salario mínimo en México ha caído tanto que se encuentra por debajo de la línea de pobreza”, es decir, ya no basta con trabajar porque si un mexicano tiene que mantener a alguien más y recibe un salario mínimo, “vive en pobreza e incluso puede vivir en pobreza extrema”, destacó Esquivel.
La desigualdad de ingresos en México aumentó a raíz de la crisis financiera global: el ingreso medio del 10 por ciento más rico de la población mexicana en 2012 era 30.5 veces mayor que el del 10 por ciento más pobre. Y la tendencia es a largo plazo.
De acuerdo con la OCDE la pobreza relativa de ingresos (por debajo del ingreso medio) en México “es casi el doble del promedio de la OCDE”.
TAMBIÉN CRECE LA OPACIDAD
En cuanto al estudio sobre gasto público de México Evalúa, concluyó que la explicación para el nulo aumento en el valor de la inversión –a pesar de crecimiento en gasto en obra pública– es la corrupción.
«Creemos que esto se explica en deficiencia en el manejo de los proyectos y corrupción», dijo Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto público y Rendición de Cuentas de México Evalúa.
Juan Pardinas Carpizo, director del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), indicó que este tema es importante para la economía mexicana: «Estamos invirtiendo de forma improductiva, la tasa de rendimiento del bienestar social, y la tasa financiera, son insuficientes para detonar el crecimiento económico».
El centro de análisis apuntó que la obra pública se ha vuelto un foco para la corrupción. Esta se ha traducido en malos servicios para los usuarios, pues la Metrop reveló que existe una preparación deficiente en las obras del país, por falta de diagnósticos acertados que afirmen la rentabilidad y vialidad de los proyectos.
Esta fase de precontratación fue calificada con una puntuación de 3.3, dentro de una escala del cero al diez. «Se terminan financiando proyectos pocos rentables», dijo Campos.
En cuanto a la fase de contratación de las obras, en la métrica de México Evalúa apuntó que los proyectos en el país enfrentan riesgos de que funcionarios interfieran los concursos, lo que se traduce en trato inequitativo a contratistas. El centro de análisis calificó esta segunda fase con una puntuación de 4.1.
En la última fase, la postcontratación de obras públicas, el trabajo refirió que las obras públicas enfrentan riegos por la falta de monitoreo de las construcciones. «Es muy importante que se formen figuras de contrapeso, para evitar que se modifiquen contratos, para evitar que se cambien los objetivos de las obras», dijo Campos. La Metrop puntuó esta última etapa con un 3.7 de 10.
En términos generales, explicó Campos, la disponibilidad de información es más alta conforme las obras llegan a la fase de postcontratación de las obras, así como las auditorías externas.
Por otro lado, la disponibilidad de información de las auditorías internas es la que tiene las peores calificaciones. En el caso de información sobre las buenas prácticas de contratación la puntuación fue de cero puntos de 10 posibles, de acuerdo con los parámetros del Metrop.
«Uno de los problemas a subsanar es que las plataformas que existen no tienen interconexión con el resto. Podemos encontrar buena información en Hacienda, pero que no tiene relación con Compranet, por ejemplo», detalló Campos.
La Metrop refirió que no existe un documento de diagnóstico técnico e independiente que establezca las necesidades de infraestructura a nivel nacional, previo a la programación de las obras.
Así como que el Programa Nacional de Infraestructura no tiene una visión a largo plazo. «Esto es peligroso porque puede prestarse a fines políticos», dijo Campos.
Eduardo Bohórquez agregó que además de la información, es necesario contar con leyes que establezcan castigos a los funcionarios corruptos.
«El puente entre estas dos agendas, está en este informe. Aunque está promulgada la Ley de Transparencia. Se tienen que empezar a vincular tres artículos. El sexto que trata sobre la transparencia, el 28 que se refiere a la competencia económica, y el 134 en relación a la instrucción que tiene la administración pública de comprar en las mejores condiciones del mercado», dijo.
La corrupción en las obras públicas inicia en las campañas políticas, algo que se ha visto en las carreras por las 12 gubernaturas que estarán en juego en junio de este año, añadió Bohórquez.
«No tenemos un sistema nacional de planeación, un organismo independiente que tenga la obligación de hacer diagnósticos para cada estado y municipio. Por lo cual los Gobiernos cuando entran no tienen información, y sólo traen promesas de campaña, pues inician a construir cosas nuevas, cuando muchas veces bastar dar mantenimiento», explicó que hace falta planeación en las obras públicas.
