El grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) terminó su trabajo en México y ayer presentó sus conclusiones sobre la investigación de la PGR entorno a los 43 estudiantes desaparecidos. El informe es un rosario de los males que aquejan al sistema de justicia en México: tortura; prevalencia de declaraciones por encima de las pruebas; sospechosa dilación; fragmentación de las averiguaciones, etcétera. Pero, además agrega que la PGR entregó pruebas sospechosas durante su investigación: los huesos del basurero de Cocula aparecieron después de una visita no reportada en el expediente, y también aparecieron casquillos de bala (42) amontonados junto a una piedra, a pesar de que provienen de distintas armas de varios calibres. Los especialistas se dijeron sorprendidos de lo que sucede en México, y eso es sólo por los 43 ...
Por Shaila Rosagel y Sandra Rodríguez
Ciudad de México, 25 de abril (SinEmbargo).–A más de un año de la desaparición de 43 estudiantes normalistas en el Estado de Guerrero, el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) exhibió las inconsistencias de la investigación conducida por el Gobierno federal mexicano.
Por ejemplo, de acuerdo con el segundo informe del GIEI presentado ayer, al menos 17 de las personas detenidas, relacionadas con el caso, sufrieron algún tipo de maltrato físico o tortura, entre ellos, los cinco presuntos integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos cuyas declaraciones son la base de la teoría sobre el homicidio y quema de los 43 estudiantes en el basurero de Cocula, Guerrero.
También, que un día antes de que la Procuraduría General de la República anunciara el hallazgo de una bolsa con restos en el río San Juan, peritos de la misma dependencia realizaron un recorrido en la zona que, si bien quedó registrado en video por reporteros locales, nunca fue reportado en el expediente oficial del caso.
Asimismo, que las evidencias sobre actividades de narcotráfico en esa parte de Guerrero no han sido investigadas como parte del contexto que rodeó el crimen cometido contra los estudiantes; como tampoco se profundizó en la existencia de un quinto camión utilizado por los normalistas y que tampoco fue reportado originalmente por la PGR.
“Esta hipótesis es la posibilidad de que dicho autobús podría haber sido un medio de transporte de la heroína que se produce en la zona, lo que podría explicar el nivel del operativo dirigido a no dejar salir los autobuses, al cerco en la carretera que se muestra en este estudio y la agresión creciente contra ellos, con la desaparición forzada de los normalistas y el ataque masivo contra el autobús de Los Avispones [un equipo de futbol local]”, dice el informe presentado ayer.
Todo lo anterior, además de otras problemáticas encontradas por el GIEI, como la fragmentación de la investigación en más de 25 averiguaciones previas, la dilación de meses en la realización de interrogatorios o diligencias, además de la imposibilidad de que elementos del Ejército Mexicano asignados al 27 Batallón ubicado en la zona respondieran a sus preguntas.
Se trató, en palabras de James Cavallaro, relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para México, de una investigación con fallas comunes en el sistema de justicia penal mexicano: preponderancia de pruebas testimoniales, búsqueda sólo de autores materiales y no de intelectuales, así como falta de investigación sobre el contexto en el que ocurren los hechos.
De acuerdo con lo reportado por el GIEI en sus dos informes, la movilización de los estudiantes fue monitoreada por autoridades de los tres niveles de Gobierno, incluyendo al Ejército Mexicano, que seguían sus pasos a través del C-4 ubicado en Chilpancingo, la capital del estado.
“Llegamos al final de este segundo periodo sin que hubiéramos cumplido con el esclarecimiento total del caso, sin encontrar a los estudiantes y sin condiciones para que podamos seguir trabajando”, dijo ayer en conferencia de prensa la integrante del GIEI, Claudia Paz y Paz, ex Fiscal en Guatemala.
Los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, ubicada en Ayotzinapa, Guerrero, están desaparecidos desde la noche del 26 de septiembre de 2014, luego de que la tarde de ese día habían realizado acciones de boteo y toma de camiones para viajar a la marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México.
También, según informaron ayer los expertos, se pudo comprobar que, durante las casi tres horas que duraron los ataques contra los estudiantes en nueve puntos diferentes, autoridades de diversos niveles, incluyendo policías federales, montaron un “cerco” con la finalidad de impedir la movilización de los camiones tomados por las víctimas.
“Los incidentes de cerrar el paso en la carretera por poblados como Mezcala y Sabana Grande muestran que esa noche existió un gran operativo para generar un cerco que impidiera la movilización por la carretera, el cual llegó desde la salida de Iguala hasta Mezcala, camino ya de Chilpancingo hasta donde tenían por objetivo llegar los autobuses de los normalistas para dirigirse posteriormente a Ayotzinapa”, dice también el informe.
En general, señala el documento, el GIEI determinó desde su primer informe la existencia de 180 víctimas directas de los ataques, entre ellos tres estudiantes ejecutados extrajudicialmente, dos asesinados más integrantes del equipo de futbol Los Avispones y una mujer que se transportaba en taxi; más de 40 personas heridas, algunas de gravedad, como un estudiante que sigue en estado vegetativo; 80 personas que fueron agredidas al tratar de auxiliar a los estudiantes, otras 30 que iban en el camión con el resto de Los Avispones, además de los 43 normalistas desaparecidos.
El GIEI, integrado por investigadores con experiencia en casos de violaciones masivas a derechos humanos registradas en otros países y en México, desde marzo de 2015, fue nombrado por la CIDH como parte de la asistencia técnica acordada por el Estado mexicano y los representantes de las víctimas.
Ningún representante del Gobierno mexicano acudió a la presentación de este segundo informe.
LA “VERDAD HISTÓRICA” SE VUELVE A CAER
En su intervención, el experto chileno Francisco Cox Vial –que trabajó en la extradición del ex dictador Augusto Pinochet– dijo que hasta su informe de septiembre pasado había cuatro versiones sobre el basurero de Cocula. “Nosotros advertimos ‘ojo, con la quinta versión’”, refirió.
Explicó que esa quinta versión no tiene ningún sustento y contradice la versión oficial de enero de 2015. “La quinta versión contradice la propia investigación ordenada por la PGR, e incluso llega a la conclusión de que en una pick up, donde presuntamente fueron transportados los estudiantes al basurero de Cocula, caben 43 personas”.
Comentó que once días después de ese informe del GIEI, se detiene a “El Gil”, “y ahí surge de voz de Tomás Zerón [Director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR] la quinta versión”.
Cox dijo que cuando se solicitó información a los otros expertos que han estado involucrados en la investigación del caso, los propios expertos dijeron al GIEI que no podían otorgarle datos debido a que habían firmado una cláusula de confidencialidad y sólo podían hacerlo si la PGR los liberaba de la misma. “Hasta hoy eso no ha sucedido”.
El peritaje sobre dinámica del fuego que hicieron expertos contactados por la PGR en el basurero de Cocula, consta de nueve páginas y no cumple con los estándares de calidad. No se tomó en cuenta el peritaje del experto peruano José Torero, ni el del equipo Argentino Forense.
Ese dictamen, dijo Francisco Cox, busca dar credibilidad a lo declarado por inculpados que sostienen la “verdad histórica”.
Cox indicó que el GIEI no tuvo acceso a la investigación, a pesar de haberse anunciado que sería de forma conjunta.
“No se explica como los restos encontrados dan veracidad a las declaraciones, cuando ninguna de las verificaciones provienen de restos del basurero. Las verificaciones que hay provienen del río San Juan”, detalló. “El GIEI concluye que no hubo evidencia para cambiar nuestra conclusión del primer informe de que el Basurero de Cocula no se incineraron 43 cuerpos”, dijo Cox.
En este segundo informe, el GIEI también reportó haber encontrado evidencia de que, un día antes del presunto hallazgo de una bolsa con restos óseos carbonizados y cremados y que, de acuerdo con la versión de la PGR, corresponderían a normalistas asesinados, hubo actividad pericial en la zona del hallazgo y que nunca fue integrada de manera formal en el expediente del caso.
“Se analizan las contradicciones entre la versión que señala que dicha bolsa se habría encontrado el día 29 de octubre a las 8:50 de la mañana por un grupo de buzos de la Marina. Se muestran fotografías y videos que demuestran que existía actividad desde el día 28 en esa zona del río, y algunas evidencias que no tienen sustento en el expediente. Entre ellas: la presencia en dicho lugar del detenido Agustín García Reyes en el río, custodiado por la Agencia de Investigación Criminal, en el mismo lugar donde al día siguiente se habría encontrado dicha bolsa; la actividad de personal de los servicios periciales en dicha zona, y la recogida de evidencia en dicha zona; la presencia en la carretera cercana del Equipo Argentino de Antropología Forense –peritos de las víctimas- al que no se da cuenta de los trabajos”, dice el informe.
LA TORTURA EN EL CASO
Por su parte, el médico Carlos Beristain –que atendió casos de desapariciones en Colombia– anunció que se analizó la situación médica conforme al expediente de 17 detenidos, entre ellos de los cinco inculpados que sostienen la versión del basurero de Cocula, es decir la “verdad histórica” del ex Procurador de la República Jesús Murillo Karam.
Después de analizar los distintos informes médicos, se llegó a la conclusión que los informes de integridad física son limitados, no hay fotografías ni evaluación de las lesiones. Hay contradicciones en los informes sobre las lesiones que tienen los inculpados.
“El primer informe no tienen lesiones, en el segundo ya tienen, en el tercero y cuarto más lesiones, indicios que se tienen que investigar” dijo. “Muestra que los casos hay indicios de malos tratos”, indicó.
Los expertos analizaron las lesiones de Gildardo López Astudillo “El Gil” y a los inculpados que cuyas confesiones dieron origen a la incineración de los 43 estudiantes en el Basurero de Cocula.
Las tres declaraciones en donde se basa la “verdad histórica” del ex Procurador Murillo Karam, para sustentar que los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa fueron asesinados y cremados en el basurero de Cocula y luego desechados en el Río San Juan, aparecen con lesiones e indicios de tortutura.
En noviembre de 2014 Murillo Karam anunció que Patricio Reyes Landa, “El Pato”, Jonathan Osorio Gómez, “El Jona” y Agustín García Reyes “El Chereje”, fueron los autores materiales del crimen cometido en contra de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“Los detenidos señalan que en ese lugar privaron de la vida a los sobrevivientes y posteriormente los arrojaron a la parte baja del basurero, donde quemaron los cuerpos e hicieron guardias y relevos para asegurarse de que el fuego durara horas, arrojándole diesel, gasolina, llantas, leña, plástico, entre otros elementos que se encontraron en el paraje”, declaró ante los medios de comunicación
“En el estudio de evaluación del conjunto de informes médicos de lesiones en personas detenidas en la AP-001/2015 presentado en el Informe se señaló que de los 80 detenidos en ese momento, un 77 por ciento mostraban lesiones y frecuentemente cuadros de policontusión con lesiones traumáticas de distinta intensidad y localización. Según ese estudio, basado en los informes médicos realizados por personal de PGR, Marina y Ceferesos [Centros Federales de Readaptación Social], el análisis de las descripciones de las lesiones en el caso que nos ocupa deberían haber sido más detalladas tal y como se recomienda en la práctica forense y protocolos especializados de evaluación de posibles malos tratos y torturas. Por ejemplo, la descripción de las lesiones de la piel no recoge de forma adecuada sus características ni existe un esquema corporal de las lesiones ni el imprescindible registro fotográfico. Los reconocimientos médicos de los detenidos fueron muy deficientes e insuficientes para una investigación eficaz de posibles malos tratos que pudieran ser aludidos por estas personas”, dice el informe.
Entre las conclusiones que arrojó el análisis de las lesiones de los inculpados se desprenden los siguientes puntos:
1.- Existen diferencias significativas en las versiones sobre el origen de las lesiones, que se atribuyen oficialmente a ser anteriores o producidas durante la detención, y el relato de los detenidos que en algunos momentos señalan que sufrieron torturas. Sin embargo, hay una fuerte inconsistencia de las alegaciones de que fueron anteriores o en el momento de la detención, debido a que en la mayor parte de los informes médicos realizados en el momento de la detención no se recogen lesiones, mientras el primer informe médico, horas después ante la SEIDO, se muestran numerosas lesiones.
2.-En otros casos existe evidencia directa de que las detenciones fueron llevadas a cabo de forma pacífica según los datos existentes. Las detenciones correspondientes a los casos de agentes municipales se realizaron sin violencia ni resistencia. En un caso se les detuvo en la sede del municipio de Cocula, y a los policías de Iguala analizados en un curso de adiestramiento, mientras se encontraban en un cuartel en Tlaxcala. En otros casos de detenidos inculpados como algún miembro de Guerreros Unidos se señala en la puesta a disposición que fue pacífica.
3.- Los informes médicos realizados de forma secuencial tras la detención muestran que en todos los casos se dan lesiones nuevas durante el periodo de detención bajo custodia, en diferentes momentos. Es decir, no pueden ser debidos a maniobras de detención.
4.- Algunos detenidos señalaron haber sufrido torturas ante el Ministerio Público, en otros casos ante el GIEI en las visitas a los Ceferesos. El patrón de lesiones en numerosos casos muestra congruencia con el testimonio de los detenidos.
5.- A la mayoría de los detenidos no se les realizó una Fe de Lesiones al momento de la declaración, a pesar de que varios declararon explícitamente tener lesiones en el cuerpo.
6.- Las conclusiones de los tres informes de Mecánica de Lesiones que concluyen de forma categórica, salvo en un caso, que las lesiones que se encuentran en los informes de integridad física se deben a maniobras de detención y no a tortura, no tienen base en la evidencia de que muchos de ellos no tuvieron lesiones en el primer informe médico y sí en los posteriores, y en los 17 casos se señalaron lesiones nuevas durante el periiodo de detención. Hay que considerar que en los informes de Mecánica de Lesiones no se incluyen las valoraciones o manifestaciones del detenido sobre las causas de dichas lesiones, ni se entrevista al detenido.
7.- Varios de los informes de integridad física y de Mecánica de Lesiones se realizan de forma conjunta, y no separada o individualizada caso por caso, tanto en detenidos inculpados como miembros de Guerreros Unidos como en el caso de los policías de Cocula analizados. Dicha práctica no corresponde a un estándar de investigación.
El año pasado, Mario Patrón Sánchez, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustin Pro Juárez (Centro Prodh), dijo que de comprobarse que los imputados fueron torturados, traería consecuencias a la investigación.
“El principal caso de violaciones a los derechos humanos del país, debería ser el más cuidado. Entonces, empezar a tener alegaciones de tortura, empieza a poner un asterisco fuerte en la investigación, porque el núcleo central de la investigación de la PGR parte justo de tres confesiones autoinculpatorias: “El Pato”, “El Chereje” y “El Jonas”, de ahí despunta todo el caso de la PGR, su teoría del caso se sustenta en declaraciones que pudieron ser obtenidas bajo tortura”, indicó.
Mario Patrón, quien también es coadyuvante en las investigaciones y que tiene acceso a los informes de los expertos de la CIDH y al expediente, indicó que si se comprueba que fueron torturados, la “verdad histórica” se vendría abajo por completo y sería culpa de la PGR.
“Si la tortura es comprobada, podemos tener un problema de ilicitud de prueba. Quien estaría poniendo en riesgo la justicia y la verdad en torno al caso, sería la PGR. El grupo de expertos ha sido precavido y dice que seguirán indagando en torno a estas declaraciones”, detalló.
