“Todo el procedimiento es ilegal. Primero, por la no notificación de la sentencia y luego a partir de que la juez no notificó los autos. Legalmente, entonces, hay nulidad de todo lo actuado”, dice el abogado. Concuerda con Artículo 19 que se usó la justicia para favorecer al político perredista Jesús Ortega.
Ciudad de México, 22 de abril (SinEmbargo).– Jesús Ortega Martínez, ex presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), nunca acreditó el supuesto “daño moral” que le presuntamente le produjeron las publicaciones de Sanjuana Martínez, dijo el abogado de la periodista, Oscar Vargas Suárez.
“Jesús Ortega no está justificando el daño que le causó la publicación. Sólo manifiesta que es ‘una persona reconocida’, pero no hace ningún planteamiento para demostrar que existió ese daño. Nunca acreditó ese daño en términos jurídicos”, dijo.
Ayer, la organización internacional Artículo 19 expresó su condena porque la juez del caso violó los derechos de la periodista.
El abogado de Martínez, quien contestó la demanda interpuesta por Ortega Martínez en el Juez Cuarto de lo Civil del Primer Distrito Judicial en Monterrey, Nuevo León, bajo el número de expediente 1139/2013, señaló que la sentencia emitida por la juez Martha Roselia Garibay Pérez del Sexagésimo Noveno de lo Civil de la Ciudad de México es “ilegal”.
“Todo el procedimiento es ilegal. Primero, por la no notificación de la sentencia y luego a partir de que la juez no notificó los autos. Legalmente, entonces, hay nulidad de todo lo actuado”.
Sanjuana Martínez tiene además abogados asignados por Artículo 19. Tampoco ellos fueron notificados, lo que es una violación al debido proceso.
El caso se trasladó a la Ciudad de México, gobernada por el Partido de la Revolución Democrática, del que Ortega fue presidente.
Vargas Suárez contestó la demanda interpuesta hace tres años por el ex presidente del PRD en los juzgados de Nuevo León. Pero luego, el expediente fue enviado a la capital, en donde la propia juez se declaró incompetente para atenderlo.
Así, el expediente regresó a Nuevo León… y luego fue enviado, de nuevo, a la Ciudad de México.
“El proceso se ha llevado de mala fe. En ese extraño ir y venir, ‘pierden’ el expediente. La pérdida del expediente es irregular, pero deberían haberse subsanado entregando las notificaciones en el domicilio señalado de los abogados de la periodista que ya habíamos contestado la demanda. Se plantea la litis, contestamos, luego, el expediente va y viene y lo hacen perdedizo, algo que obviamente favoreció a Ortega, porque nos enteramos de la sentencia cuando él da una conferencia de prensa para anunciar su supuesto ‘triunfo’”, dijo.
Peor aún, señala, “en ese momento se dan cuenta que la sentencia no es reciente, sino que Ortega ofrece conferencia de prensa dos meses después, con la clara intención que la periodista finalmente pierda su derecho a la apelación, ya que nunca tuvo conocimiento del juicio desarrollado en el juzgado 69 en materia civil de la capital”.
Los abogados buscaron durante meses el expediente en el Poder Judicial de la Ciudad de México, donde tan solo para materia civil hay 73 juzgados de primera instancia, 26 de cuantía menor y 20 de proceso oral civil, por lo que la falta de notificación del juzgado capitalino donde se tramitaba el asunto, provocó que la periodista no tuviera acceso a la justicia, ni pudiera defenderse.
Vargas Suárez, explica que en un principio la demanda fue contestada como “infundada” ya que había suficientes elementos para considerar la “incompetencia” porque a su juicio, el fuero competente era el de la Ciudad de México y no el de Nuevo León.
Las leyes en materia de libertad de expresión en el Distrito Federal hubieran provocado el rechazo de la demanda de Ortega, por lo tanto, como estrategia legal de su parte, esta fue interpuesta en Nuevo León, donde la legislación no está actualizada a los estándares más altos en libertad de expresión.
“Se actúa de mala fe. Luego, la juez del juzgado 69 del Distrito Federal no le da validez a la contestación efectuada en Nuevo León para tomar el domicilio y regularizar el procedimiento para que la demandada desahogara sus pruebas, acreditara sus excepciones y obviamente gestionara todo lo conducente a su defensa”, comenta el abogado.
Por lo tanto, señala, el proceso en contra de Sanjuana Martínez es absolutamente ilegal: “Todas las actuaciones posteriores a una notificación que no fue conforme a derecho, en el domicilio señalado de los abogados, es nulo, inclusive el procedimiento de ejecución de sentencia”.
–¿Hay una intención de dañar a la periodista?
–Obviamente sí, la juez al momento de dictar sentencia pudo haber regularizado el procedimiento, la ley es muy clara, si hay una irregularidad, entonces, de oficio el juzgado podrá reponer el procedimiento a efecto que no se violenten garantías a la demandada. No fue así. Se violaron los derechos procesales de la periodista”.
–¿Por qué dice usted que Ortega no acreditó el daño moral?
–Él es una figura pública y por tanto su vida siempre ha estado expuesta porque él mismo aparece en medios y no demuestra cómo es que se le dañó solo presentó cientos de copias de los Tweets y comentarios en su contra que recibe en redes sociales.
–¿Todas estas irregularidades procesales que está sufriendo Sanjuana Martínez, tienen que ver con el hecho, de que quien demanda es un político poderoso, ex presidente del PRD, justamente el partido en el poder en la Ciudad de México?
–Es muy raro todo y obviamente, es un político cuyo grupo político gobierna en la capital. Pero no debería de ser así. El poder judicial debería ser independiente al gobierno.
