El INAI reconoció que aunque la SCT proporcionó la fecha, el lugar y el tema de la reunión que sostuvo con integrantes de la empresa OHL México, sin embargo omitió los nombres de los funcionarios y directivos que asistieron al evento. Por lo anterior, el Instituto concluyó que la Secretaría no garantizó el derecho de acceso a la información.
Ciudad de México, 17 de abril (SinEmbargo).- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), por medio de un comunicado, ordenó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) dar a conocer los nombres de quienes participaron en la reunión de trabajo, del 21 de abril de 2015 en la ciudad de Guadalajara, a la que asistieron el titular de la dependencia, Gerardo Ruiz Esparza, y el presidente de OHL México, José Andrés de Oteyza.
De acuerdo con el documento, el pleno del INAI indicó que aunque la SCT proporcionó la fecha, lugar y tema de la reunión “Supervisión de avances de la construcción del Tren Ligero y reunión de trabajo con Gobierno del estado de Jalisco”, omitió los nombres de funcionarios públicos y directivos de empresas constructoras presentes, como le fue requerido.
En la tabla entregada por la dependencia, que refiere a los asistentes del evento, se anotaron sólo los siguientes cargos sin nombres: Gobernador, Secretario, Servidores Públicos, por parte de autoridades de gobierno; y Director General de Consorcio GDL Mota Engyl-Sacyr, Presidente de Mota Engyl Latinoamérica, Director General de Grupo Prodi, Director General de Sacyr y Presidente de OHL México y Directores, director general de TRENA y director general de RAL, por parte de las empresas constructoras. Asimismo, por parte de la Gerencia de Proyecto y Supervisiones, el director de Senermex y director general DIRAC.
Por su parte, el comisionado del INAI Oscar Guerra Ford dijo que los proyectos de obra pública son de interés de los ciudadanos, y que en el caso de OHL, está el antecedente de grabaciones difundidas entre sus directivos y funcionarios públicos que generaron dudas sobre posibles actos de corrupción.
“Con el fin de que no se hagan especulaciones o exista desinformación entre la sociedad sobre los encuentros sostenido entre los servidores públicos y representantes de esa empresa, deberán darse a conocer los detalles de las reuniones de trabajo que ambas partes realicen dando certeza y transparencia”, ahondó Ford.
Asimismo, el comisionado expresó durante su ponencia que no proporcionar los nombres impide conocer de manera clara quienes participaron, ya que el cargo no puede equipararse al nombre, puesto que un cargo público o un puesto dentro de alguna empresa está sujeto a movimientos del personal, y tomando en consideración que la información proporcionada corresponde al mes de abril de 2015, las personas que actualmente ocupan dichos puestos pudieran ser distintas a las que comparecieron en aquella ocasión.
Por lo anterior, se concluyó que la SCT no garantizó el derecho de acceso a la información, ya que faltó al principio de exhaustividad al que deben atender todos los actos administrativos, como es el caso de la respuesta a una solicitud de información.
