La lucha que comunidades y activistas han emprendido en contra de obras, empresas y gobiernos derivan en procesos largos, a veces a favor, que las mantiene latentes. Ejemplo de ello son los conflictos que encendieron las alarmas esta semana en pobladores en el Estado de México: San Francisco Xochicuautla y San Salvador Atenco, ambos con más de siete años de litigio. Sin embargo, no son los únicos: en el país existen al menos 200 conflictos contra megaproyectos, de acuerdo con datos de la Coordinadora Nacional de Afectados Ambientales.
Ciudad de México, 16 de abril (SinEmbargo).– Los conflictos por los megaproyectos volvieron a acaparar la opinión pública tras la irrupción de fuerzas federales y estatales en las comunidades de San Salvador Atenco y San Francisco Xochicuautla, Estado de México, con el fin de abrir paso a los trabajos de constructoras.
La tarde del lunes pasado, maquinaria pesada y trabajadores de la empresa Autován arribaron a la comunidad otomí de San Francisco Xochicuautla, municipio de Lerma, escoltados por elementos de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) para realizar labores para la construcción de la autopista Naucalpan- Toluca, concesionada a Grupo Higa, una de las constructoras más favorecidas por el Gobierno federal.
El operativo para permitir la construcción duró dos días y, tras el escándalo, el Gobierno federal y del Estado de México acordó con los miembros de la comunidad otomí cancelar las obras temporalmente.
A la par, en San Salvador Atenco los ejidatarios opositores a la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México denunciaron la entrada de topógrafos y elementos del Ejército a la zona cercana, lo que ha avivado el conflicto que data desde 2006 y que dejó cientos de detenidos y mujeres agredidas sexualmente.
Los trabajadores y policías fueron expulsados por los pobladores. Los habitantes han emprendido una lucha legal y de movilización en contra de ambas obras.
A los habitantes de Xochicuautla les fue concedido un amparo interpuesto en el Juzgado Quinto de Distrito de Toluca con número 1117/2015, que suspendió la obra hasta que no se resuelva un litigio sostenido por pobladores que se oponen a la expropiación de los terrenos desde hace más de siete años.
Mientras que ejidatarios de San Salvador Atenco demostraron que el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), contrario a la versión oficial estará construido sobre sus tierras ejidales.
Un peritaje incluido dentro de una demanda de disputa por los terrenos en los que se edificará la megaobra determinó que alrededor de 200 hectáreas pertenecen a los ejidatarios, aseguró uno de los representantes legales de los afectados, por lo que el proceso legal en contra de la obra aún se mantiene.
“No hay ni habrá ningún decreto expropiatorio porque el aeropuerto no requiere un solo metro de tierra para poder construirse el [NAICM]”, dijo ante medios de comunicación el Secretario de Comunicaciones y Transporte (SCT), Gerardo Ruíz Esparza, el 5 septiembre del 2014.
El Gobierno federal habría basado el uso de estos terrenos en los decretos presidenciales de 1971 y 1982, que los declaran parte del fuero federal.
“Estos dos decretos se empalman con los terrenos ejidales de las distintas comunidades aledañas, entre ellas San Salvador Atenco. Siendo que los ejidatarios no tenían información de la expropiación de estos terrenos, no se había interpuesto demanda. Ahora salen a la luz porque el Gobierno tenía que justificar la supuesta propiedad esas tierras”, explicó a SinEmbargo el abogado de los quejosos, Ricardo Lagunes.
Estos casos no son los únicos, las construcciones de megaobras han derivado en al menos 200 conflictos, que afectan a la sociedad y al ambiente, de acuerdo con datos de la Coordinadora Nacional de Afectados Ambientales.
Ciudadanos han lanzado la voz y se han organizado para defender sus tierras, ríos, manglares, bosques, algunas veces con éxito y otras con triunfos temporales en litigios que duran hasta varios años. Aquí algunos de ellos:
