Anunciada en febrero de 2015, por el Presidente Enrique Peña Nieto, como respuesta al conflicto de interés en el que habría incurrido al adquirir la llamada “casa blanca”, la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés ya engrosó la carpeta de información negada. Cuando se le solicitó a la Presidencia de la República, los recursos destinados, el plan, el organigrama y los sueldos para los trabajadores de la Unidad, esa entidad dijo que todo ello era “inexistente” en sus archivos. Esa Unidad está en el seno de la Secretaría de la Función Pública, cuyo titular es Virgilio Andrade Martínez. Por sí misma, la SFP es un relato de datos cerrados. De repente, en las páginas oficiales, apareció con un nuevo estado: “en proceso de reestructuración”. Pero poco se sabe cómo logrará su renacer y cuánto invertirá en ello.
Ciudad de México, 18 de abril (SinEmbargo).– La Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés, creada en el seno de la Secretaría de la Función Pública, ya engrosó la carpeta de datos cerrados de la Presidencia de la República en el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI). Es decir, en torno a su presencia en la administración pública, ya hay información negada.
Su creación la anunció en febrero de 2015, el Presidente Enrique Peña Nieto como respuesta al posible conflicto de interés en el que habrían incurrido el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y el mismo Mandatario, por la compra de casas valuadas en miles de millones de pesos al empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, contratista del Gobierno federal.
Pero cuando en marzo de 2015, a través del INAI, se le preguntó a la Presidencia de la República sobre los recursos destinados, el plan, el organigrama y los sueldos para los trabajadores de la Unidad, esa entidad dijo que todo ello era “inexistente” en sus archivos.
“La Secretaría Particular del Presidente a través del comunicado PR/SP/CRAI/036/15 de nueve de febrero del año en curso, informa que de la búsqueda minuciosa en sus archivos no se localizó evidencia documental que contenga la información requerida, por lo que declara la inexistencia de la misma …”, informó en una respuesta ante el Instituto de la Transparencia.
En diciembre de ese año, Benjamín Guillermo Hill Mayoral fue nombrado titular de la Unidad. Es conocido que está casado con Alejandra Sota, ex vocera de la Presidencia de la República en el Gobierno de Felipe Calderón. En el Portal de Obligaciones y Transparencia (POT) aparece que su sueldo es de 161 mil 259 pesos con 72 centavos y que su jefe inmediato es Virgilio Andrade Martínez, Secretario de la Función Pública.
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Por ahora, la Secretaría de la Función Pública es un relato de datos cerrados. En silencio y sigilo, en el POT, la dependencia adquirió el apellido de “en proceso de reestructuración”, sin que pueda conocerse en qué consiste su renacer, ni el dinero que significa su nueva estructura orgánica con la creación de oficinas como la de Hill Mayoral. De las 963 posiciones de la dependencia, hay 42 que se encuentran vacantes.
Algunas posiciones acéfalas son clave, como la de Subsecretario. Se trata de una plaza de 194 mil 708 pesos con 34 centavos. También está sin ocupar la de Oficial Mayor que tiene un sueldo asignado de 193 mil 755 pesos con 35 centavos. Tampoco hay nadie a cargo de la Dirección de Amparos, trabajo que de realizarse sería pagado con 56 mil 129 pesos con 22 centavos.
En cuanto a la Unidad de Ética, el Presidente de la República emitió un decreto el 20 de octubre de 2015, a través del cual se derogaron algunas disposiciones del reglamento interior de la dependencia y se añadieron otras. Las facultades del nuevo órgano quedaron definidas en el artículo 17 Bis. Ejercer las disposiciones legales o administrativas conferidas a la SFP y elaborar y promover programas de capacitación y sensibilización en la materia son dos de las 15 atribuciones que tiene estipuladas.
En realidad, había un plan para desaparecer a la Función Pública. Hasta febrero de 2015, su titularidad se mantuvo acéfala y funcionó con un encargado de despacho, Julián Alfonso Olivas, quien en la nómina ocupaba la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones. Hoy aparece en el Directorio del IMSS, a cargo de la División de Normatividad.
Fundada en 1983 como Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, transformada a Función Pública en 2003 como símbolo del combate a la corrupción, la dependencia vivía sus últimos días. Conforme a la Reforma a la Ley de la Administración Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, debía ser desmantelada una vez que estuviera lista la Comisión Nacional Anticorrupción que Enrique Peña Nieto prometió en campaña. Pero ni lo uno ni lo otro ocurrió. El Senado de la República aprobó la enmienda el 13 de diciembre de 2013 y ese mismo día, la minuta llegó a la Cámara de Diputados. Ahí se quedó sin trámite y en el cajón de los pendientes.
Luego, en noviembre de 2014, una investigación periodística del equipo de Aristegui Noticias dio con que el Presidente y su familia habitaban una casa de 8.6 millones de dólares, comprada a una de las constructoras del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, uno de los contratistas del Gobierno. Virgilio Andrade Martínez fue nombrado al frente de al SFP por el Presidente Enrique Peña Nieto y luego, por decreto, fue creada la La Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés.
Expediente: Presidencia de la República, Información Relevante; POT, Infomex del INAI
