La ONU debe crear un Tribunal Penal Internacional ad hoc sobre México que intervenga ante "los crímenes contra la humanidad que son cometidos en México", como es el caso de "genocidios, masacres, violaciones masivas", así como las desapariciones forzadas y los crímenes financieros internacionales, planteó Roberto Scarpinato, uno de los líderes históricos de la lucha antimafia en Italia, en una mesa de debate que compartió con Emilio Álvarez Icaza, Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y la periodista, María Jesús Alonso Lormand, tras la proyección del documental Cartel Land.
Ciudad de México, 14 de marzo (SinEmbargo).– Roberto Scarpinato, Fiscal General en la Corte de Apelaciones de Palermo, propuso que la Organización de Naciones Unidas (ONU) cree un Tribunal Penal Internacional ad hoc sobre México para atender la situación de violencia e inseguridad por la que atraviesa el país.
Scarpinato es uno de los líderes históricos de la lucha antimafia en Italia, reconocido por su papel en el combate contra el crimen organizado en ese país durante más de dos décadas.
"Es tarea de la ONU ayudar a las fuerzas sanas de México", dijo Scarpinato durante un debate en el Festival de Films y Fórum Internacional sobre los Derechos Humanos (FIFDH) realizado este fin de semana en Ginebra, Suiza.
El Fiscal formuló su propuesta en una mesa de debate que compartió con Emilio Álvarez Icaza, Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y la periodista María Jesús Alonso Lormand, tras la proyección del documental Cartel Land, que retrata el levantamiento de los movimientos de autodefensa que se enfrentaron a los cárteles de la droga en Michoacán.
En el evento, dijo que se debería iniciar una recolección de firmas en todo el mundo "para que la opinión pública obligue a la Asamblea de la ONU a poner en el orden del día la creación de un Tribunal Penal Especial para México".
Roberto Scarpinato detalló que este Tribunal Penal Internacional debería atender tres puntos para intervenir contra "los crímenes contra la humanidad que son cometidos en México" como "genocidios, masacres, violaciones masivas", así como contra las desapariciones forzadas y los crímenes financieros internacionales.
"Las resoluciones, que hasta ahora se han adoptado en el seno de la ONU con respecto al crimen organizado, son suaves, son como un perro que ladra, pero que no muerde", dijo el Fiscal, por lo que explicó que con la creación del Tribunal deberían imponerse "fuertes sanciones económicas a todos los Estados que son cómplices en el reciclado".
Scarpinato explicó que el mercado de la droga ya es el segundo a nivel mundial, sólo después del de las armas e incluso por encima del petróleo. Por ello, indicó que hay un interés financiero de los cárteles en controlar el Estado mexicano.
El experto italiano dijo que la situación actual de México es similar a la vida en Italia, cuando se encontraba bajo influencia de la mafia, que extorsionaba a los organismos del Estado.
Indicó que lo ocurrido en Italia puede servir como "experiencia preciosa" a lo ocurrido en otros países como México.
"La gente piensa que la mafia está sólo cuando hay homicidios y actos de violencia, pero ya no es así. La nueva mafia de mercado actúa como una agencia que ofrece en el libre mercado bienes y servicios ilegales para los cuales hay demanda de parte de millones de personas: droga, prostitución, mercadería falsificada, tratamiento de desechos", dijo.
Y concluyó: "Esto alimenta un capitalismo mafioso de proporciones ingentes que se está convirtiendo en un componente estructural del capitalismo financiero".
APENAS AYER...
Ayer, la Secretaría de Marina (Semar) confirmó que cinco marinos fueron puestos a disposición de un juez del fuero común por su probable participación en la desaparición forzada de un hombre en 2013 en el estado de Nuevo León.
Apenas el jueves, Amnistía Internacional (AI) difundió el caso.
"Entre el 3 y 4 de marzo del año en curso, esta institución puso a disposición del Juzgado tercero de Distrito en Materia Penal en el estado de Nuevo León a los elementos involucrados en el caso", explicó la Secretaría en un comunicado.
En el documento informó también que a los cinco marinos se les dictaron autos de formal prisión entre el martes y miércoles por el delito de desaparición forzada. La Secretaría de Marina aclaró que mientras un juez no dicte una sentencia condenatoria se presume la inocencia de los marinos.
"Se presume la inocencia del personal naval involucrado en tanto el juez de la causa no declare su responsabilidad mediante sentencia condenatoria; asimismo, que corresponderá al Ministerio Público demostrar plenamente la culpabilidad en los hechos que les imputa", destacó la Marina.
De acuerdo con AI, los marinos detuvieron en agosto de 2013 a Armando del Bosque Villarreal cuando viajaba en auto por la localidad de Colombia, en Nuevo León. Dos meses después, el cadáver del hombre de 33 años fue encontrado a dos kilómetros de la base de la Armada con heridas de bala.
"La aparente implicación de un capitán de la Marina en la desaparición forzada de Armando es un ejemplo más de la necesidad de encontrar y castigar a todos los responsables, sea cual sea su posición en la cadena de mando", sostuvo en su momento la directora para las Américas de la organización, Érika Guevara-Rosas.
Amnistía consideró que el hecho "debe ser señal de un cambio de política" en materia de desapariciones en México.
En 2013, el secretario general de Amnistía Internacional a nivel global, Salil Shetty, dirigió al Presidente Peña Nieto una carta para solicitar medidas urgentes para proteger la vida de cuatro víctimas de desaparición forzada supuestamente a manos de elementos de la Marina, entre ellas Del Bosque Villarreal.
La misiva recordaba al Presidente que durante el sexenio de su predecesor Felipe Calderón Hinojosa no se tomaron acciones efectivas para aclarar los casos de desapariciones forzadas perpetradas por marinos en Nuevo Laredo en junio de 2011.
Esta vez, la Semar informó que colaboró estrechamente con la Procuraduría General de la República (PGR) desde el inicio de la investigación de la desaparición de Del Bosque Villarreal. La institución de seguridad aseguró que respetará las decisiones que emitan las autoridades encargadas del caso.
