El director del Correo del Caroní, David Natera Febres, fue sancionado además a pagar una multa de mil 137 unidades tributarias (unos 200 mil bolívares o unos mil dólares) y la prohibición de publicar noticias de corrupción vinculadas con el empresario que introdujo la demanda.
Caracas, 11 mar (dpa) - Un tribunal del estado de venezolando de Bolívar (Sur) condenó hoy a cuatro años de prisión contra el director del diario Correo del Caroní por difamación e injuria tras las denuncias que este medio realizó sobre un caso de corrupción.
El director del Correo del Caroní, David Natera Febres, fue sancionado además a pagar una multa de mil 137 unidades tributarias (unos 200 mil bolívares o unos mil dólares) y la prohibición de publicar noticias de corrupción vinculadas con el empresario que introdujo la demanda.
Este juicio tuvo su origen en la denuncia realizada por el Correo del Caroní sobre los casos de corrupción vinculados a la empresa Ferrominera, parte de la estatal Corporación Venezolana de Guayana (CVG), que salpicó a varios gerentes que dirigían el consorcio así como a empresarios que formarían parte de esta supuesta red.
La denuncia del diario derivó en un juicio contra el entonces presidente de Ferrominera, Radwan Sabbagh, tres gerentes de la empresa y el empresario Yamal Mustafá, quien además es dueño del diario regional Primicia.
Sin embargo, un juez dictó el sobreseimiento de la causa en diciembre de 2015, por lo que Mustafá obtuvo la libertad plena tras pasar dos años detenido. Acto seguido, Mustafá decidió emprender acciones legales contra Natera y al Correo del Caroní.
El juez Beltrán Javier Lira condenó a Natera a cuatro años de prisión aunque la sentencia todavía no es firme, lo que permite a Natera tener libertad condicional bajo régimen de presentación cada 30 días y con prohibición de salida del país.
Esta sentencia se suma a una serie de acciones judiciales que varias Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) han denunciado como un incremento en los últimos meses del uso del derecho penal para resolver casos vinculados a la injuria y difamación, en contravía de la jurisprudencia internacional que suele utilizar el derecho administrativo para resolver este tipo de diferendos.
El gremio periodístico y las ONG señalan que las denuncias contra la prensa generalmente involucran a funcionarios o a personas vinculadas al Estado, por lo que el uso de la justicia formaría parte de una estrategia para promover la censura y la autocensura en Venezuela.
