La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión destacó este día el contenido del informe “Situación de derechos humanos en México” publicado por la CIDH la semana pasada y que causó una respuesta airada de parte del Gobierno mexicano, que aseguró que el informe parte de premisas equivocadas y que no ha tomado en cuenta lo hecho en la materia en los últimos años.
Ciudad de México, 9 de marzo (SinEmbargo).– En México los periodistas, defensores de derechos humanos y comunicadores enfrentan una grave situación por el ejercicio de la libertad de expresión, lo que los convierte en un grupo de la población "especialmente vulnerable" y , dijo la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La Relatoría destacó este día el contenido del informe “Situación de derechos humanos en México” publicado por la CIDH la semana pasada y que causó una respuesta airada de parte del Gobierno mexicano, que aseguró que el informe parte de premisas equivocadas y que no ha tomado en cuenta lo hecho en la materia en los últimos años.
A través de un comunicado, se citan cifras oficiales que destacan que entre 2010 y 2015 fueron asesinados más de 55 periodistas.
"La mayor parte de estos crímenes permanecen en la impunidad, sobre todo en lo que refiere a autores intelectuales no identificados, lo que ha impedido determinar si tienen una conexión con la labor informativa de las víctimas".
Señala que en el documento puntualiza que la violencia contra los comunicadores se ha visto "especialmente agudizada" en los estados en los que existe una fuerte presencia del crimen organizado y "en muchos casos, los integrantes de estos grupos actúan en colusión con agentes".
Sobre las fuerza de seguridad abunda que la CIDH recopiló información sobre desapariciones y ataques contra la vida e integridad personal de periodistas por parte de agentes estatales y "no estatales", prácticas de hostigamiento y amenazas, vigilancia e interceptación de las comunicaciones.
La Relatoría señala que a partir de los datos con los que cuenta la Comisión se puede afirmar que, "en su mayoría, los periodistas que han sido víctimas de violencia habían denunciado o informado sobre corrupción administrativa en el ámbito local, narcotráfico, delincuencia organizada, seguridad pública y asuntos relacionados" y refiere que estas acciones no sólo afectan a los profesionales de los medios de comunicación sino también a quienes "quienes pretenden denunciar abusos de poder o actos ilícitos de cualquier naturaleza".
En el comunicado se afirma que el organismo internacional pudo documentar que en los últimos años la situación de violencia contra periodistas, comunicadores y trabajadores de los medios en México ha venido en aumento, sobre todo en estados como Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua y Oaxaca, pese a las reformas constitucionales y legislativas y la adopción de medidas en la materia y del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Sobre este último, la Relatoría Especial dijo reconocer que desde que el mecanismo de protección se comenzó a implementar 190 periodistas y 273 defensores de derechos humanos se hayan beneficiarios del mismo hasta septiembre de 2015.
Respecto a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) destacó que inició 458 averiguaciones previas de los casos que pueden estar vinculados al ejercicio del periodismo entre el 1 de diciembre de 2012 y el 31 de agosto de 2015, en los que se declaró incompetente en 176 y en 53 se inició proceso contra un presunto responsable ante autoridades judiciales.
Y criticó "que sea la propia entidad investigativa quien, haciendo uso de diferentes argumentos, se interponga obstáculos a sí misma para asumir la titularidad de la investigación, lo que puede terminar afectando su eficacia".
La Relatoría Especial también exhortó al Estado a implementar estrategias para que las diferentes instituciones, tanto a nivel federal como estatal, trabajen de manera coordinada articulada a fin de proporcionar una respuesta integral en todos los temas relacionados con la protección y procuración de justicia en las agresiones contra las y los defensores de derechos humanos y de periodistas.
