Los escándalos en torno a la corrupción, violaciones a los derechos humanos, inseguridad, entre otros, que se han generado desde el Gobierno federal priista apenas representan un pequeño raspón para el PRI, y en prácticamente nada le afectarán en las elecciones de junio próximo. El problema, dicen analistas, es que el resto de los partidos también tienen cola que les pisen.
Ciudad de México, 10 de marzo (SinEmbargo).– Si el Presidente Enrique Peña Nieto vive en una casa financiada por uno de sus principales contratistas, o si el Gobernador chihuahuense César Duarte Jáquez compró acciones de un banco, o su colega veracruzano Javier Duarte de Ochoa enfrenta la mayor cantidad de asesinatos de periodistas en la historia de México, ¿pagará el Partido Revolucionario Institucional (PRI) algún costo electoral este 2016?
En opinión de analistas, sí, pero no lo suficiente como para perder los comicios. Un ejemplo, comenta el investigador en temas de opinión pública y comportamiento electoral, Nicolás Loza Otero, es la elección federal de 2015 –en el contexto de la revelación de la transacción con la que la ahora Primera Dama Angélica Rivera adquirió la “Casa Blanca” y de la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Ayotzinapa–, cuando el PRI obtuvo sólo un 29 por ciento de la votación para la Cámara de Diputados; es decir, sólo lo que generó el denominado “voto duro”, o cooptado a través de dádivas.
“Es la peor elección en intermedia de todos los años en los que el PRI que ha tenido la Presidencia. Su nivel de votación fue sólo comparable a la votación (obtenida por el Partido Acción Nacional) en la intermedia de Felipe Calderón”, –dice Loza Otero, académico de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
Pero si esta expresión de castigo electoral no se percibe de manera contundente, agrega, es porque el PRI mantiene una alianza con otros partidos que apoyan sus decisiones, como el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el de Nueva Alianza (Panal), además de enfrentar a una oposición que, en el caso de la izquierda, llegó a la elección federal pasada fragmentada entre el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), y el Movimiento Ciudadano (MC).
Entonces, aunque el resultado no fue suficiente para restarle poder de maniobra, “sí hay una traducción” en las urnas del descontento que enfrenta el partido en el Gobierno, advierte el investigador.
LA IMPORTANCIA DEL VOTO DURO
Loza y otros académicos fueron consultados con respecto al impacto que temas de corrupción recientes –como la existencia de la “Casa Blanca” o el banco presuntamente adquirido por el chihuahuense Duarte– podrían tener en el resultado electoral del próximo 5 de junio, cuando el Partido Revolucionario Institucional disputará desde el Ejecutivo estatal 10 de las 12 gubernaturas que se eligen este año.
Al respecto, los entrevistados coincidieron en que, si bien hay antecedentes de resultados electorales que indican que la población ha ejercido votos de “castigo” –como los cinco estados que en 2015 cambiaron de partido en el Gobierno–, en general, la movilización del denominado “voto duro” del PRI es capaz, estiman, de asegurarle hasta tres de cada diez sufragios en cada distrito.
La oposición, agregan, ha mostrado en 30 años de alternancia no ser capaz tampoco de combatir la corrupción política ni de estar exenta de este tipo de prácticas, por lo que enfrenta una profunda crisis de legitimidad y representatividad que ha generalizado la percepción de que todos los partidos “son los mismo”.
Y es esta suma de contextos, coinciden los entrevistados, lo que mantiene al PRI como un competidor fuerte en 2016 aun en medio de los cuestionamientos a sus Gobiernos.
“El PRI acumula una serie de elementos básicos para ganar una elección, que se puede hacer mediante el uso de recursos, y éstos están de su lado para comprar conciencias”, dice Álvaro Arreola Ayala, académico del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
“Tiene una estructura y organización con 87 años que no ha sido para menos; es una estructura fuerte, electoralmente hablando, que depende de la compra de votos y, en este escenario, cuando se cuenta con los recursos y la estructura mínima como la que tiene, ahí conserva eso que llamaríamos el ‘voto duro”, explica.
Una investigación de SinEmbargo publicada el lunes encontró que el voto corporativo priista ha descendido de 1988 a la fecha de los casi 20 millones que presumía entonces el extinto dirigente gremial Fidel Velázquez Sánchez, hasta 1.6 millones que suman actualmente las confederaciones de Trabajadores de México (CTM) y la Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), entre otras.
EL DESGASTE DE LA IMAGEN
La administración federal priísta enfrenta, además, un desgaste en su imagen agudizado desde 2014, de acuerdo con diversas críticas internacionales, por indicios de hechos de corrupción como la adquisición de la llamada “casa blanca” de la familia presidencial y graves casos de violaciones a derechos humanos como la desaparición de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero.
El asesinato de 17 periodistas en Veracruz, gobernado por ese partido, más irregularidades en el manejo de los recursos públicos por más de 35 mil millones de pesos desde 2011, convirtieron al titular de su Poder Ejecutivo, Javier Duarte de Ochoa, en un ejemplo de impunidad del que hasta sus correligionarios han buscado deslindarse.
Pero todo eso, coinciden los análisis, podría carecer de peso en la definición de triunfos priistas frente a la cooptación de votos que sigue tan vigente como la denunciada en Veracruz en 2013, cuando el Partido Acción Nacional (PAN) dijo haber encontrado una red de más de 50 funcionarios dedicados a usar los recursos contra la pobreza para movilizar votantes a favor del tricolor.
“No es parte de la historia; la asociación elecciones-pobreza aún está viva. De hecho, los procesos electorales no se entienden sin la consideración del fenómeno”, dijo el analista electoral Eduardo Huchim May.
El mismo artículo de SinEmbargo hace notar que tres de los estados en disputa ocupan los primeros lugares nacionales en indicadores de pobreza, como Puebla, que es segundo lugar en proporción de población con ingresos considerados insuficientes para sus necesidades básicas, o 4.3 millones de personas; Oaxaca, con el tercer lugar en este indicador, o 2.7 millones de habitantes; y Veracruz, con cinco millones de personas en esta condición. Dos de estos tres son gobernados actualmente por partidos de oposición.
NO SÓLO ES EL PRI, SON TODOS
Otro contexto que fortalece al partido tricolor, agregan las fuentes entrevistadas, es el hecho de que, en casi 30 años de alternancia, la oposición política no ha mostrado señales de estar exenta de la corrupción ni de, una vez en el poder, tener intención de combatirla.
“Definitivamente, no es inmune; pero el problema es que los escándalos no sólo tocan al PRI, sino al conjunto de los partidos, lo cual genera un rechazo generalizado y, particularmente, un gran desencanto a los partidos de oposición”, dice Álvaro López Lara, investigador del Departamento de Relaciones Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana–Xochimilco.
“Da la impresión que los escándalos son mas numerosos y frecuentes en el PRI, porque tocan a la propia Presidencia, y el efecto que uno esperaría es que el nivel de popularidad del Presidente estuviera en caída libre, y un fortalecimiento de la oposición, pero los partidos de oposición no han mostrado particular interés en denunciar los actos de corrupción, de castigarlos; hay como una regla entre partidos de tolerar la corrupción de los otros, esperando un pago futuro”, agrega.
El efecto es un desencanto y un repudio generalizado contra los partidos, explica López Lara.
“Pareciera que acusar a alguien de corrupto ha dejado de ser un elemento de distinción”, dice Loza. “Ahí esta la principal razón de que el castigo electoral no sea tan grande por motivos de corrupción”, agrega.
Para el historiador Lorenzo Meyer Cossío, un momento crucial en el que la oposición mostró no responder ante la coyuntura fue en el año 2000, cuando el PRI perdió por primera vez una elección por la Presidencia de la República en 71 años. Pero el ganador, el panista Vicente Fox Quesada, en lugar de cumplir su ofrecimiento de castigar a la corrupción priista, pactó con los gobernadores, dice el investigador en entrevista, y desperdició la oportunidad de transformar, desde el poder, la vida pública.
“Pudo haber sido un ejemplo de democracia si el 2000 nos hubiera funcionado, si hubiéramos tenido un gobernante y una clase gobernante a la altura de su reto, pero tuvimos a Fox y a los suyos, que estaban por debajo de la media en términos de responsabilidad y de capacidad y de idea del Estado y del futuro de la gran responsabilidad política que tuvieron”, dijo Meyer.
Y por esta combinación de factores, reitera Loza, es que pareciera que el PRI no está pagando el costo político de tener gobernantes vinculados con prácticamente probablemente corruptas.
“Reiteraría este dato: El PRI tuvo 29 por ciento de los votos, quiere decir que el 70 por ciento del electorado no votó por ellos. Pero ese voto se fragmentó, y como el PRI tiene mayor uniformidad en su presencia en el país, con el 29 por ciento de un distrito puede ganar, que es un poco más del voto duro”, dice.
“En tanto el electorado fragmente su voto, veremos que los partidos que tienen votantes duros son los que mantengan mejores condiciones en la contienda, y eso fue lo que le pasó al PRI”, explica.
El académico insiste en recordar los antecedentes en los que el electorado mexicano ha mostrado ser capaz de expresar castigo a través de las urnas, como 2000, dice, “por esta imagen de corrupción, de partido que había agotado su capacidad de gobernar”.
Y EL DINOSAURIO REGRESÓ...
Otro caso es la derrota del PAN en 2012, agrega, “en parte porque no logró trasmitir la idea de ser partido que luchó contra la corrupción”.
O en 2015, recuerda, cuando cinco de los nueve estados que eligieron Gobernador optaron por la alternancia y, tres de ellos, removieron al PRI del Gobierno: Nuevo León, que perdió ante el ex priísta y hoy independiente Jaime Rodríguez Calderón; Querétaro, donde Acción Nacional recuperó el Ejecutivo y Michoacán, donde también recuperó el Partido de la Revolución Democrática.
Pero rumbo a 2018, considera Arreola Ayala, todo indica que la oposición depurará sus estrategias para enfrentar, junto con el PRI, a Andrés Manuel López Obrador, hasta el momento uno de los aspirantes presidenciales a vencer en la izquierda.
Éste, además, recuerda Meyer, enfrenta el proceso de desgaste generado por la campaña de miedo en su contra apoyada desde 2006 por las principales cadenas televisoras.
Pero existe sobre todo, dice Arreola Ayala, el “cinismo” de gran parte de la población mexicana, “que ha demostrado a lo largo de los años una enorme capacidad para soportar, no sólo al PRI, sino a los demás partidos y sus dirigencias”.
La agudización de la pobreza, agrega, ha ampliado además el número de personas dependientes de las dádivas, por lo que no descarta otros triunfos electorales del PRI aun en estados con graves problemáticas o desgastes gubernamentales, como Veracruz o Chihuahua.
Una prueba, dice, es el Estado de Guerrero, donde se generó una de las mayores violaciones a los derechos humanos de los últimos años y donde aun así, recuerda, ganó el candidato priista, Héctor Astudillo Flores.
“En 2016, el PRI no perderá ni en Veracruz ni en Chihuahua, si en 2015 ganó en Guerrero, que es lo más dramático que ha visto la sociedad mexicana”, prevé.
