Desde 2012 y hasta al momento de su arresto, Nestora se había desempeñado como dirigente de la Coordinación Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) del estado de Guerrero.
Por Giovanna Salazar
Ciudad de México, 23 de febrero (SinEmbargo/Global Voices).– «Les escribo desde la cárcel, donde estoy detenida desde hace 30 meses, por un supuesto secuestro que nunca ocurrió. Yo, como muchos prisioneros políticos del país, estoy encerrada por luchar por la paz y por la justicia. Este sí es un verdadero secuestro”. Con estas palabras la activista indígena y ex dirigente de la policía comunitaria en Olinalá, Guerrero, Nestora Salgado, inicia una petición en línea para solicitar a las autoridades respectivas que procedan con su liberación. Dicha petición es una entre varias acciones que se han tomado para exigir la puesta en libertad de la defensora y para visibilizar los atropellos y arbitrariedades que se han cometido en su contra desde el 21 de agosto de 2013, día de su detención.
Desde 2012 y hasta al momento de su arresto, Nestora se había desempeñado como dirigente de la Coordinación Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) del estado de Guerrero, un sistema de seguridad y de justicia comunitario creado en 1995 para enfrentar la delincuencia en la región.
La CRAC-PC, como la gran mayoría de las policías comunitarias, es un modelo auto-organizado de seguridad alternativo a los cuerpos policiales institucionales que se guía por los usos y costumbres de los pueblos y comunidades donde está presente. Sin embargo, a diferencia de otras polcías comunitarias que operan en territorio mexicano, la CRAC-PC obtuvo reconocimiento por parte del gobierno estatal en 2011, a través de la ley 701 de “Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero”.
Una detención polémica
De acuerdo con una coalición de organismos de derechos humanos, conformada por la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, y la Red Nacional “Todos los Derechos para Todas y Todos”:
La detención de la defensora se realizó tras un aparatoso operativo integrado por miembros del Ejército Mexicano, la Marina, la Policía Estatal y Policía Municipal de Olinalá, sin que se le mostrara orden judicial de detención emitida por alguna autoridad competente, ni se le informara de las razones de su detención.
Desde un inicio, dicha detención estuvo plagada de irregularidades que evidenciaron flagrantes violaciones al derecho a la libertad personal, en el marco de falta absoluta de respeto y garantía al debido proceso legal y otras violaciones a sus derechos humanos”.
Nestora fue detenida junto con otros 30 integrantes de la CRAC-PC, bajo los cargos de secuestro y delincuencia organizada. Sin embargo, dichos cargos se originan de acciones que realizaron en consonancia con las atribuciones y deberes de la policía comunitaria. Tal como lo destaca el medio digital Animal Político:
La defensa de la líder rechaza que haya cometido secuestro, toda vez que las supuestas víctimas eran personas que habían cometido alguna falta en la comunidad, detenidas por la policía comunitaria y recluidas en la casa de justicia de Olinalá”.
Asimismo, dado que las actividades de la CRAC-PC son parte de un sistema de justicia indígena legalmente constituido, el criterio de “delincuencia oganizada” no es aplicable.
Del mismo modo, se acusa a las autoridades de haber detenido de Nestora y a otros miembros de la policía comunitaria de Olinalá más bien por cuestiones políticas. De hecho, la investigadora Aída Hernández Castillo en el documental sobre criminalización de la justicia indígena en el país México: pueblos indígenas ante la justicia denuncia:
«Nestora descubrió una red de prostitución infantil y de tráfico de mujeres que estaba funcionando en su municipio con total impunidad por las autoridades del estado”.
Cabe señalar que en marzo de 2014, un juez exoneró a Salgado de los cargos que se le imputaban y ordenó su inmediata liberación, al reconocer que la defensora había actuado legalmente como líder comunitaria, y que las detenciones realizadas por la CRAC-PC, en efecto, cuentan con el respaldo jurídico de la Ley 701. Sin embargo, esto no redundó en su libertad.
Muestras de solidaridad
En vista de lo anterior, colectivos como Libertad para Nestora/Free Nestora Salgado! se han dado a la tarea de intensificar sus acciones y exigencias, recurriendo sobre todo al uso de redes sociales como Twitter y Facebook para organizar acciones de solidaridad con la activista.
A lo largo de estos años, diversas marchas y protestas se han organizado como parte de los esfuerzos por visibilizar el caso y exigir su liberación. La marcha #NestoraLibre realizada en 2015 y documentada por Somos el Medio es tan sólo un ejemplo de tales movilizaciones:
Organismos internacionales también han intervenido en favor de la líder indígena. Tal es el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la cual, en enero de 2015, otorgó medidas cautelares para proteger la vida y la integridad personal de Nestora, en vista de las denuncias que recibió por las condiciones de detención y el deterioro de salud de la activista.
Asimismo, en marzo de 2015, expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) condenaron el tratamiento de Nestora. De acuerdo con información de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle, que lidera los esfuerzos internacionales por Nestora (quien también cuenta con la ciudadanía estadounidense):
«Siete expertos de Naciones Unidas se han comunicado con el Estado de Mexico para proteger a Nestora Salgado-García de Renton, Washington, EU El Presidente del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, y los Relatores sobre la violencia contra la mujer, la Tortura, los Defensores de Derechos Humanos, la Independencia de los Jueces y Abogados, los Pueblos Indígenas, y la Salud han firmado la acción urgente dirigida al Gobierno Mexicano […] Han analizado la información que presentamos y están de acuerdo de que sus derechos fundamentales están en grave riesgo: la vida, la salud, la cultura indígena, y el debido proceso, entre otros».
“Si me quieren destrozar, no lo van a lograr”
El más reciente respaldo provino del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU a través de su resolución 56/2015, dada a conocer en febrero de este año. En dicha resolución, los expertos de Naciones Unidas determinaron que la detención de Nestora fue “ilegal y arbitraria” e incluso afirmaron que pareciera que ella “fue perseguida debido a su lucha por los derechos de la población indígena” y manifestaron su preocupación “por la existencia de lo que parece un patrón contra los defensores de derechos humanos” en el país, por lo que señalan que el Estado mexicano debe liberarla inmediatamente.
Nestora, sus familiares y su comunidad se mantienen en la lucha y con ello exigen se respete su derecho como pueblo originario a auto-organizarse. En palabras de Nestora, a través del medio independiente, Desinformémonos:
«Si me quieren destrozar, quiero que sepan que no lo van a lograr porque tengo la convicción de ser inocente. El ser inocente me llena de fortaleza y de coraje para reclamarles que lo que están haciendo conmigo es una arbitrariedad, una crueldad. […] Yo no soy una delincuente”
