Junto con Venezuela, México es el país más atrasado de la región en materia de avances con respecto a los derechos humanos. A nivel mundial es una de las 20 naciones en las que recomienda poner mayor atención. De acuerdo con el informe, el Estado no sólo ha sido incapaz de proteger a los mexicanos de la violencia, sino que, en algunos casos, ha sido coparticipe de los atropellos a los derechos humanos de la población a través de las fuerzas de seguridad pública.
Ciudad de México, 23 de febrero (SinEmbargo).- El informe anual de Amnistía Internacional (AI) 2015 reveló que los atropellos a los derechos humanos en México se agravaron en comparación con un año atrás. La organización sostuvo que la política del Gobierno federal de no reconocer la crisis derivó en que el país sea junto con Venezuela, el más atrasado en la región en materia de derechos humanos.
“En Latinoamérica hay dos países que nos preocupan y que resaltamos, uno es México y el otro es Venezuela. También, a nivel mundial México es uno de ellos. Estaría en la lista de los 20 donde más atención se necesita”, dijo el director de Amnistía Internacional México, Perseo Quiroz Rendón.
En el capítulo que corresponde a México, AI apuntó que aún se mantiene la impunidad por delitos como la tortura, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales. Y que existen poblaciones vulnerables, entre ellas las mujeres, las comunidades indígenas y los migrantes, al tiempo que las amenazas a la prensa son constantes.
De acuerdo con el informe, el Estado no sólo ha sido incapaz de proteger a los mexicanos de la violencia, sino que, en algunos casos, ha sido coparticipe de los atropellos a los derechos humanos de la población a través de las fuerzas de seguridad pública.
“En algunas partes de la república, las fronteras entre lo que son las fuerzas y el crimen organizado son muy borrosas. Una política como esta, de mano dura, lo que te genera son consecuencias de altos índices de tortura”, dijo Quiroz.
El documento expuso que, en enero del año pasado, 16 personas desarmadas murieron a manos de agentes de la Policía Federal y otras fuerzas de seguridad en Apatzingán, Michoacán. Un hecho que fue denunciado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Y en esa misma entidad, más de 40 personas murieron en mayo en una operación policial en Tanhuato. “Las investigaciones sobre esos delitos no se hicieron públicas, y al finalizar el año no se había procesado a nadie”, cita el documento de AI en la parte que corresponde a México.
El documento recuerda, en la mayoría de aspectos que conforman la crisis de derechos humanos, que no hay transparencia para que las organizaciones civiles puedan escrudiñar sobre presuntas violaciones de derechos humanos.
“Lo que estamos reportando no es nuevo, sino que lo venimos reportando desde hace varios años. Son cosas que no se gestaron en el 2015, sino que desde años atrás, por falta de atención oportuna”, agregó Perseo Quiroz.
DESAPARICIONES Y TORTURA
En México no sólo hay 27 mil desaparecidos, sino que la búsqueda por la justicia tiene amplios rezagos. De acuerdo con AI, las desapariciones, tanto a manos del Estado, como de grupos criminales, son una práctica generalizada.
“Hemos tendido a normalizar varias de las cosas que suceden en este país. Y no hemos entendido que esto en realidad nos afecta a todos”, consideró el director de AI México.
El informe acusó que al terminar el año, el Gobierno de México dio a conocer que 27 mil 638 personas se hallaban en paradero desconocido, pero no especificó cuántas de ellas habían sido sometidas a desaparición forzada.
“Por lo general, las pocas investigaciones criminales sobre esos casos presentaban deficiencias , y las autoridades no buscaban a las víctimas. La impunidad por esos crímenes seguía siendo casi absoluta”, añade el trabajo.
Especial lugar tiene la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. AI recordó que el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) desestimó la “verdad histórica” que había construido el Gobierno en torno al caso de los normalistas, al negar que hubieran podido ser incinerados en el basurero del municipio de Cocula, Guerrero.
Pero además, recordó que si bien el GIEI informó que hubo agentes de inteligencia militar vestidos de civil que habían vigilado a los estudiantes durante los ataques y las detenciones, un hecho del que estuvieron al tanto las autoridades, al finalizar el año ninguno de las más de 100 personas arrestadas por este caso fue acusada por desaparición forzada.
En el caso de la tortura, Perseo Quiroz dijo que los casos se duplicaron, en relación a los contabilizados en el 2014. Asimismo, el informe refirió que las iniciativas del Presidente, anunciadas el 10 de diciembre, para atender este delito fueron deficientes.
“Como en años anteriores, en la mayoría de los casos no se aplicaron los dictámenes forenses especializados de la Procuraduría General de la República para supuestos de posible tortura; había más de mil 600”, cita el trabajo.
POLÍTICA DE INDIFERENCIA
El documento indica que México es un país reacio al escrutinio internacional, y aceptar los atropellos que suceden dentro de su territorio.
“Yo creo que han jugado un rol en más de administrar las crisis, más que en darle una solución. Administrar el problema, calmar un poco mediáticamente las aguas, y ver que esto no tenga implicaciones políticas, pero no hay una voluntad real de solucionar esta crisis”, abundó Quiroz.
Esto se pudo ver en las reacciones con dureza ante las críticas internacionales en materia de derechos humanos.
