Ante el rumor de la posible llegada de Cristina Díaz Salazar, miembro del PRI, a la Profeco, defensores de los derechos de los consumidores se mostraron preocupados. Piden que el próximo titular de la Procuraduría Federal del Consumidor sea alguien sin conflicto de interés, es decir: sin relación con sectores comerciales y con los actores principales del poder político en México.
Ciudad de México, 16 de febrero (SinEmbargo).– En estos tres años que van de la actual administración, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) va por su cuarto cambio de titular, situación que para organizaciones civiles defensoras de los derechos del consumidor resulta preocupante por la falta de continuidad que podrían sufrir algunas políticas en las que se logró avanzar.
Por la unidad encargada de defender los derechos de los consumidores y de legislar a favor de la población, han pasado funcionarios como Humberto Benítez Treviño, que dejó el puesto después de un escándalo protagonizado por una de sus hijas que amenazó con clausurar un restaurante en la Colonia Roma porque la hicieron esperar por una mesa.
Benítez se fue y llegó Alfredo Castillo Cervantes, a quien tiempo después Enrique Peña Nieto nombró Comisionado para la Seguridad en Michoacán. Derivado de esto, llegó Lorena Martínez, quien dejó la Profeco en diciembre de 2015 para ser candidata a la gubernatura de Aguascalientes por el Partido Revolucionaria Institucional (PRI).
Especialistas en el tema dijeron a SinEmbargo que resultaba preocupante que en la Profeco hubieran ya más cambios que años transcurridos. El escenario se agravaría ante la posibilidad de que la persona que sea designada no cuente con la experiencia en derechos del consumidor y por el contrario, pueda estar ligada a intereses particulares.
En este sentido, ya existen rumores sobre la llegada de Cristina Díaz, funcionaria que tiene su trayectoria en diversos puestos del PRI; fue Diputada local por ese partido en Nuevo León y actualmente es líder de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP).
Desde 2010, la organización El Poder del Consumidor señaló el actuar de Díaz. En ese año promovió en la Cámara de Diputados una ley creada por la industria refresquera y la asociación empresarial ConMéxico, con el fin de contrarrestar el incipiente debate de la regulación de la venta de alimentos y bebidas chatarra dentro de las escuelas.
En ese entonces se divulgaron fotografías de Cristina Díaz en las que se le veía participando en campamentos de verano para niños, mientras se promocionaba el consumo de Coca Cola. Esos actos los realizó mientras era Presidenta municipal de Nuevo León y cuando la refresquera asumió el compromiso de no realizar publicidad dirigida a menores de 12 años de edad.
“El concepto de ‘derechos del consumidor’ y las leyes a su favor, existen para que los pequeños puedan protegerse y competir con los grandes, razón por la cual es importante la decisión que el Ejecutivo tome al respecto de quién ocupará ese puesto”, comentó Alejandro Calvillo Unna, Director General de la organización El Poder del Consumidor.
La persona que sea designada –agregó– debe ser alguien de quien se tenga evidencia haya defendido en su trayectoria los derechos de los consumidores y que se tenga la misma evidencia de que no existe conflicto de interés con ningún sector comercial
“Eso es lo fundamental que debe tener un procurador o procuradora de los consumidores. Lo ideal es que tenga experiencia en los derechos de los consumidores. Se ha visto a nivel mundial, que cuando los funcionarios vienen de una carrera en la que han estado en el área hay una diferencia muy radical en la creación e implementación de las políticas públicas”, dijo Calvillo Unna, quien calificó como preocupante los nombres que hasta el momento se han escuchado.
Para la investigadora de la misma organización Fiorella Díaz, con la última administración de la Profeco se lograron dar pasos favorables para los consumidores, por lo que instó a cuidar el próximo nombramiento para que esto no traiga retrocesos.
“El hecho de que haya muchas personas a cargo es una falta de continuidad de los tomadores de decisiones y es una de las barreras para poder implementar las políticas y después evaluarlas. Había avances. Se estaban proponiendo políticas que fueran más para el interés público que para el interés de las industrias, por lo que preocupa que quien entre trabaje más a favor del interés comercial que del interés público. Ojalá que no sea así”, señaló Espinosa.
