A cinco meses que termine el plazo para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal falta capacitar a agentes y ministerios públicos, y establecer procesos penales basados en la reparación de daño. Pero, más importante aún, expertos en Derecho temen que las inercias del sistema impidan una nueva forma de garantizar justicia.
Ciudad de México, 2 de febrero (SinEmbargo).– El plazo para la entrada en vigor en todo el país del Nuevo Sistema de Justicia Penal avanza y a las instituciones encargadas de aplicarlo, plantearon investigadores y académicos, aún les falta legislación y preparación ante objetivos medulares de la reforma adicionales a los juicios orales, como la solución “alternativa” de conflictos, la reparación del daño a las víctimas y el funcionamiento de las cárceles.
De acuerdo con los autores de la investigación “Ensayos sobre la implementación de la Reforma Penal en México”, la justicia “alternativa” o “Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias” buscan restar presión al sistema judicial y al penitenciario promoviendo salidas distintas a los procesos penales basadas en la reparación del daño a las víctimas por parte de los responsables de los delitos.
En las procuradurías del país, sin embargo, dijo Ana Elena Fierro Ferráez, no está claro quién se dedicará a conducir este tipo de actividades de mediación entre las partes ni aun en qué tipo de ilícitos se promoverán salidas alternas.
“Estamos a cinco meses de que el nuevo procedimiento penal tenga que estar implementado en toda la República, y falta mucho por definir”, dijo Fierro Ferráez, coordinadora de la maestría en Administración y Políticas Públicas del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).
“¿Cuál es el perfil del mediador? ¿Es distinto del conciliador? Porque la Ley hace distinción entre mediadores, conciliadores y quienes aplicarán mecanismos de justicia restaurativas (…) ¿Se harán nuevas contrataciones o se capacitará al personal con el que ya se cuenta? Y, si es así, ¿a quién? ¿Dónde estarán estos centros (de justicia alternativa)? ¿Cómo estarán organizados?”, planteó.
Sobre el objetivo de “reparación del daño” a las víctimas, expuesto en el texto como aspecto central en la “restauración del tejido social”, la investigación encontró también que el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales carece de claridad sobre cómo garantizar su cumplimiento.
“No existe en verdad un proceso claro para su cumplimiento dentro del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, ni una autoridad propiamente capacitada para identificar las acciones u omisiones que constituyan una reparación adecuada del daño y, menos aun, para darle seguimiento a su cumplimiento”, dice el texto.
“Así, queda de cierta manera desahuciado y, en algunos casos, hasta perdido en un limbo jurídico, el derecho a la víctima a la reparación del daño y la manera en que ésta deba solicitarlo”, agrega.
OTRO PENDIENTE DEL LEGISLATIVO
Otro faltante fue la aprobación de una Ley Nacional de Ejecución Penal que regule la operación de centros penitenciarios –hoy “parte olvidada” de todo el sistema de justicia penal- y que, sin embargo, comentaron, no es prioritaria en la agenda de los legisladores.
“A escasos meses de que concluya el plazo para la implementación de la reforma constitucional de justicia penal, la etapa de creación normativa en el tramo de la ejecución penal no sólo no ha concluido, sino que ni siquiera existen los consensos necesarios entre el Congreso de la Unión y el Gobierno federal para la aprobación de esta legislación”, dice el texto.
El próximo 18 de junio entrará en vigor en todo el país, y para todo tipo de delitos, el nuevo procedimiento penal que, entre otras características, implica la sustitución de juicios escritos por juicios orales y la eliminación del valor probatorio de las confesiones de los detenidos.
Los avances en la preparación de los operadores, sin embargo, son “asimétricos” entre todas las instituciones, dijo María Novoa, directora del área de Justicia del Centro de Investigación para el Desarrollo (Cidac). Los jueces, dijo, están mejor preparados que los agentes del ministerio público y éstos que los defensores y los policías. Hay también disparidad entre agentes federales y estatales y, sobre todo, agregó, entre las entidades federativas, ya que mientras Chihuahua tiene nueve años procesando delitos con el sistema penal acusatorio, en Sonora éste entró en vigor apenas en diciembre pasado.
El principal rezago, sin embargo, agregó Novoa, sigue siendo la preparación de los encargados de la investigación de los delitos, aun entre los agentes de las entidades donde el nuevo sistema tiene casi una década.
“Donde vemos la mayor falla es en la investigación criminal; todavía no tenemos una investigación de calidad, y más ahora que este nuevo sistema plantea estándares probatorios mucho más altos y no estamos como país en las capacidades reales, nuestros agentes del ministerio público, policías de investigación y peritos, para lograr esa trilogía de investigación efectiva que pueda dar resultados”, dijo en entrevista.
“Todavía hay una investigación por flagrancia; el gran porcentaje es porque tenemos en el momento al detenido y con eso entramos a un proceso, pero ya en investigaciones sin detenido, no se avanza”, agregó.
Cifras de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec) mostraron a mediados de enero que el Gobierno federal ha capacitado a menos de tres de cada diez de los agentes policiacos de las entidades federativas.
En cifras totales, de acuerdo con el reporte, han recibido cursos de capacitación por parte del Gobierno federal 58 mil 971 agentes municipales y estatales de un total de 280 mil 959 que, de acuerdo con el conteo de Setec a enero, hay en las 32 entidades de la república.
A mediados de enero, la directora del programa para México de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) advirtió en entrevista que uno de los mayores retos de la preparación era lograr transformar la “mentalidad” de operadores del proceso de justicia cuyo nivel en general, dijo, es el de quienes han investigado la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
El reto de trascender las “inercias” del actual sistema fueron también planteadas. “El problema es la operación, más allá de la capacitación”, dijo Alejandro Magno González, también coautor del texto. “A los policías, si les haces una evaluación del conocimiento de la función policial, la tienen clara; pero, de eso a que la lleve a cabo, no sucede, porque tiene que ver con el convencimiento, los principios, factores que van más allá del conocimiento. He platicado con policías a los que les pregunto cuál es su función, y te dicen claramente, conforme a la ley, pero al final ‘si (el detenido) se porta mal, me las va a pagar’; es decir, no está convencido, que finalmente es la parte importante, qué significa el respeto a los derechos humanos”, agregó.
