Chihuahua, Distrito Federal, Estado de México, Chiapas, Guerrero, Veracruz y Oaxaca son los que lideran los índices de opacidad, deuda y violaciones a los derechos humanos, en índices de organismos nacionales. Sólo nueve gobernadores han presentado la declaración patrimonial #3de3, un ejercicio ciudadano diseñado por el Instituto Mexicano de Competitividad.
Ciudad de México, 29 de enero (SinEmbargo).- Los estados que mas deuda pública y per cápita tienen actualmente son los menos transparentes, los que menos crecen y los que tienen más recomendaciones por violaciones a los derechos humanos, según información obtenida por SinEmbargo en las bases de datos de diversas fuentes, como el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Casos como el Distrito Federal, la ciudad con más población en el país, es emblemático: tiene una de las deudas más grandes, que asciende a 65 mil 800 millones de pesos, 7 mil 427.30 pesos per cápita, de acuerdo con los datos al tercer trimestre de 2015 del “Reporte de Deuda Subnacional del IMCO”, basado en indicadores de Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Además está reprobado en transparencia presupuestaria con 56 puntos según el índice de Información Presupuestal Estatal 2015 del IMCO. El Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera Espinosa, por ejemplo, no ha presentado su declaración patrimonial, de intereses y fiscal en la plataforma #3de3 del IMCO y la organización Transparencia Mexicana.
Según la información del IMCO, sólo nueve gobernadores han cumplido con el ejercicio de transparencia: Baja California, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora.
Ernesto Gómez Magaña, director Ejecutivo de la organización Participación Ciudadana, dijo que los ciudadanos están demandando un cambio y la legitimidad de los servidores públicos.
“El hecho de que hasta el día de hoy la transparencia sea un reclamo, quiere decir que los servidores públicos no están tomando en cuenta como norma de conducta esta petición”, explica.
Los informes sobre la deuda pública y la transparencia presupuestal son básicas, dijo, pero la declaración patrimonial y el conflicto de interés es por demás, una muestra de querer combatir la opacidad.
“Cómo podemos confiar que se lleve a cabo una buena gestión, si no tenemos los datos personales del Gobernador a cargo”, anota.
En el caso del DF, es una de los lugares que menos creció en el segundo trimestre de 2015, con respecto al mismo periodo de 2014, de acuerdo con el Inegi con 1.1 por ciento, y posee seis recomendaciones por violaciones a derechos humanos dirigidas al Estado o al Jefe de Gobierno por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) entre 2013 y 2015.
LOS ESTADOS DE LOS DUARTE
Otra de las entidades que siguen un patrón similar al DF es Veracruz, que tiene una deuda de 37 mil 400 millones de pesos y un crecimiento de 0.0 por ciento, de acuerdo con datos del Inegi.
El estado que gobierna el priista Javier Duarte de Ochoa es también uno de los más opacos en transparencia presupuestaria con 71 puntos, en comparación con entidades como Jalisco, Coahuila y Puebla.
El Gobernador Duarte de Ochoa, al igual que la mayoría de los mandatarios, no ha realizado su declaración patrimonial #3de3.
Además, la entidad tiene ocho recomendaciones de la CNDH dirigidas al Gobernador y al estado en el lapso de dos años.
La administración de Duarte de Ochoa está marcada por la violencia, inseguridad, pobreza. Sin embargo, ha minimizado en reiteradas ocasiones la violencia que se vive en su entidad, llegando incluso a declarar que en Veracruz ya no se hablaba de balaceras y asesinatos, sino “de que se robaron un Frutsi y unos Pingüinos en el Oxxo”.
“Antes se hablaba de balaceras y asesinatos, de participación de la delincuencia organizada, y hoy hablamos de robos a negocios, de que se robaron un Frutsi y unos Pingüinos en el Oxxo”, dijo en alguna ocasión. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de diciembre de 2010 a agosto del año pasado en Veracruz hubo 3 mil 136 asesinatos.
En pobreza, Veracruz no se queda atrás: En 2010 el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) reportó que en el estado aproximadamente el 62 por ciento de la población percibía ingresos por debajo de la línea de bienestar. En 2012 el porcentaje bajó al 56 por ciento, pero para 2014 la cifra era de 63 por ciento. Durante los primeros tres años de gobierno de Duarte los veracruzanos en pobreza extrema en la entidad disminuyeron en un ligero porcentaje, pasando de un estimado de un millón 590 mil a 1 millón 263 mil. Sin embargo, durante 2014 los pobres en Veracruz repuntaron de acuerdo con el Coneval, y se colocó como la segunda entidad con más pobres.
De los dos millones de pobres más durante ese año, el Estado de México (Edomex) aportó 941 mil 200 y Veracruz 492 mil 480, es decir representó 24.7 por ciento del total.
En la entidad gobernada por Duarte los pobres pasaron de 52.6 por ciento a 58 por ciento, colocándose por encima de la media nacional.
El 28 de octubre pasado el Congreso de Veracruz aprobó la contratación de deuda por más de 21 mil millones de pesos solicitada por Javier Duarte de Ochoa.
Con 35 votos a favor y 9 en contra y una abstención, los diputados locales avalaron que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) use como fuentes de pago participaciones y aportaciones de la Federación e ingresos generados por la entidad.
La aprobación de los recursos tiene como fin pagar la deuda del estado para lo que se destinaron 15 mil millones de pesos, otros 5 mil millones pesos para el mismo fin y para “inversiones público-productivas en materia de obras y acciones sociales básicas que beneficien a la población en pobreza extrema o a localidades con alto rezago social” se permitió un endeudamiento de hasta mil 700 millones de pesos.
Chihuahua, el estado que gobierna César Duarte Jáquez, sigue los pasos de Veracruz, según los datos obtenidos. La entidad lidera la lista de los estados más endeudados, menos transparentes y con el mayor número de recomendaciones de la CNDH en materia de derechos humanos.
El estado tiene una deuda pública de 41 mil 300 millones de pesos, una calificación de 66 puntos en transparencia presupuestaria, una de las deudas per cápita más grandes con 11 mil 127.40 pesos por cada habitante, un crecimiento de 3.6 por ciento y cuatro recomendaciones por violaciones a los derechos humanos dirigidas al Gobernador o al Estado.
EL NUEVO LEÓN DEL “BRONCO”
Sin bien el Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como “El Bronco”, es uno de los gobernadores que cumplen con la declaración #3de3 del IMCO y Transparencia Mexicana, su entidad pasó de panzazo la trasparencia presupuestaria con 61 puntos y es una de las más endeudadas del país con 56 mil millones de pesos y 11 mil 005.90 pesos por persona.
Nuevo León tiene dos recomendaciones de la CNDH al igual que Hidalgo, Jalisco, Zacatecas, Yucatán y Quintana Roo.
En el caso de Chiapas, Guerrero, Michoacán, Puebla y Oaxaca, aunque su deuda pública no se compara a la del Distrito Federal y Nuevo León, su crecimiento es menor, al igual que su calificación en transparencia presupuestaria – excepto Chiapas – y lideran la lista en recomendaciones de la CNDH por violaciones a los derechos humanos con 8, 9, 6 (uno considerado grave), 3 ( uno considerado grave) y 11 casos, respectivamente.
De la lista, Michoacán es uno de los estados reprobados con 52 puntos en transparencia presupuestaria y con -2.0 por ciento de crecimiento.
Campeche, Coahuila y Tabasco son las entidades que aunque están bien calificadas en transparencia presupuestal, tuvieron un crecimiento negativo según los datos del Inegi con -8.4 por ciento, -2.1 por ciento y -1.7 por ciento.
LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Los casos a las violaciones de derechos humanos en las entidades señaladas que originaron recomendaciones de la CNDH a los gobernadores o al Estado, son, en su mayoría, por malas prácticas en la procuración de justicia y por negligencias médicas.
Una de las recomendaciones en el DF es por indebida procuración de justicia en el caso de la custodia de dos menores; en Guerrero por agresión y secuestro de 22 personas en Acapulco, negligencia médica, recurso de impugnación en contra del Consejo Estatal de Seguridad Pública y otro más en contra de la Secretaría de Educación, así como una recomendación por la indebida procuración de justicia en agravio de una presunta víctima del delito de trata de personas.
Las recomendaciones en el Estado de México son por la tortura y posterior fallecimiento de un interno del Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “Altiplano” en Almoloya de Juárez, y otra por excesivo uso de la fuerza, privación de la vida, trato indigno e indebida procuración de justicia.
En Nuevo León algunas de las recomendaciones son por el asesinato de 43 reos en el Centro de Reinserción Social Apodaca tras la fuga de 30 internos. El crimen ocurrió cuando intentaban trasladarlos a otro centro de reclusión. Fueron heridos 73 internos más.
Otra de las recomendaciones a Nuevo León es por la violación a los derechos de la verdad y acceso a la justicia en agravio a familiares de una persona asesinada por elementos de la Secretaría de la Marina (Semar). Una más por privación de la vida, indebida procuración de justicia y trato digno.
En cuanto a Veracruz, las recomendaciones de la CNDH son por negligencia médica en el Hospital General de Minatitlán y otra por abuso y acoso sexual en la Escuela Secundaria General “José Vasconcelos” ubicada en Tuxpan.
El caso de Veracruz es emblemático y aunque no está oficialmente como una recomendación de la CNDH, los crímenes contra periodistas es una realidad que no se puede negar.
Desde que Javier Duarte de Ochoa llegó al poder, le entidad se distingue por ser la mas peligrosa para los periodistas, pues de 2011 a la fecha han asesinado a 14 comunicadores que tienen en común el haber sido críticos de su gobierno.
El último reportero gráfico asesinado, amenazado por el Gobierno de Duarte según sus propias palabras, fue muerto en la colonia Narvarte del Distrito Federal cuando huía de las garras de sus verdugos: Rubén Espinosa Becerril.
Antes de morir torturado y con un tiro en la frente, denunció ante los medios de comunicación y organizaciones como Artículo 19, que el gobierno de Javier Duarte lo amenazó de muerte y que era seguido y vigilado en Veracruz, razón que lo obligó refugiarse en la Ciudad de México, de donde era originario. No le sirvió de nada.
Junto con él fueron asesinadas y torturadas cuatro mujeres: Nadia Dominique Vera Pérez, Alejandra Negrete Avilés, Yesenia Quiroz Alfaro, Mile Virginia Martin. La primera era una activista que también huía de amenazas de muerte por su labor en Veracruz.
Nadia acusó directamente al gobierno de Javier Duarte si le sucedía algo. La joven tenía miedo. Se sentía amenazada.
De acuerdo con Édgar Cortez, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), las recomendaciones de la CNDH, funcionan de “manera relativa”.
“Desde 2011 todas las comisiones de derechos humanos son autónomas. En el caso de Veracruz por ejemplo, con la recién electa presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado Namiko [Matzumoto], hasta antes de llegar al cargo, estaba trabajando con el Gobierno del estado, parece difícil que con una trayectoria de varios años de colaboración con el Gobierno, el hecho de que la elijan presidenta, le de un perfil de autonomía. Es más probable que esté preocupada en mantener una buena relación y poca confrontación con el gobierno del estado”, dice.
El investigador explicó que en general hay pocas recomendaciones y que en la mayoría de los casos no tienen seguimiento. A pesar de que la CNDH cuenta con suficientes recursos económicos y humanos.
“Terminan siendo procesos muy formales, el Gobernador dice que ya cumplió, pero no hay un proceso exigente para que se hagan acciones. Por ejemplo la Comisión recomienda que se capacite al personal y el gobierno dice ‘sí ya los voy a capacitar’”, indica.
Cortez aseguró que la mejora a los derechos humanos en México, tendría que ir de la mano con el combate a la impunidad, a la corrupción y con la rendición de cuentas.
“Si no tenemos estas piezas juntas, estamos en un ciclo donde hay una denuncia de un caso, una recomendación y luego tenemos otro caso, pero si no se modifican las causas que han generado esas violaciones, no pasa nada”, detalla.
