Mientras el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha declarado en múltiples ocasiones que durante su administración federal no habría persecución política a los políticos corruptos del pasado, organizaciones civiles y legisladores emprenden ya acciones y analizan la manera en cómo avanzar para llevar ante la justicia a ex presidentes, como Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa, además de a ex gobernadores, como el priista César Duarte Jáquez.
Ciudad de México, 16 de diciembre (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha aludido a la política de “punto final” para justificar su negativa a juzgar a ex funcionarios, a pesar de que una franja amplia de sus electores ha pedido aplicarles el peso de la Ley. Esta decisión ha provocado que en las fiscalías estatales y desde la sociedad civil se emprendan acciones para llevar a juicio a políticos acusados de desvíos de recursos públicos y corrupción.
En la última década se fortaleció la percepción de impunidad para mandatarios, sobre todo por los casos de los ex gobernadores que hoy están prófugos (César Duarte Jáquez) o que enfrentan penas mínimas en prisión (Javier Duarte de Ochoa y Roberto Borge Angulo).
Estas acciones han derivado en un encono de la sociedad civil, la cual está dispuesta a ir más allá de las leyes mexicanas. El pasado 6 de diciembre, la Corte Internacional de Justicia de La Haya aceptó la demanda contra el ex Presidente Enrique Peña Nieto, quien dejó el cargo el 1 de diciembre.
El avance del caso de Enrique Peña Nieto en La Haya se mide con el proceso que el chileno Augusto Pinochet enfrentó en el mismo tribunal. Con la demanda interpuesta por la organización Congreso Nacional Ciudadano, el ex Presidente podría convertirse en el primer mandatario mexicano en ser juzgado por crímenes de lesa humanidad y corrupción sistematizada.
Y no sólo es Peña, en noviembre de 2011, el abogado Netzaí Sandoval presentó una demanda contra Felipe Calderón Hinojosa siendo todavía Presidente. También fue por crímenes de lesa humanidad y se entregó con un respaldo de 23 mil firmas. El caso se integró por 470 casos documentados de asesinatos, torturas, desplazamientos forzados y reclutamiento de menores. El contexto de México era el de 50 mil personas asesinadas, 230 mil desplazados y 10 mil desaparecidos.
Siete años después, aún no se tiene alguna respuesta.
Emilio Álvarez Icaza, Senador independiente, explicó que la búsqueda de justicia no se concentra en llevar a alguien a la cárcel, sino en acabar con la impunidad de quien comete delitos.
“Lo importante es llevar a juicio o llevar ante la justicia a quien lo merezca. No creo que nos toque decir ‘cárcel a Peña’. En las reglas del debido proceso está la intención de que se enfrente a la justicia y que se le juzgue. Si el resultado es que esté en la cárcel entonces será. Tiene que enfrentar la justicia, tanto el ex presidente como a quien se requiera. Ahí ya están las denuncias en contra de los actos de corrupción en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, incluido Ruiz Esparza. Si eso lleva al ex presidente Peña, lo llevará. El tema es que enfrente la justicia”, señaló.
En entrevista con SinEmbargo, Gilberto Lozano, representante de la organización Congreso Nacional Ciudadano, comentó que fue la inacción de los diputados y la “complicidad” de la Procuraduría General de la República (PGR) las que dieron el marco de antecedentes para recurrir a la Corte Internacional Penal, con sede en La Haya, Holanda.
“La oficina está analizando las acusaciones identificadas, con la asistencia de otra comunicación relacionada y otra información disponible. El propósito de este análisis es evaluar si, sobre la base de la información disponible, los presuntos delitos están dentro de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y, por lo tanto, justifican la apertura de un examen preliminar de la situación”, informó la Corte el pasado 6 de diciembre.
El abogado enmarca esta demanda en un posicionamiento ciudadano se hacer valer el dicho de que “nadie estará por encima de la Ley”.
“En ninguna parte del mundo se ha erradicado la corrupción dando inmunidad o dejando los casos en la impunidad. Eso es absurdo. En ese contexto, a pesar de Andrés Manuel, se abre este camino de organismos internacionales para que Peña Nieto pague por sus presuntos delitos”, señaló.
Coincidió Álvarez Icaza y dijo que con un borrón al pasado no se puede entender un concepto de justicia.
“Habrá que dar cauce justo a esas denuncias en términos de todos los escándalos de su sexenio. Yo protesté contra esa propuesta que quiere poner punto final al pasado. En La Haya aún no se inicia un proceso; primero tiene que pasar por una disputa política para ver si se le enjuicia o no”, dijo en entrevista.
Desde su perspectiva, el intento del Consejo Nacional Ciudadano está caminando en ese sentido a nivel de instancia de la Corte Internacional Penal y ya inició este proceso de búsqueda de justicia internacional en contra de Enrique Peña Nieto.
“En México estamos estudiando y analizando qué vías podemos tomar, pero estamos en un estudio jurídico. No vemos agotadas las instancias nacionales, pero analizamos varios puntos. No podemos permitir que quien hizo tanto daño al país y a la sociedad se vaya sin enfrentar justicia, porque entonces el mensaje es que se premia la corrupción. Vendrá una disputa sobre qué hacer con los delitos y los crímenes del pasado. Cometeríamos un gravísimo error de hacer una transición a un nuevo gobierno sin tomar en cuenta las cosas del pasado”, sostuvo.
La denuncia del Congreso reposa en los crímenes de lesa humanidad, donde se asientan los hechos de seis masacres: Tanguato, Ostula, Nochixtlán, Apatzingán, Tlatlaya y Ayotzinapa, en los que participó de manera directa o indirectamente el Estado y pueden configurar un delito tipificado como genocidio sistemático, que es lo que cae dentro de la jurisdicción de la Corte Internacional.
El segundo paso es en el que se aprueba una investigación preliminar por parte de la Corte. Hasta el momento se tiene el oficio directo del fiscal asignado al caso donde informa que se pasa a la siguiente etapa, que es en la que ellos corroboran a través de instituciones, de otras organizaciones como la CIDH, la ONU y grupos internacionales, los hechos que se denunciaron.
El paso número tres consta de los alegatos y pruebas periciales, es decir, una investigación profunda. Se trata de una investigación pericial que ya consiste en la presencia de investigadores internacionales en el sitio. Será la etapa “más intensa” a decir de Lozano.
El paso cuatro es la acusación y tener en frente al acusado, que es Enrique Peña Nieto y los que resulten responsables ante los jueces de La Haya y la defensa la tendrá que ejercer el propio gobierno mexicano. Desde el punto de vista legal, el Procurador General de la República será el que eventualmente tendrá que dar la cara en los alegatos para defender al anterior Presidente.
“Estudiando casos anteriores, como Pinochet, Slobodan Milošević, estos son casos que toman su tiempo. Para mayo de 2019, calculo que se termine la etapa 2. Ellos tendrían que fundamentar su veredicto. Decir por qué no y por qué sí. Si llegan a responder que ya no continúan con la fase tres, explicarán por qué no. Nosotros tenemos esperanza, hay suficientes elementos para que se pase a la fase tres por mayo. A fines de 2019, calculando en casos anteriores, se podría estar enfrentando la acusación ante jueces internacionales”, detalló Lozano.
Para el abogado, el avance en este caso sentará un precedente para que los ciudadanos, que no ven repuestas en las instancias locales consideren las internacionales en la búsqueda de justicia.
“El trabajo de nosotros no consintió en solo llevar la noticia, sino demostrar que desde el año 2016, ya veníamos solicitando un juicio político contra Peña Nieto ante la Cámara de Diputados […] demostramos ante la Corte Internacional la inacción de la Cámara de Diputados, de la PGR. Es por eso que se da la audiencia presencial en La Haya para que recibieran la demanda. Es una sacudida muy fuerte el sistema de justicia mexicano y sobre todo a los ciudadanos, nos dice que no podemos esperar que ‘perro trague perro’. Entre ellos se perdonan y se dan amnistía”, sostuvo.
El Congreso Nacional Ciudadano fue quien presentó la primera denuncia contra César Duarte de Chihuahua y que luego el gobernador Javier Corral tomó como bandera. Con Roberto Borge se presentaron las primeras denuncias hace cinco años a nombre de Fabiola Cortés, que junto con la gente de la organización fue presentando denuncias.
EL CASO DUARTE
El caso de Chihuahua también sobresale en la búsqueda de justicia contra el ex gobernador César Duarte Jáquez.
La fiscalía estatal bajo la administración de Javier Corral inició un proceso para llevar a Duarte a la justicia pero hasta el momento no ha tenido éxito, ya que continúa prófugo y las órdenes de extradición no han surgido efecto.
A nivel nacional, la PGR cometió errores y omisiones a lo largo del sexenio de Enrique Peña Nieto que alargaron los procesos penales en contra de cinco ex gobernadores priistas –los Duarte, Yárrington, Hernández, Borge– acusados por corrupción, enriquecimiento ilícito, e inclusive crimen organizado.
Estos cinco casos, antes de ser atraídos por las autoridades federales, iniciaron como procesos de investigación por parte de gobiernos estatales –algunos de ellos en el marco de una alternancia política cuya presión impulsó el desahogo del proceso legal– y/o de gobiernos extranjeros debido a que lograron evadir a las autoridades mexicanas.
Sobre Duarte Jáquez, la PGR determinó este año no ejercer acción penal en su contra por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación bancaria y fiscal.
Las acusaciones en contra del ex mandatario derivaron de una denuncia penal presentada en 2016, por parte de la Auditoría Superior de Chihuahua en contra de Duarte y 42 ex funcionarios públicos, todos ellos implicados en el presunto desvío de 6 mil millones de pesos del erario público estatal.
Ese mismo año, el Gobernador electo Javier Corral Jurado anunció que su administración realizaría investigaciones en contra de Duarte y su equipo de trabajo. Sin embargo, fue hasta el 27 de marzo de 2017 que tres funcionarios públicos de la administración de Duarte fueron detenidos.
