Mario fue detenido el 23 de marzo de 2007 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México acusado el delito de “delincuencia organizada y contra la salud”. Lo acusaron por una maleta con droga proveniente de un vuelo de Colombia y porque presuntamente él sabía del arribo de la mercancía. Desde entonces y hasta la fecha –cumplida su sentencia y ahora libre– el hombre y su familia aseguran tajantemente que él es inocente.
La única prueba que presentó el Ministerio Público federal en su contra fue el dicho sacado con tortura de uno de los compañeros y presuntamente tergiversado por el MP, y un supuesto reconocimiento de un agente aduanal, que jamás fue ratificado por el oficial. En cambio, su familia presentó un cúmulo de pruebas que por sus propios medios investigó y aportó, en un intento casi fallido por demostrar la inocencia de Mario.
Lucia Alvarado, hermana de Mario, cuenta la historia del hombre y cómo en las cárceles de México la tortura es el ingrediente que nunca falta. En esos lugares, dice la mujer –con base a los testimonios de su hermano–, “el diablo es azul”, porque son las propias autoridades.
Ciudad de México, 16 de noviembre (SinEmbargo).- En la cárcel no importa si eres inocente o culpable, si estás en proceso penal o sentenciado. La prisión es un “infierno donde el demonio es azul”; donde el diablo es del color de las autoridades en turno; donde los derechos humanos son sólo letras plasmadas en convenios internacionales y donde un poco de comodidad se compra. Al menos así lo muestra la historia de Mario, encarcelado y sentenciado por un delito que asegura no cometió, según la narra Lucía Alvarado, hermana del joven.
Corría el mes de junio de 2007. Pocos meses antes, el entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa había declarado la llamada “guerra contra el crimen organizado”, estrategia que sacó a las Fuerzas Armadas de sus cuárteles para combatir en las calles del país y que 12 años después ha dejado más de 200 mil asesinatos.
Un grupo de detenidos fueron trasladados al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como “El Altiplano” o “Almoloya”.
En medio de la oscura noche, un gruñido retumbó en el lugar.
–¿De qué color es el diablo!? –espetó aquella voz gruesa. Luego siguió un breve silencio.
–¿De qué color es el diablo? –repitió, aún más fuerte.
–No sé, ¿rojo? –respondió temerosamente uno de los internos.
–¡No, cabrón! Aquí el diablo es azul, nosotros somos las autoridades y somos el diablo desde ahorita –sentenció.
En ese grupo de hombres se encontraba Mario. Así es como le anunciaban el infierno que viviría los siguientes años, narró su hermana, Lucía Alvarado, “Lucy”.
Mario fue detenido el 23 de marzo de 2007 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, acusado de delitos de “delincuencia organizada y contra la salud”, por la llegada de una maleta que contenía droga proveniente de un vuelo de Colombia. Desde entonces y hasta la fecha, ya cumplida su sentencia y ahora libre, el hombre y su familia aseguran tajantemente que él es inocente.
La única prueba que presentó el Ministerio Público federal en su contra fue el dicho sacado con tortura de uno de los compañeros y presuntamente tergiversado por el MP, y un supuesto reconocimiento de un agente aduanal, que jamás fue ratificado por el oficial. En cambio, su familia presentó un cúmulo de pruebas que por sus propios medios investigó y aportó, en un intento casi fallido por demostrar la inocencia de Mario.
Mario es una de las “víctimas” de la cacería y la política de la “guerra contra el narcotráfico”, en la que se encarceló bajo el difícil y ambiguo concepto de “delincuencia organizada” a miles de mexicanos, muchos de ellos —estiman organizaciones civiles– inocentes.
En México hay al menos 356 cárceles, entre federales, estatales y municipales, y su nivel de ocupación está al 96. 6 por ciento, de acuerdo con datos de Word Prision Brieg (WPB).
La organización civil Documenta, que ha sistematizado cifras oficiales del sistema penitenciario en México, reporta que en el país hay al menos 205 mil 139 personas privadas de la libertad, de las cuales el 87 por ciento fueron víctima de algún acto de corrupción durante su reclusión y 20 por ciento no se sienten seguras en el centro penitenciario.
“Las prisiones mexicanas cuentan con una calificación global de 6 (sobre 10), de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”, destaca la asociación civil.
***
LA MALETA
Mario Alvarado González tenía tres meses de estrenarse como padre de familia. El hombre trabajaba en una empresa de nombre Mensis que daba servicio de descarga en el Aeropuerto de la Ciudad de México a diversas aerolíneas internacionales, principalmente europeas. También a otras firmas como Avianca y de vuelos a Sudamérica, comenta su hermana Lucía.
El 23 de marzo de 2007, al aeropuerto de la capital del país llegó una maleta con droga proveniente de un vuelo de Colombia.
Ese día, Mario daba servicio a dos empresas: Continental y British Airways, narra Lucy. “Trabajó en vuelos de Europa”, aclara.
Poco antes de terminar su jornada laboral, el joven notó la presencia de varios policías federales –AFIS, en ese entonces–. Unos agentes se acercaron a él, le preguntaron si trabajaba para Mensis y él respondió afirmativamente. Después le comentaron que si podía acompañarlos para “esclarecer unos datos e información”, Mario accedió y se subió con ellos a unas camionetas.
Una vez arriba del vehículo fue sometido y esposado.
–Ya te llevó la chingada, cabrón. Estás metido en un pedo muy grande –le gritaron.
“Lo anduvieron paseando por la Ciudad de México. Mi hermano nos contó que no comprendía lo que pasaba y por qué le pegaban para obligarlo a bajar la mirada”, comenta Lucy.
Los AFIS exigían a gritos que “hablara ahorita” antes de llegar a las instalaciones policiacas, de lo contrario “se iba a poner muy feo”, abunda la entrevistada.
Mario estuvo por más de dos horas en una camioneta cuestionándose que había pasado y temiendo lo peor. Después, sintió que llegaron al subterráneo de un edificio y lo metieron a una pequeña celda [como contó él mismo a su familia].
Durante el arresto no le entregaron ninguna orden de aprehensión o de presentación para declaración. No hubo ningún documento que notificara al hombre que en ese momento era detenido.
Mario había sido arrestado, al igual que otros 12 compañeros de él, como presunto responsable por la maleta con cocaína que venía de Colombia. Lo acusaban de delincuencia organizada y delitos contra la salud.
ESPERANZA Y DECEPCIÓN
La familia de Mario notó que algo estaba mal cuando transcurrió la tarde de ese 23 de marzo y él no llegaba a casa. Lucía, la hermana, y su cuñada, esposa de Mario, empezaron a preocuparse al pasar de las horas.
Los parientes empezaron a buscarlo, llamaron a su trabajo y ahí les avisaron indicaron que había ocurrido un incidente donde detuvieron a todos los trabajadores de Mensis y los llevaron a las instalaciones de la hoy extinta Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).
“Nosotros en ese entonces [2007] no sabíamos ni dónde estaba eso”, narra Lucy.
María de Jesús Alvarado, mamá de Mario, Lucy y la esposa llegaron al Centro de Arraigo en la Ciudad de México, y ahí les confirmaron que estaba detenido por un delito grave: “delincuencia organizada”. El agente del Ministerio Público no brindó mayor detalle.
La acusación contra Mario establecía que él junto con otros compañeros hicieron todo lo posible por sacar del avión la maleta que contenía droga.
A la familia no tenía claro por qué lo habían detenido, intentaron buscar información con la empresa donde Mario laboraba y con otros agentes, pero nadie les daba mayores detalles del arresto.
María de Jesús, la mamá, fue una de las primeras que entró a ver a su hijo Mario al centro de arraigos, un día después del arresto. La mujer le preguntó qué había ocurrido.
Mario afirmaba que él tampoco sabía el motivo de su detención, sólo que una maleta traía droga y que junto con él habían capturado a otros compañeros, pero afirmaba que no tenía nada que ver con esa llegada.
Según le explicó a su mamá, ese día llegó a trabajar a las 5 de la mañana, firmó en el checador de su trabajo, luego acudió a las plataformas de British Airways, después dio servicio a Continental y luego a otra aerolínea. Posteriormente, se fue a dar servicio a las aerolíneas europeas.
Mario asegura, hasta la fecha, que todo el tiempo trabajó en otras aerolíneas y que eso era comprobable porque estuvo a cargo de un supervisor y había bitácoras. Además, pidió a sus parientes que consiguieran esos registros para demostrar que él no había participado en la llegada de la maleta con cocaína.
“Corroboramos las bitácoras de vuelo y efectivamente venía el nombre de mi hermano, su supervisor y los tiempos que ocupó para sus labores”.
Lucy cuenta que ella, en su momento, pensó que “ese mal entendido” se iba a solucionar y pronto iban a liberar a su hermano.
“Nosotros fuimos a ver al abogado de oficio porque dentro de toda la ignorancia que teníamos. Creíamos que esto era una equivocación y, ¿como para qué era necesario ir con un abogado? El abogado nos dijo que la cosa estaba difícil, pero –todavía recuerdo lo que me decía y yo encontraba tranquilizante–: ‘La cosa está difícil, pero no se preocupe, aun así lo que pase aquí es intrascendente porque cuando él [Mario] esté frente a un juez, este va a poder decidir sobre la situación de su hermano y se va poder comprobar si él estuvo involucrado en esto o no, así es que no se preocupe’, relata Lucy.
Hoy Lucía lamenta la ignorancia que tenía la familia al momento del arresto de Mario. “… de no saber dónde estábamos parados en ese momento. Yo creo que si hubiéramos sabido o tenido más información quizá hubiéramos tomado otras decisiones”, comenta.
Los familiares confiaron en el abogado de oficio. “Yo pensé [en ese momento] que un abogado de ese tamaño sabía de lo que hablaba. Yo decía: ‘ese señor debe saber mucho’. Y los jueces a mí se me hacía una cosa como espectacular y pensaba que cuando mi hermano estuviera frente a un juez entonces sí podríamos decir exactamente qué pasó y se iba a aclarar que esto era un mal entendido. Pero, ¡oh sorpresa! No es cierto. No era así. Porque mi hermano fue procesado con el viejo sistema, jamás estuvo frente a un juez”.
Tres meses después de la captura, cuando Mario aún estaba en el Centro de Arraigo, la familia pensó que ya iba a salir de la cárcel.
Lucy no recuerda la fecha exacta, sólo rememora que era en junio de 2007. Ella y su cuñada esperaban afuera del Centro de Arraigo, porque tenían conocimiento de que algunas personas a las encontraron responsables de delito ya iban a salir. También sabían que habría un traslado muy grande.
“Estuvimos afuera sentadas esperando. No nos decían absolutamente nada. Como a las seis de la tarde, salieron unas camionetas y pensamos que Mario iba a salir por la puerta caminando”, comenta.
Unas personas que también aguardaban afuera del centro gritaron de júbilo. Lucy y la esposa de Mario corrieron al escuchar el alarido y se percataron de que eran los familiares de otro joven que había sido detenido junto con Mario.
El otro detenido salió de la cárcel con una toalla en la cabeza, iba boca abajo. Cuando cruzó la puerta aventó la toalla y abrazó a su mamá. Atrás de ese joven iba otro hombre.
“Nosotros creímos que era Mario y corrimos para allá y… no era él”, recuerda.
En ese momento estaba saliendo una camioneta del Cereso. Ahí iba Mario. Estaba siendo trasladado a una prisión federal.
“Mi cuñada quería correr tras las camionetas pero fue inútil”, agrega.
Las dos mujeres lograron ver a Mario porque él alcanzó a levantar la cabeza mientras la camioneta se alejaba del lugar.
EL DIABLO ES AZUL
La familia de Mario logró verlo hasta un mes después de su traslado a “El Altiplano”, pues en ese tiempo tuvieron que reunir todos los estrictos requisitos para acreditarse y poder visitarlo.
La primera que entró fue su esposa.
–Estoy muy asustado, sácame de aquí –le dijo en esa ocasión, según recuerda Lucy.
Durante las escasas y breves reuniones con su familia, Mario narraba las torturas a las que había sido sometido desde su arribo.
Lucy rememora –a raíz de las pláticas de su hermano– las escenas del día en que fue trasladado al Altiplano.
–Bájense hijos de la chingada, aquí ya valieron madre – dijeron los federales a los recién trasladados, que estaban esposados con las manos hacía atrás y no podían ver porque estaba muy oscuro.
Los custodios pusieron a correr a los internos a través de un campo y soltaron los perros. En ese momento Mario pensaba que lo iban a matar.
“Mi hermano se cayó mientras corría. Los oficiales le dijeron que se levantara pero no podía por el cansancio, entonces lo levantaron bruscamente y le dislocaron un brazo”.
Mario estimó que la corretiza duró alrededor de dos horas, agrega Lucy. Posteriormente volvieron a formar a los detenidos, les dijeron que ese era un penal de alta seguridad y que las cosas se iban a poner duras.
Lucy cita:
–¿De qué color es el diablo?.. ¿De que color es el diablo? –vociferaban.
–No sé… rojo –respondió uno.
–No cabrón, aquí el diablo el azul y nosotros somos las autoridades y somos el diablo desde ahorita.
Esa fue la bienvenida que le dieron a Mario a la cárcel federal, en la que permaneció 10 años.
“Durante siete años y medio estuvimos visitándolo cada semana en lo que transcurría el proceso. Hasta que lo trasladaron a un penal más lejano”, agrega Lucy.
Del total de la población penitenciaria en el país, la mayoría de los reclusos están por el delito de homicidio; en total son 35 mil 477 internos, es decir 19.52 por ciento de la población Le siguen los internos acusados de robo, que representan el 04 por ciento, con un total de 18 mil 239. En tercer lugar están los acusados por violación sexual, que son alrededor de 16 mil 477 internos, es decir un 9.07 por ciento de la población, esto de acuerdo con datos recabados y sistematizados por la organización civil Documenta.
En México hay al menos 356 cárceles, entre federales, estatales y municipales, y su nivel de ocupación está al 96. 6 por ciento, de acuerdo con datos de Word Prision Brieg (WPB). Foto: Cuartoscuro
SENTENCIA Y APELACIÓN
En el transcurso del proceso penal contra Mario, la defensa llevó testigos para acreditar de que él estuvo trabajando en otra parte y no en ese vuelo de la maleta con droga. La familia recabó tantas pruebas como pudo.
“Lo acusaban de que efectivamente en ese vuelo había llegado una maleta con droga y que él tenía conocimiento de eso porque una persona, de los otros detenidos, que trabajaba en el vuelo de Avianca, dijo que Mario había participado en un hecho similar hacía casi dos años antes”, narra Lucy.
Y añade: “Esa sola imputación –que ese señor dijo– hacía que el delito de delincuencia organizada cuadrara. Entendiéndose delincuencia organizada como un acto donde más de tres personas se unen con un plan establecido para realizar tal cosa y era traer esas maletas de Colombia y bajarlas”, abunda la entrevistada.
Lucia explica que el hombre que señaló a Mario posteriormente se disculpó con la familia y declaró que esa versión había sido tergiversada y que se la sacaron bajo presión, tortura y amenazas a su familia, pues los policías le enseñaron fotos de su hija diciéndole que “tenía que hablar”, agrega Lucy.
La imputación contra Mario se basaba en la acusación de su compañero –que aunque aclaró que no era cierta, el Ministerio Público la mantuvo en el proceso– y en un supuesto reconocimiento de un oficial de aduana.
“Había un testigo que no podíamos localizar. Era un fiscal aduanal. Ese hombre sólo se presentó en la declaración preparatoria, y señalándolos a todos dijo: ‘ellos participaron en ese evento’”.
La defensa de Mario pidió un careo para rectificar ante el Fiscal y que ese funcionario dijera exactamente por qué los señalaba, cómo los había visto, detalles de las circunstancias, sin embargo jamás se presentó nuevamente en todo lo que duró el proceso. El oficial jamás respondió a los citatorios, dice Lucy.
El juez sentenció a Mario casi después de dos años. Y la primera sentencia que dictó fue de 20 años de prisión.
“Yo creo que las audiencias eran nada más puro parapeto porque realmente lo que decía el MP era Ley hasta el final de la sentencia”, comenta Lucy.
La defensa de Mario apeló la primer sentencia de 20 años de prisión.
Pasaron siete años y medio entre apelaciones y procesos. Finalmente, el 24 de agosto de 2014, un magistrado redujo la sentencia a 10 años de prisión.
“Un magistrado dijo que mi hermano no había participado en los hechos, por todas las pruebas que se acercaron por la defensa y que no se le encontró culpable del delito de contra la salud. Dijo que Mario no era culpable del delito contra la salud, modificó la sentencia y le quitó ese delito, pero también dijo que ‘sí conocía de los hechos’ y le dejaron el delito de delincuencia organizada, y por eso fue condenado 10 años”.
Mario tuvo que compurgar la sentencia de 10 años.
“Aunque no se le ubicó en el lugar de los hechos ni que participó en los hechos, el magistrado dijo que él sabía de los hechos. Nunca supimos con base en qué dijo que Mario sabía. El juez lo asumió y por eso se acreditó el delito de delincuencia organizada. Sólo por saber que más personas se están confabulando para cometer un delito te hace responsable pleno de ese delito”, comenta Lucy.
Unos días antes de que le modificaran la sentencia, Mario fue trasladado del penal Altiplano a un penal con recursos privados en León, Guanajuato.
Los últimos dos años y medio que Mario pasó en prisión, la familia sólo podía verlo una vez al mes, pues era muy difícil mantener el contacto más allá de las cartas.
LA TORTURA
El Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) de las Naciones Unidas (ONU) confirmó que la tortura es una práctica generalizada en las prisiones de México y señaló su preocupación “distintas formas de corrupción y connivencia entre grupos de criminalidad compleja y las autoridades y personal de los penales”.
Dicho órgano especializado emitió un informe, a raíz de la segunda visita a México del 12 al 21 de diciembre de 2016, en donde documentó la corrupción en cárceles, la impunidad y observó que los casos de tortura son la regla.
La tortura es comúnmente aplicada durante el arresto, traslado, ingreso a lugares de detención e interrogatorios, con el fin de que las víctimas hagan declaraciones auto-incriminatorias o incluso para obligarlas a firmar hojas en blanco, enfatizó el SPT. Además, señaló a funcionarios públicos de todos los nivieles, agentes de la policía (federal, estatal y municipal), de migración e integrantes de las Fuerzas Armadas, como los responsables.
El documento fue dado a conocer a inicios de 2018 luego de que por cuatro meses, organizaciones civiles forzaron, vía transparencia, a las autoridades a revelar dicho informe, pues la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) lo mantenía reservado.
“El Subcomité se dijo particularmente preocupado por la situación de niños, niñas y adolescentes privados de libertad, ya que documentó tanto actos de tortura física como hacinamiento, falta de actividades y acceso al aire libre y otros”.
El documento también giró una serie de recomendaciones del SPT al Estado mexicano, entre ellas, “la eliminación de la figura del arraigo, el fortalecimiento del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), por ejemplo, para establecer mecanismos para iniciar quejas o denuncias que deriven de los casos individuales que documenta”.
De acuerdo a un sondeo difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) a finales del año pasado, el 87.4 por ciento de encarceladas en México han tenido que pagar sobornos a guardias para hacer llamadas telefónicas o recibir cosas como alimentos, colchones o cobijas.
La encuesta reveló, de acuerdo con AP, que el 36 por ciento de los reclusos dicen que han tenido que pagar sobornos a otros presos que en efecto son los que tienen el poder en algunas de las penitenciarías.
“Un 50 por ciento dijo que ha tenido que pagar sobornos a cambio de dispositivos eléctricos, y un 26 por ciento dijo que ha tenido que pagar para tener artículos electrónicos como por ejemplo teléfonos celulares, que están prohibidos en muchas cárceles”.
En el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2017, reportó que en números absolutos, poco menos de un tercio de la población reclusa de las cárceles estatales estaba en la Ciudad de México y en el estado de México durante 2016.
El documento oficial destaca que el 35 por ciento de la población reclusa, no contaban con sentencia, de los cuales el 93 por ciento son hombres-
“La saturación de los penales se debe, parcialmente, a las personas recluidas sin condena. Este tipo de población se encuentra encarcelada debido a que fueron acusados de cometer un delito pero aún se encuentran en proceso de tal modo que aún no tienen una sentencia”, estableció.
