Con cuatro votos a favor y uno en contra, la SCJN dictaminó un amparo histórico por dos razones. La primera porque demostró sus facultades a señalar la omisión del Congreso en su tarea legislativa; la segunda es porque reconoció, según el proyecto del Ministro Zaldívar, en lo que se ha convertido la partida de comunicación social del Gobierno federal y en lo que ha derivado: un grave riesgo a la libertad de expresión en México.
Organizaciones civiles y analistas que estuvieron al tanto y que impulsaron este proceso celebraron el fallo, pero, dicen, aún hay un largo camino para verse satisfechas, ya que falta ver los alcances del fallo y luego, ver lo que sucede en las cámaras legislativas.
Las alarmas están encendidas. En el tema de medios de comunicación, en el Congreso de la Unión, a través de legisladores, se proyectan los intereses de los dueños de comunicación y eso ha frenado intentos y también, ha revocado victorias.
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Ciudad de México, 16 de noviembre (SinEmbargo).- Desde el medio día, se formó una larga fila de personas que buscaban ingresar a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Aunque la orden del día era larga, la atención estaba sobre el Amparo en Revisión 1359-2015-171025: el recurso interpuesto por la organización Artículo 19.
Fue hasta después de las 15 horas que se permitió el acceso a la Sala en la que adentro ya esperaban cinco ministros. Pasaron varios casos y al fin, el AR 1359. En 2 minutos con 20 minutos ya estaba resuelto: con cuatro votos a favor y uno en contra, se acordó que el Poder Legislativo no hizo su trabajo, el de legislar, y ahora está obligado a hacer lo que no hizo en 2014, cuando se aprobó la Ley Político-Electoral.
Un par de horas después de la sesión, el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien fue el encargado de elaborar el proyecto, calificó la decisión como trascendente, “sin duda histórica”, al ser la primera vez que en México, a través de un juicio de amparo, la SCJN ordena al Poder Legislativo a que emita una legislación a la que está obligado en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos.
Los miembros de Artículo 19 y de Fundar, así como analistas, se manifestaron contentos de haber obtenido “la primera victoria”, “el primer gran paso”, porque faltan más y falta defender el logro.
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Con el fallo de la Corte, el Congreso de la Unión queda obligado a expedir una ley en la que se regule el gasto en publicidad oficial antes del 30 de abril de 2018, para así cumplir con lo que debió haber hecho desde el 10 de febrero de 2014. Desde entonces, Artículo 19 llevó el caso a un Juez de Distrito, que desistió en la demanda al considerar que era un tema de materia electoral y porque “si ordenaba legislar” beneficiaría a todos los ciudadanos, lo que iba en contra de todas las sentencias de amparo, que sólo deben beneficiar a quien promovió el juicio.
Y es justo por esa razón que el fallo tiene incluso tintes emotivos, al darse en un contexto de constantes fallas de parte de los legisladores, por el tema del acceso a la justicia de los ciudadanos y porque dentro del clima de violencia que se vive en el gremio periodístico, esta legislación podría frenar vicios editoriales, presiones y pone el terreno parejo para la competencia.
En este sentido, Leopoldo Maldonado Gutiérrez, abogado defensor de Artículo 19, comentó en entrevista con SinEmbargo, que lo que hace histórico a este fallo, es la orden para que el Congreso expida una ley en materia de publicidad oficial, lo que puede ayudar en el camino a reconfigurarse la relación entre los gobiernos y los medios de comunicación para evitar que se siga utilizando el dinero público como mordaza, para castigar o premiar las líneas editoriales y para evitar que se siga castigando a la sociedad en general y permitir que pueda acceder a información plural, diversa y crítica.
“Hay una relación histórica entre medios y poder, por lo menos de unos 40 años para acá y el fallo puede abonar a la construcción democrática a partir de un ejercicio pleno y efectivo de la libertad de expresión”, dijo.
Por otro lado, agregó, la SCJN amplía las posibilidades del juicio de amparo como recurso de protección de derechos, al ser la primera vez que se otorga un amparo por omisión legislativa, restablece o busca restablecer el orden constitucional “y manda un mensaje muy claro al poder legislativo: nada ni nadie por encima de la Constitución”.
Aleida Calleja Gutiérrez, integrante del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom), coincidió en lo histórico del fallo, ya que suele suceder que en México no se tienen muchas maneras efectivas para obligar a que el legislativo cumpla con su mandato cuando no lo hace. Pero en esta ocasión el legislativo va a tener que legislar.
Sostuvo en que habrá que poner atención en dos cosas: la primera, que no salga peor “el remedio que la enfermedad”, es decir, que el Congreso no haga una legislación que al final termine en algo inviable en términos de ponerle control a este abuso de la publicidad oficial, Después habrá que ver si realmente el legislativo asume y acata lo que la Corte le dice.
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ALARMAS EN EL CONGRESO
Al ser un tema relacionado con los medios comunicación y con la tradición que hay en las cámaras de representantes políticos que defienden los intereses de las televisoras, Calleja Gutiérrez alertó: “habrá resistencias y siempre se correrá el riesgo de que encuentren la manera de cómo hacer trampa. Tanto los partidos políticos como las televisoras, han encontrado la manera de evadir la ley, porque siguen las trampas, sigue el mercado negro de la venta de publicidad que se vende como entrevistas y ahí la importancia de los derechos de las audiencias. Todavía faltan muchos pasos. Es una fallo histórico, sin duda, y es producto de un trabajo sistemático que han hecho tanto Artículo 19 como Fundar con una documentación muy acuciosa sobre los gastos de publicidad oficial, pero hay que poner atención en cómo se aterriza la legislación específica”.
Para Maldonado Gutiérrez, lo que sigue de inmediato es poner toda la atención al segundo paso, que es la elaboración de la ley en el Congreso, luego cuando se expida la ley, “este país puede tener leyes increíbles, pero al final del día, el déficit en el cumplimiento de las leyes es lo que genera una gran frustración en la población, por lo que este fallo es una primera gran victoria y un primer paso. Para cuando el Congreso trabaje en la Ley, pediremos que las discusiones sean abiertas, con la participación de los actores implicados: medios, periodistas, sociedad civil, académicos, personas que han estado al pendiente de este tema durante muchos años”.
“Ahora la bolita está en el Congreso de la Unión y son ellos quienes tendrán que legislar lo que no legislaron desde hace años. Pero como ya conocemos a nuestras instituciones, tenemos que estar vigilantes y presionando para que legislen de la mejor forma para los ciudadanos y no para ellos y que se sigan publicitado en esos espacios. Ellos no legislaron porque no les conviene legislar en las cuestiones de publicidad oficial, pero ahora no les queda de otra […] Pero, como ya sabemos que luego legislan a su favor, no podemos bajar la guardia y debemos seguir presionando para que la publicidad oficial exista para cumplir un bien público y no para promocionar candidatos, presidentes, ni diputados ni nada”, comentó al respecto Ixchel Cisneros Soltero, Directora Ejecutiva del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos).
UNA VICTORIA, MUCHAS DERROTAS
Para Leopoldo Maldonado, la victoria se dio en un país en el que este tipo de logros son la excepción y no la regla, “esta es una gran noticia, es un paso, es una primera victoria. Tendremos que cuidar ahora que el proceso legislativo se abra al mayor número de voces, que se participe en la elaboración de esta ley, que se hagan aportaciones, que se opine para que sea una ley conforme con lo ordenado en la constitución y por los estándares internacionales”.
La directora de Cencos agregó que esta es una victoria de la sociedad civil organizada y no organizada que se da en medio de muchas batallas perdidas.
El plazo para la nueva ley es el 30 de abril de 2018, por lo que los funcionarios de esta administración podrán seguir gastando como lo han hecho los últimos cuatro años. La cuenta de dinero pagado a medios durante la administración de Enrique Peña Nieto supera los 34 mil millones de pesos de 2013 a 2016.
“Gastar 34 mil millones de pesos en publicitar la imagen es una vergüenza. Este es el primer paso para que quien le siga a Peña Nieto, sepa que ya no lo debe hacer. Y todos lo han hecho porque esta no es una cuestión de partidos. Todos lo han hecho, les encanta publicitar su imagen con dinero público. El problema es que hoy la Corte ya dijo que se tiene que legislar, que las cosas ya no pueden seguir como son ahora”, concluyó Cisneros Soltero.
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