El desfalco financiero a las arcas públicas del estado de Chihuahua, por el que se acusa al priista César Duarte Jáquez, incluyó prácticamente todos los renglones de la administración, incluidos los recursos de la educación pública. El nuevo titular del ramo, ya con el Gobierno del panista Javier Corral Jurado, afirmó que han hallado irregularidades por cientos de millones de pesos, incluidas compras no respaldadas, adjudicaciones directas, ejercicio discrecional del gasto, faltantes en los pagos de becas e incorporación de personal sin justificación alguna.
Ciudad de México, 16 de Noviembre (SinEmbargo).– El problema de criminalidad en el estado de Chihuahua no es sólo la presencia del crimen organizado. Hace al menos una década, los datos oficiales indicaron que, además, una gran cantidad de jóvenes en edad de acudir a la preparatoria no lo hacían, por lo que, ante los bajos salarios, el delito podría ser cada vez más una atractiva fuente de ingresos.
Hoy, el nuevo Secretario de Educación del Gobierno del Estado, el juarense Pablo Cuarón Galindo, reiteró que Chihuahua ocupa el último lugar nacional en eficiencia terminal en el nivel preparatoria, del que cada año deserta un 42 por ciento de los jóvenes de aquella entidad fronteriza.
Y, ante este rezago, la dependencia encargada de abatirlo enfrenta además, como el resto de la nuevo administración estatal chihuahuense, una situación financiera con cientos de millones de pesos ejercidos de manera “discrecional” y en contraste con la problemática.
Entre ellos, reportó hoy Cuarón desde la Ciudad de Chihuahua, un faltante de 65 millones de pesos en el pago de Becas de Manutención para Educación Superior de las que dependen unos 21 mil jóvenes que, desde mayo, no han recibido el beneficio.
Por otro lado, agregó el funcionario, la administración del priísta César Duarte Jáquez entregó entre 350 y 400 millones de pesos por compras no respaldadas ni debidamente justificadas o con adjudicaciones directas a personas cercanas a ese gobierno.
“(Hay) contraste de los recursos que se manejaron a favor de contratistas y proveedores, todos ellos cercanos a los anteriores servidores públicos de la Secretaría, con las deficiencias y el rezago heredados, tanto en materia de infraestructura como en equipamiento y en una cobertura educativa de calidad”, reportó la nueva Secretaría de Educación.
“Antes del cambio de administración, y tan sólo en lo correspondiente al 2016, se aumentó la nómina, incorporando personal con sueldos de segundo y tercer nivel, con un incremento mensual por 462 mil 193 pesos”, agregó el reporte oficial.
La información que Cuarón Galindo difundió en la ante los medios es parte de las presentaciones del gabinete del Gobernador panista Javier Corral Jurado sobre la situación financiera encontrada en cada dependencia luego de la salida de Duarte Jáquez y la herencia de una deuda de más de 42 mil millones de pesos.
En su turno, Cuarón reportó también la omisión en el empate de 230 millones de pesos con el Gobierno federal, por lo que se atrasó la adquisición de infraestructura y equipamiento.
Otros datos sobre el rezago educativo en la que además es una de las entidades más violentas de México indican que sólo se atiende al 60 por ciento de la población en edad de acudir al nivel preescolar, dejando sin lugar a cerca de 20 mil niños de tres a seis años.
Esta problemática es particularmente grave en Ciudad Juárez, donde la cobertura cae a un 58 por ciento.
En el mismo encuentro con los medios, la nueva directora del Instituto Chihuahuense de la Cultura, Águeda Lozano Schmitt, informó que la dependencia enfrenta adeudos y faltantes por 57 millones de pesos, así como un franco “robo” del mobiliario del Centro Cultural Paso del Norte, el más importante de Ciudad Juárez, con valor de ocho millones, así como contratos a talleristas pagados a 220 mil pesos por hora.
“Se encontró una Secretaría prácticamente inoperante, debido a que, a pesar de existir reglamento interno, no se ejercía; había personal en puestos y funciones que no se cumplían, denuncias de abuso de autoridad de la plantilla laboral, y falta de personal en Juárez, a pesar de estar autorizado, así como toma de decisiones de manera discrecional”, explicó Lozano.
