Los diputados locales de la Ciudad de México acusan al Poder Judicial de presionarlos y amenazarlos con destituirlos si no autorizan el cambio de uso de suelo de 4 mil 830 hectáreas del Bosque de Chapultepec, una medida sumada a diversos fallos judiciales que buscan entregar ese predio a una inmobiliaria que pretende construir edificios en una zona protegida.
Ciudad de México, 16 de octubre (SinEmbargo).– Una disputa legal que lleva décadas sobre una parte del Bosque de Chapultepec, área natural protegida y pulmón de la capital, resurge este año con una presión directa del Poder Judicial al Congreso de la Ciudad de México.
La inmobiliaria Trepi, respaldada por varios fallos entre 2017 a 2020 de Juan Pablo Gómez Fierro –quien era entonces Juez de Distrito, cargo que ostentó hasta enero de 2024 para convertirse en magistrado, posición a la que renunció hoy– busca que le entreguen al menos 4 mil 830 hectáreas de la zona para convertidas en predios habitacionales, lo que sería un golpe para la preservación del bosque.
A pesar de una sentencia judicial de 2004 que ordena devolver estas tierras a la empresa, las autoridades de la Ciudad de México se han resistido a cumplirla durante 20 años en protección del área verde.
La situación se agravó este año cuando el Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, emplazó al Congreso de la Ciudad de México a realizar el cambio de uso de suelo de área verde a habitacional, de acuerdo con lo que denuncian diputados locales capitalinos, quienes acusan al Poder Judicial de presionarlos e incluso amenazarlos con destituciones si no autorizan el cambio de uso de suelo, lo que permitiría la entrega de esa extensión del bosque para la construcción de desarrollos inmobiliarios.
“En nuestro sistema político, el Congreso, los legisladores son inviolables en sus opiniones, así viene tanto en la Constitución federal como la Constitución de la ciudad y que ahora un juez nos diga a 66 diputados cómo votar es, cuando menos, abusivo”, expresó en entrevista con SinEmbargo, el diputado local por Coyoacán, Paulo Emilio García González.
Todo comenzó desde hace 32 años, cuando en 1992 el Gobierno del entonces Distrito Federal, que en ese momento era gobernado por Manuel Camacho Solís, expropió hectáreas de la zona limítrofe del Bosque de Chapultepec para declararlas suelo de conservación y de valor ambiental. Entre ellas se encontraban los predios ubicados en Montes Apalaches 525 y Montes Auvernia 745.
La disputa dio inicio cuando la empresa inmobiliaria Trepi, propiedad de José Manuel Berumen Bautista y representada por Moisés Shehoah Chiver, interpuso un recurso de reversión para reclamar la restitución de una expropiación realizada sobre un predio de casi 5 mil hectáreas, dentro del bosque, el ubicado en Montes Apalaches 525 . Sin embargo, aunque el gobierno del entonces Distrito Federal rechazó el recurso, la inmobiliaria llevó el caso a los tribunales y, en el 2004, el Poder Judicial emitió una resolución a favor de la empresa, ordenando la devolución de parte del terreno.
“Son 20 años desde esa primera sentencia y no se ha llevado a cabo porque es una aberración; es entregarle un cacho de bosque a un particular para que que construya una serie de edificios.Ninguna autoridad administrativa se ha querido aventar el tiro de entregar ese pedazo de bosque, sin embargo pues la estrategia de Trepi ha sido avanzar en las instancias judiciales para que pueda, a través de este tipo de amparos y otros recursos, presionar a la autoridad administrativa para que haga esa entrega”, explicó en entrevista con SinEmbargo, el diputado local por la Ciudad de México Paulo.
Pero en toda esta trama destaca una figura que ha jugado un papel en apoyo a la empresa particular: Juan Pablo Gómez Fierro, quien hasta este 16 de octubre era Magistrado de Circuito en Materia Administrativa dentro del Poder Judicial, cargo que ostentó a partir del 18 de enero de este 2024, pues ya que previamente se desempeñaba como Juez de Distrito; un juzgador que fue reconocido en los últimos años por ser el juez que frenó reformas al expresidente Andrés Manuel López Obrador Obrador.
García González explicó que la empresa ha recurrido a jueces como Juan Pablo Gómez Fierro, quien emitió varias resoluciones, entre el periodo 2017-2020 exigiendo que entreguen el terreno al particular. Sin embargo, lo que agravó la situación, de acuerdo con el legislador Paulo García, es que ya no solo se exige la devolución del predio, sino también un cambio en el uso de suelo de área verde a habitacional con restricciones, algo que no está permitido bajo la normativa actual de protección del bosque.
En mayo el Poder Judicial envío un escrito al Congreso de la Ciudad de México pidiéndole realizar el cambio de uso de suelo del predio de área verde a habitacional y, según indicó el legislador de Morena, en agosto de este año el Poder Judicial emplazó al Poder legislativo local para hacer el cambio de uso de suelo estableciendo como fecha límite el 15 de octubre de este año y con la amenaza de “ante la evasiva o dilación injustificada de la ejecutoria se procederá conforme a la fracción XVI del artículo 107 constitucional, es decir que a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nacional (SCJN), con el fin de separar del cargo a la autoridad responsable y consignarla ante el juez de distrito.”
El legislador abundó que dicha resolución exige que el cambio se apruebe sin pasar por el proceso parlamentario habitual, lo que incluye el análisis en comisiones y la consulta de expertos, como la Secretaría del Medio Ambiente.
“Se nos está pidiendo no sólo que lo cambiemos sin importar la opinión de los legisladores, pasando por encima de la soberanía que tiene el Congreso, sino que además nos pide que no haya procedimiento de por medio, es decir, no pase a comisiones”, dijo García.
El diputado destacó que con esa resolución hay también una especie de amenaza, advirtiendo que si los diputados no cumplen con la sentencia, podrían ser destituidos de sus cargos y que con ello, nuevamente el Poder Judicial muestra un desprecio a los demás poderes.
“Hay muchas irregularidades en esto. Es otra vez creo que una muestra de cómo el poder judicial desprecia al resto de los poderes y su legitimidad política y democrática y además hay una acicate, una especie de amenaza que si no se cumple la sentencia ejecutoria, se procederá conforme a la fracción 16 del artículo 107 constitucional, es decir, que la Suprema Corte puede separar del cargo a la autoridad responsable y consignar ante juez de distrito, si no cumple con la sentencia”, dijo.
Y agregó: “Eso nos parece una absoluta afrenta a la dignidad, a la soberanía del Congreso de la Ciudad”·.
A pesar de la presión, los diputados de todas las fracciones parlamentarias han manifestado su postura unida en defensa del Bosque de Chapultepec. “No vamos a permitir este atropello. Estamos dispuestos a renunciar a nuestros cargos si eso es lo que se necesita para proteger el bosque”, abundó García González.
Cuestionado sobre la actuación de Juan Pablo Gómez Fierro cuando era juez y los fundamentos detrás de su decisión de restituir los terrenos en disputa, el diputado local señaló que el ahora exmagistrado debería justificar las razones de su insistencia en fallar a favor de la empresa.
“Tendrá que aclarar si existe algún interés particular. En su argumentación jurídica, se refiere a la necesidad de devolver el predio al estatus que tenía antes de la expropiación de 1992. Sin embargo, es importante mencionar que no hay evidencia de que, antes de ese año, el terreno tuviera uso de suelo habitacional. Por eso, para cualquier autoridad administrativa ha sido complicado cumplir con esta sentencia”.
La empresa en cuestión pertenece a José Manuel Berumen Bautista, y su representante legal es Moisés Cheoa Chiver, sin embargo, el legislador dijo desconocer si hay vínculos con el magistrado Gómez Fierro.
“Si existen vínculos, creo que deberá aclararlo el propio magistrado Gómez Fierro. Pero lo que es evidente es el activismo a favor de esa empresa. Miles de mexicanos esperan justicia durante años, mientras que aquí se observa una actitud proactiva por parte del Poder Judicial para entregar esta porción del Bosque de Chapultepec a la compañía”, agregó.
Juan Pablo Gómez Fierro, quien se desempeñaba como Magistrado de Circuito en Materia Administrativa, mientras fue Juez de Distrito otorgó varias suspensiones contra la Ley Eléctrica impulsada por López Obrador y frenó la entrada en vigor de la reforma a la Ley de Hidrocarburos. También fue el primero en conceder una suspensión provisional contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), argumentando que la entrega de datos biométricos al gobierno federal podría no ser adecuada para la persecución de delitos.
Su plaza como magistrado es una de las 464 posiciones que, junto con las de 386 jueces, serán sometidas a votación el próximo año, luego del sorteo realizado por el Senado para insacular dichas plazas.
El diputado advirtió que acatar esta sentencia podría sentar un precedente peligroso. FOTO: ARMANDO MONROY /CUARTOSCURO.COM
El diputado advirtió que acatar esta sentencia podría sentar un precedente peligroso, permitiendo que otras empresas privadas también puedan obtener áreas protegidas a través de litigios. En concreto, explicó que en el juicio original de la empresa Trepi, que data de la década de los 90, no solo incluía el predio en disputa en Montes Apalaches 525, sino también el de Montes Auvernia 745, un terreno de 2,000 metros cuadrados que, afortunadamente, no fue considerado en el litigio posterior. No obstante, advirtió que la entrega del predio a Trepi podría poner en duda el decreto que protege las 2,000 hectáreas, sobre las cuales, hasta el momento, ningún particular ha promovido otro juicio.
“Si ya fallan a favor de Montes Apalaches, este otro puede rascarle y buscar la vía para comprometer más espacio del bosque, entonces eso es lo delicado de validar este tipo de recursos”, dijo.
Finalmente el legislador, vocero de los diputados locales de Morena, reiteró que con respecto al emplazamiento que se realiza al Congreso es grave y es una amenaza sin precedente, ya que se intimida con la destitución.
“¡Nos tendrían que destituir a todos!”, dijo.
“Parte de lo abusivo de esta sentencia es la amenaza velada que viene detrás, hasta citan la fracción 16 del artículo 107 de la constitución y que nos van a llevar a la Corte ante el Juez de distrito, pues está esa amenaza es latente pero ser de manera ser muy claros con la ciudadanía nosotros no vamos a convalidar este abuso y vamos a votar en contra del cambio de uso de suelo”, concluyó.
