La falta de especialización de los agentes del ministerio público para atender delitos vinculados particularmente a la violencia contra las mujeres, la trata de personas, las personas desaparecidas, no localizadas, ausentes o extraviadas, así como el combate a la corrupción, entre otras calamidades, exigen que desde el gobierno federal, pasando por el Congreso de la Unión, se promuevan profundas reformas para fortalecer la procuración de justicia, la investigación de los delitos y el castigo ejemplar a los infractores.
Ciudad de México, 16 de octubre (SinEmbargo).- El gobierno federal llevará a cabo una profunda reforma al Poder Judicial y anunció una nueva estrategia en materia de seguridad y de combate a la delincuencia, basada en el trabajo de inteligencia y en el ataque bien direccionado y preciso para desactivar objetivos, personas y organizaciones criminales generadoras de violencia en el país.
Pero hay otra tarea pendiente e igual de importante, una reforma a fondo en las fiscalías, tanto la General de la República como las estatales, para depurar y hacer eficiente al Ministerio Público que investiga y persigue los delitos.
La falta de especialización de los agentes del ministerio público para atender delitos vinculados particularmente a la violencia contra las mujeres, la trata de personas, las personas desaparecidas, no localizadas, ausentes o extraviadas, así como el combate a la corrupción, entre otras calamidades, exigen que desde el gobierno federal, pasando por el Congreso de la Unión, se promuevan profundas reformas para fortalecer la procuración de justicia, la investigación de los delitos y el castigo ejemplar a los infractores.
La iniciativa, como la reforma al Poder Judicial, tiene que surgir del gobierno federal para romper con los feudos y cacicazgos que agobian a muchas entidades del país, en donde, durante 2023 se denunció e inició una carpeta de investigación en apenas el 7.1 por ciento del total de delitos. Lo que significa que en el 92.9 por ciento de delitos que se cometieron en el México no hubo denuncia o no se inició una carpeta de investigación.
En el país apenas llegan a diez los estados que tienen por lo menos 100 agencias del Ministerio Público para recibir denuncias e iniciar carpetas de investigación, pero en el otro extremo están casos como el de Oaxaca, que sólo declara tener 15 unidades administrativas que al mismo tiempo funcionan como agencias o fiscalías del Ministerio Público en una entidad con muy accidentada geografía y 570 municipios.
Pero la impunidad y la renuencia de la población a denunciar los delitos de los cuales es víctima, porque considera muy engorrosos y tardados los trámites ante el Ministerio Público; porque recibe mal trato de la autoridad; o porque simplemente no confía en las fiscalías, profundizan el pñroblema de la procuración de justicia en nuestro país, según reflejan los datos proporcionados en dos diferentes encuestas realizadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Hay delitos que requieren especial atención, pero la mayoría de los estados no están preparados para hacerlo pues no cuentan con suficientes fiscalías especializadas. Por ejemplo, para recibir denuncias e investigar delitos contra las mujeres sólo cuatro estados tiene un número respetable de agentes del Ministerio Público especializados: Veracruz, con 48; Jalisco con 30, así como Guanajuato y Estado de México, con 27 ministerios públicos especializados por cada entidad. Pero hay casos como Coahuila, Baja California, Baja California Sur, Guerrero y Nuevo León, que no tienen un solo Ministerio Público especializado en esta materia.
Igual podríamos observar el asunto de la procuración de justicia con respecto a los feminicidios. La mayoría de los estados no tienen agentes especializados para atender este delicado delito. Los que más atención ponen a la investigación de feminicidios son Veracruz, con 48 agencias del Ministerio Público, Puebla con 36 y Jalisco con 11 agencias investigadoras. Hay entidades que no tienen ni una sola agencia especializada en investigar feminicidios, como son los casos de Tamaulipas, Sonora, Colima, Sinaloa y Nayarit.
Para un delito tan grave como la trata de personas sólo cuatro estados ponen un razonable interés, como son los casos de Puebla, que tiene 36 agentes del ministerio público especializados en trata de personas; mientras quen Jalisco, Veracruz y Sinaloa tienen cada uno, cinco agencias especializadas en trata de personas, respectivamente. Con respecto a la investigación de personas desaparecidas, no localizadas, ausentes o extraviadas, sólo Jalisco dispone de 23 agentes del Ministerio Público especializados y Tamaulipas tiene 13. En los demás estados este delito parece irrelevante.
Por otra parte, con excepción de Veracruz, que tiene 11 agencia del ministerio público para atender a personas indígenas y Chiapas con 8, al resto de las fiscalías del país no les interesa este asunto. Tampoco son importantes los delitos cometidos contra periodistas o defensores de derechos humanos e igual tienen poca relevancia para la mayoría de las fiscalías del país los delitos cometidos contra personas de la comunidad de la diversidad sexual.
A nivel nacional, 45.5 por ciento del personal de fiscalías corresponde a mujeres y 54.5 por ciento a hombres. Sólo siete de 32 fiscalías en todo el país tienen más personal de mujeres que de varones. Durante 2023 la Fiscalía General de la República y las 32 fiscalías estatales tuvieron un presupuesto de 74 mil 363 millones de pesos en 2023. Las fiscalías con más recursos en el país son la General de la República, la de la Ciudad de México, la del Estado de México, la de Guanajuato y la de Nuevo León, en ese orden de importancia.
Durante 2023 se denunció e inició una carpeta de investigación en 7.1 por ciento del total de delitos. En el 92.9 por ciento de delitos no hubo denuncia o no se inició una carpeta de investigación. La confianza de la gente en los ministerios públicos estatales es muy baja, apenas del 59.7 por ciento.
Pero la impunidad y la renuencia de la población a denunciar los delitos de los cuales es víctima se deriva de que considera muy engorrosos y tardados los trámites ante el Ministerio Público; porque recibe mal trato de la autoridad; o porque simplemente no confía en las fiscalías. Esto profundiza el problema de la procuración de justicia en nuestro país, según reflejan los datos proporcionados en dos diferentes encuestas realizadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Por eso no es extraño que los porcentajes en la Cifra Negra de Delitos, que no son denunciados o no son investigados, sean altísimos en algunas entidades del país, como Guerrero, donde llega al 97.5 por cidento o en Chiapas, donde alcanza el 96,6 por ciento. Incluso los promedios más bajos de cifra negra de delitos son preopcupantes: 88.9 por ciento tanto en Durango como en Baja California.
Desde 1764, cuando publicó su célebre Tratado de los Delitos y de las Penas, el filósofo y jurista italiano César Bonesana, Marqués de Beccaria, predicaba sobre la firmeza de las sanciones y el castigo, cuando la ley se cumple y se tiene devoción por hacer prevalecer la justicia, desde los asuntos menores, hasta los muy grandes. “No es la crueldad de las penas -decía Bonesana- uno de los más grandes frenos de los delitos, sino la infalibilidad de ellas, y por consiguiente la vigilancia de los magistrados, y aquella severidad inexorable del juez, que, para ser virtud útil, debe estar acompañada de una legislación suave”.
Agregaba: “La certidumbre del castigo, aunque moderado, hará siempre mayor impresión que el temor de otro más terrible, unido con la esperanza de la impunidad. Porque los males, aunque pequeños, cuando son ciertos amedrentan siempre los ánimos de los hombres”.
La voluntad sincera, firme y valiente, para hacer cumplir las leyes de manera estricta, con el honrado propósito de procurar y administrar justicia, sería el mejor antídoto contra el crimen, la violencia, los abusos y la impunidad, horrores que agobian y agravian cotidianamente a los jaliscienses.
