Sandra cumple 12 días desaparecida, lo que ha generado creciente preocupación y el clamor por su búsqueda inmediata. La familia, encabezada por su madre y hermanas, así como sus amigos, compañeros y activistas nuevamente saldrán este miércoles a las calles de Oaxaca a una protesta en la que exigen al Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, que la búsqueda y localización de la activista se asuma como una prioridad estatal.
Ciudad de México, 16 de octubre (SinEmbargo).- La voz de Sandra Estéfana Domínguez Martínez denunciando el machismo, la misoginia, la violencia y las desapariciones de mujeres en Oaxaca atravesó el ruido del poder. Sandra, activista mixe, no sólo visibilizó la violencia de género que afecta diariamente a las mujeres, especialmente a las más vulnerables, como las indígenas, sino que expuso esa violencia desde sus estructuras políticas al exhibir y evidenciar una red de difusión de pornografía que involucraba a funcionarios y políticos oaxaqueños.
Sin embargo, esa voz valiente que interpelaba directamente a los agresores —muchos de ellos protegidos en las altas esferas del gobierno estatal— desapareció. Y el silencio se ha vuelto insoportable para sus familiares, colegas y activistas, quienes hoy exigen que su búsqueda sea prioritaria y su aparición con vida inmediata.
Sandra cumple 12 días desaparecida, lo que ha generado creciente preocupación y el clamor por su búsqueda inmediata. La familia, encabezada por su madre y hermanas, así como sus amigos, compañeros y activistas nuevamente saldrán este miércoles a las calles de Oaxaca a una protesta en la que exigen al Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, que la búsqueda y localización de la activista se asuma como una prioridad estatal.
Asimismo, piden la intervención de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que, primero se pronuncie, y para instruir a que la federación colabore en los esfuerzos por localizar a la defensora de derechos humanos con vida.
”Sandra no desapareció así no nada más, a Sandra no se la tragó la tierra. Sandra tiene que estar en algún lugar y justo con la primer mujer Presidenta me parece que una desaparición de las mejores puede pasar desapercibida, pero mucho menos la de una mujer defensora”, expresó Yessica Sánchez, directora de colectivo Consorcio Oaxaca, asociación defensora de derechos humanos de la que Sandra era integrantes.
La desaparición de Sandra se registró desde el pasado 4 de octubre, cuando su familia se comunicó con ella por por última vez, tras haberse reunido en la ciudad de Oaxaca dos días antes. Joaquín Guzmán, abogado defensor y compañero de Sandra, explicó que la falta de comunicación inicialmente no despertó alarmas debido a que la zona indígena donde ella reside suele tener problemas de señal.
Sin embargo, tres días después, la preocupación aumentó cuando un primo de Sandra notificó a la familia que su camioneta fue encontrada abandonada en una zona limítrofe entre Oaxaca y Veracruz.
“¿Cuándo fue que se despertaron las alarmas? Cuando se nota la ausencia de la camioneta. Tres días después, se localiza en la zona limítrofe entre el estado de Oaxaca y Veracruz. El día 6 o 7, la familia se da cuenta de que algo malo está pasando, pues son notificados por un primo de Sandra de que se había visto la camioneta por ahí abandonada”, detalló.
Sandra, joven activista ayuuk y abogada con una destacada trayectoria en la defensa de los derechos de las mujeres, litigaba casos de violencia y desaparición de mujeres, tenía su despacho en la localidad de María Lombardo, San Juan Cotzocón, Oaxaca.
Se dio a conocer en 2020 cuando denunció públicamente un grupo de WhatsApp llamado Sierra XXX integrado por 140 personas entre ellas funcionarios de diversas instituciones. En ese chat, circulaban imágenes pornográficas y de cosificación sexual de mujeres indígenas. Sandra, quien fue una de las víctimas cuyas imágenes eran compartidas, presentó una denuncia penal contra Donato Vargas, uno de los implicados en el chat y que actualmente es Coordinador de Delegados de Paz.
Al siguiente año, la activista Ayuuk también denunció a Humberto Santos, quien fue señalado de crear el grupo de WhatsApp Sierra XXX, y quien en el 2021 era precandidato de Morena, a Diputado local de Oaxaca; tras la denuncia Santos dimitió.
Yessica Sanchez explicó que a pesar de que Vargas se disculpó, el caso de Sandra no fue el único. En 2023, Martha Aracely Cruz, pareja de Donato, lo acusó en 2023 públicamente de violencia familiar, incluyendo agresiones físicas, manipulación y robo de dinero. Sandra la acompañó jugando un papel clave en apoyar a Aracely para que pudiera presentar esta denuncia.
La desaparición de Sandra se da en un contexto en el que los agresores que ella denunció junto con otras víctimas eran protegidos por el propio Gobierno estatal, de acuerdo con las denuncias
“El Gobierno de Salomon Jara, ni por la primera, ni por la segunda denuncia descolocó o quitó del cargo a Donato Vargas, al contrario, dijo que era un buen trabajador y que hasta que no le probaran nada, él no iba a quitarlo, incluso le han dado mucha cobertura, es el coordinador para la construcción de paz en Oaxaca, el que coordina a un grupo de gente que se debe hacer construcción de paz, imagínate la paradoja”, detalló.
La desaparición de Sandra Dominguez resulta así un golpe a la verdad, la justicia y la vida libre de violencia que tanto luchó por defender, pues a pesar de enfrentar amenazas, intentos de intimidación, su compromiso fue más fuerte que el miedo. “Sandra nos decía que sentía que estaba vigilada, pero que ella iba a continuar con su trabajo, que no la iban a intimidar. Ella asumía y decía que no les iba a tener miedo y que iba a seguir haciendo su trabajo”, agregó Sánchez.
Joaquín Guzman destacó que es importante que las autoridades tomen en cuenta el contexto de laboral, las denuncias que hizo. “Deben hacer una evaluación integral de los riesgos en los que se encontraba Sandra, principalmente porque sus casos estaban enfocados a confrontar figuras de poder”.
Sin embargo, dijeron, la respuesta de las autoridades ante la desaparición de Sandra ha sido revictimizante e incluso violenta, un patrón que se repite en muchos casos de personas desaparecidas.
“La familia intenta poner la denuncia el 7 de octubre; sin embargo, en la Fiscalía Estatal en Oaxaca les dicen que no, que no les van a recibir la denuncia, que tienen que denunciar en Cotzocón, donde ella tenía su despacho y vivía. Entonces la familia viaja a Cotzocón, y allí les dicen que no. Posteriormente, hasta el día 8, es cuando toman la denuncia en Oaxaca, se emite la ficha y empieza la movilización por parte de la Fiscalía del estado y la Comisión de Búsqueda para encontrar a Sandra. Pero hasta la fecha no hemos tenido información de su paradero. Si bien es cierto que hay operativos, no hay información que permita ubicar a Sandra”, narró Sánchez.
“Eso retraso a la familia suficiente tiempo como para que la denuncia se presentara formalmente hasta el 8 de octubre y el protocolo de la Fiscalía fue muy leve en ese momento hasta que se dieron cuenta de quien se trataba”, añadió por su parte el defensor Joaquín Guzman.
Yessica Sánchez además denunció que esta no fue la única revictimización que enfrentaron ella y su familia. Afirmó que la respuesta del gobierno estatal consistió en respaldar públicamente al funcionario acusado de violencia por la activista, a quien incluso se le invitó a una rueda de prensa en la cual descalificó la desaparición de Sandra tildando como “grilla feminista”.
“Cuando se da a conocer la denuncia de su desaparición el 8 de octubre, el día 9 de octubre, el secretario general de gobierno, Jesús Romero, convoca una conferencia de prensa sobre seguridad en Oaxaca y pone en vocería a Donato Vargas – quien había guardado un silencio absoluto sobre las denuncias–. Donato (tras la desaparición de Sandra) le hace una interpelación abierta a Sandra, diciendo que nunca lo denunció, lo cual no es cierto, porque la denuncia de Sandra fue pública, incluso se conocía el número de investigación; que la fiscalía no haya hecho nada y haya solapado la violencia de Donato es otro tema. Sospechosamente, es la primera vez que Donato sale e interpela a Sandra (luego de su desaparición). Es como si supiera que Sandra no va a volver a retirarle la denuncia o algo similar, porque durante cuatro años estuvo callado. Incluso se atrevió a deslegitimar y descalificar la denuncia de la desaparición de Sandra, calificándola como `una grilla feminista´, cuando lo que correspondía al Gobierno era un pronunciamiento de Estado, condenando la desaparición de la compañera”, destacó la activista.
En un llamado urgente, piden que se refuercen las actividades de búsqueda para garantizar la aparición de Sandra con vida y que el Estado garantice su seguridad física, ya que, según Sandra no puede ser una estadística más, expresan sus allegados.
“Estamos pues muy preocupadas y consternadas porque lo que menos esperábamos era que en Oaxaca tuviéramos que registrar otra defensora desaparecida; está el caso de Irma Galindo, Claudia Uruchurtú”, expresó Yessica Sánchez.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México(RNDDHM) informó que desde el año 2020 al 2023, al menos 33 mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos en México fueron víctimas de feminicidio y 23 tentativas de asesinatos.
Los días transcurren sin que haya rastro del paradero de Sandra, mientras crece la desesperación entre su familia, colegas y activistas. Joaquín Guzmán, abogado y compañero de Sandra, explica que aunque las autoridades estatales han realizado algunas diligencias, tanto la familia como los colectivos desde Oaxaca piden que la federación asuma el caso al ver que hasta ahora impera la improvisación en la investigación.
“La Comisión (estatal) de Búsqueda en Oaxaca es muy reciente, no se tiene la experiencia que se tiene en otros estados sobre búsquedas de desaparecidos; sin embargo, lo que yo he visto, a raíz de esto, es mucha improvisación […]la búsqueda debería estar regida por una labor de inteligencia por la Fiscalía principalmente, y eso parece que no está sucediendo adecuadamente […] no hay una aplicación de elaboradores de inteligencia adecuada y además ¿Cómo confiar en las labores de la fiscalía local cuando la desaparición se da en un contexto donde hay funcionarios estatales señalados, entonces obviamente no podemos confiar por eso es que la familia y nosotros como colaboradores estamos exigiendo que el caso lo atraiga la federación y que la Presidente Claudia Sheinabuam pueda pronunciarse y dar indicaciones para la FGR intervenga”, concluyó el abogado Joaquín Guzmán.
