Por Justine Dupuy, Coordinadora del programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción en @FundarMexico

Comprar o adquirir espacios de publicidad en los medios de comunicación para anunciarse es una práctica extendida y legal a la cual recurren la mayoría de los gobiernos de América y demás continentes. Canadá, Colombia, Argentina, Francia, España, etc.; en todos estos países los gobernantes usan la publicidad oficial como parte de sus estrategias de comunicación social.

¿Por qué, si es una práctica tan común, el uso de la publicidad oficial genera en México tanta polémica? ¿Por qué se evoca, después de la renuncia de Leonardo Curzio de Enfoque Noticias, la sombra de la publicidad oficial? Este no es un hecho aislado, las mismas preguntas se formularon después del despido de Carmen Aristegui y su equipo de MVS radio.

Estos hechos hacen dudar de la independencia de los medios de comunicación frente al poder político en México, y contribuyen a aplanar el debate político y el paisaje mediático quitando las voces críticas, obstaculizando el periodismo de investigación y eliminando los espacios donde se hacen las preguntas incomodas. En pocas palabras se debilita la libertad de expresión cuando más la necesitamos: en pleno proceso electoral. En ocho meses, ¿con base en qué tipo de información las y los mexicanos vamos a tomar decisiones en las urnas?

Aunque vemos cómo estas decisiones afectan la libertad de expresión, es difícil comprobar la relación directa de estos acontecimientos con posibles presiones por parte de los gobiernos. Por eso se habla de censura sutil o indirecta; la que no se ve, pero existe. Puede tomar varias formas: presiones para conseguir o renovar concesiones del espectro radioeléctrico, auditorías múltiples que dificultan el trabajo, o chantaje a través de los contratos de publicidad oficial.

Es sumamente difícil comprobar esta censura, pero lo que sí se puede evidenciar, es un contexto altamente favorable a este tipo de presión o chantaje. En México, el ecosistema mediático no se puede entender si no se toman en cuenta las grandes cantidades de dinero público que los gobiernos en turno, federal y estatales, se gastan, sin control ni reglas, para comprar espacios de publicidad en los medios. Y muchos de los medios en México dependen de este dinero para vivir.

Según el ultimo informe “contar lo bueno cuesta mucho” publicado por Fundar en septiembre, el gobierno federal se ha gastado más de 36,200 millones de pesos (mdp) en los cuatro primeros años del sexenio, y 41% de estos recursos no habían sido presupuestado, fueron sobreejercidos. Tan sólo en 2016 se ejercieron más de 10 mil 698 mdp en este tipo de gasto cuando se había presupuestado solamente 4,580 mdp.

Estos constantes sobreejercicios comprueban la falta de control y de vigilancia alrededor de estos montos. A lo largo de dos sexenios, Fundar ha documentado cómo la ausencia de control, normas, rendición de cuentas y topes transforma la publicidad oficial en un arma al servicio de la censura. Y esta situación no es propia del gobierno federal, en los estados también hemos documentado prácticas que tienen un impacto negativo sobre la libertad de expresión.

Por ejemplo, es interesante notar que ex gobernadores que hoy en día enfrentan investigaciones y juicios por posibles actos de corrupción abusaron de los contratos de publicidad oficial cuando estaban en el poder. En Chihuahua, el ex gobernador Cesar Duarte gastó más de 3 mil 500 mdp en publicidad durante su sexenio. En Quintana Roo solo en un año (2015), la administración del ex gobernador Roberto Borge gastó mil 149 mdp (cifra que considera los tres poderes, órganos autónomos y el sector paraestatal).

La publicidad oficial sin control ni regulación se traduce en relaciones financieras opacas y discrecionales entre gobiernos y medios en el país. Estas relaciones son un terreno fértil para la censura sutil y el desarrollo de redes de corrupción. No se podrá construir un paisaje mediático plural y libre sin atender este tema como lo prometió el presidente Enrique Peña Nieto al inicio de su sexenio.

La promesa quedó incumplida y, mientras tanto, la sospecha alrededor del uso perverso de la publicidad oficial ha aumentado. Si no se limita, controla y regula el gasto en publicidad oficial, es solo una cuestión de tiempo para que nos volvamos a ofuscar de una salida o despido sospechoso. Si no se cambian las reglas, solo es cuestión de tiempo para que surja un nuevo caso Aristegui o Curzio.

Fundar

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