Al menos 28 millones de personas en México no tienen la respuesta ni la certeza de si podrán llevarse un alimento a la boca el día de mañana. Casi una cuarta parte de la población total no tiene dinero suficiente para tener acceso a la canasta básica y darle de comer a su familia. Y si lo logran, será por el “beneficio” de alguno de los 6 mil 700 programas sociales que les llenará el estómago con chatarra. En un país que contaba con la capacidad para proveer de alimentos locales y saludables a sus habitantes, una serie de decisiones tomadas para favorecer la economía, derivaron en la actual crisis de malnutrición: millones sin comer, millones con sobrepeso, millones con diabetes. ¿En qué momento perdió México su autosuficencia alimentaria?
Ciudad de México, 16 de octubre (SinEmbargo).– “Los mexicanos consumimos alimentos por dos razones: lo que hay y para lo que nos alcanza” y a pesar de vivir en una país con las condiciones climáticas para producir la mayor parte de lo que sus ciudadanos se llevan a la boca, actualmente más del 50 por ciento de lo que se come, viene del extranjero.
Lo anterior lo dice la investigadora Julieta Ponce Sánchez a SinEmbargo, quien especifica que la seguridad alimentaria en México está garantizada sólo en términos de calorías pues desde hace algunos años se cuenta con una disponibilidad de 3 mil 200 kilocalorías por persona al día, lo cual supera las necesidades de cualquier adulto promedio, no obstante, la mayoría de ellas provienen de una alimentación poco saludable.
“La disponibilidad de los alimentos se ha garantizado gracias a las cadenas comerciales. Es más fácil garantizar alimentos cuando la camioneta de Gamesa, Sabritas o Coca Cola llega a las comunidades más vulnerables y esto ocasiona que las tiendas del Gobierno federal –como las Diconsa, que son más de 25 mil puntos de venta por todo el país y sin capacidad de refrigeración– vendan productos industrializados, que tienen adicionado sodio, azúcar y grasas trans, a que tengan vida de anaquel”, expone Ponce Sáncez.
Estos tres ingredientes fueron los que empezaron a cruzar las fronteras a partir de Tratado de Libre Comercio (TLCAN) y que hoy relacionamos con el problema de nutrición y de salud del país. Los ves en barritas de cereal, galletería, preparaciones para endulzar leche, cereales dirigidos a niños, todo lo que ya es parte de la dieta habitual y que hoy está culturalmente identificado con las familias”, dice la directora del Centro de Orientación Alimentaria (COA).
Mireya Vilar Compte, académica del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana, define que una persona tiene seguridad alimentaria cuando tiene acceso a una alimentación variada, inocua y de calidad en todo momento, tanto en términos geográficos como monetarios.
Dice en entrevista con este medio que en el país se mide a través de la Escala Mexicana de Seguridad Alimentaria, en la que mediante una serie de preguntas se categoriza a la población en cuatro dimensiones: seguridad alimentaria, seguridad alimentaria leve, moderada y severa.
“ [A lo largo de los años ha habido] variaciones muy tenues en donde en realidad no corresponde –y es una de las cosas que más preocupa– al nivel de intervenciones sociales que hay. Por ejemplo, actualmente se dice que Prospera no está vinculado a mejoras en la inseguridad alimentaria pero es muy difícil afirmarlo porque es un programa que se instrumenta desde antes de que se midiera, entonces el contrafactor es que no sabríamos cómo estaríamos en ausencia de estos programas.
A partir de la Cruzada contra el Hambre no se vieron modificaciones reales y esto condujo a que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) midiera de una forma distinta la inseguridad alimentaria, les hicieron algunas modificaciones en términos del parafraseo y cambiaron el orden, y eso condujo a estimadores un poco distintos a lo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)”.
Hay una gran preocupación de porqué si hay un programa como la Cruzada contra el Hambre no está cambiando el indicador y en vez de revisar la política o la estrategia, lo que han hecho es echarle la culpa al indicador, se tendrían que revisar ambos”, dice.
COMER COMO UN ACTO POLÍTICO
La nutrióloga y especialista en sistemas alimentarios, Julieta Ponce menciona que las decisiones político-económicas del Gobierno mexicano lo han hecho perder su soberanía alimentaria, es decir, su capacidad para tomar resoluciones y garantizar el Derecho Constitucional que dice en el Artículo 4 que la alimentación debe ser nutritiva, suficiente y de calidad.
“No es suficiente hablar de que hay alimentos sino que eso ha convertido el acto de comer en un acto político, porque su lugar de origen dice mucho de la política del sistema alimentario del país”, dice.
Se refiere específicamente a las decisiones tomadas por el Estado Mexicano en la crisis alimentaria mundial de 1982 y la firma del TLCAN en 1994, que fueron determinantes para la situación actual de desnutrición y obesidad: “En 1980 México producía suficientes alimentos para la población mexicana y para mantener el modelo económico decidieron vender esos alimentos y también comprarle al extranjero, de donde venían ya procesados para aguantar las grandes distancias, con características de calidad que deciden los otros países enviar a México y a favor de los grandes monopolios de productos ultraprocesados […] ¿por qué esas decisiones económicas ahora se tienen que resolver en los consultorios nutricionales?”.
“A la vez que se firmó un tratado comercial con miras a fortalecer el sistema económico, debió privilegiarse a las personas y al medio ambiente. Esto provocó que México fuera perdiendo autosuficiencia alimentaria y por ende soberanía, porque hoy México no puede decidir sobre su sistema alimentario debido a que al menos la mitad de los alimentos dependen del extranjero”, continúa.
EL ABANDONO DE LO NUESTRO
Privilegiar a las empresas no sólo impacta la salud de los consumidores, es también parte de un círculo vicioso que ha expulsado a miles de campesinos de sus tierras y que hace que los subsidios gubernamentales se concentren en el 10 por ciento de los productores, ubicados en estados que cosechan alimentos para exportar, como Sinaloa. Eso también lleva a que el 70 por ciento de los pequeños productores viva en la pobreza, de acuerdo con lo declarado por la representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura (FAO) en México en 2012.
Lo anterior ha provocado una pérdida en la autosuficiencia alimentaria, o sea, lo producido en México para consumirse por mexicanos, especialmente en cultivos estratégicos con información genética mexicana, que están disponibles todo el año y que tienen los nutrimentos que requiere la población en este momento para resolver los problemas de salud: maíz, frijol, amaranto, chía. Hortalizas como el nopal, otros cultivos como el aguacate, cacahuate y otros productos de origen animal que complementarían toda la lista, como el huevo, leche y sardina, especifica Ponce.
“En particular tenemos un problema con la disminución en el consumo de frijol que se ha caído a la mitad en tan solo 12 años, si antes las personas en México consumían 15 kilos de frijol al año ahora consumen siete. También la tortilla de maíz ha caído drásticamente, aunque sigue siendo uno de los alimentos primarios se ha ido sustituyendo poco a poco con galletería, productos de panificación, de trigo que están concentrados en un monopolio liderado por Bimbo y que no necesariamente están utilizando todo el trigo mexicano sino que también están importando”, continúa.
LA ALIMENTACIÓN, OTRO DERECHO VULNERADO
En 2011, la Cámara de Diputados aprobó modificaciones al Artículo 4º Constitucional con el que se agregó el párrafo que señala que “Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará”, no obstante, a cinco años de ello, el Estado no sólo no lo ha garantizado sino que lo ha vulnerado.
“Se incumple desde que las 2 mil 300 calorías no están garantizadas ni en su origen ni en su calidad, no son inocuas”, dice la directora del COA.
“Tenemos muchos casos donde el Estado ha sido incapaz de garantizar, por ejemplo cuando hay una crisis. En una granja, con una gallina, como empezó el caso de la influenza aviar y terminamos comprándole huevo a Malasia, puso en jaque a toda la economía del país. Si hay un problema con un productor de huevo, tendría que haber muchos más, el hecho de permitir los monopolios por derecho no podría hacerse, porque al permitirlos el Estado está de manos atadas en una crisis y es incapaz de responder, abastecer y garantizar la disponibilidad de alimentos”, ejemplifica.
Dice que otro caso donde el Estado no ha sabido proteger a la población es en la lucha del impuesto al refresco, en el que la industria ha presionado para echarlo para atrás; al igual que al permitir la siembra de maíz y soya transgénicos: “Ahí hay un amparo promovido por la sociedad civil no por el Estado, Sagarpa (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación) permitió los cultivos comerciales de maíz y soya transgénicos. Estamos hablando que es representante del Estado y por derecho constitucional tienen la obligación de proteger contra terceros”.
Pero la peor falta –dice– es no promover ese derecho, pues las personas no están enteradas de que lo tienen.
“No tendrían que utilizar el tiempo aire para decir que los diputados están haciendo su trabajo, tiene que destinarse a decirnos qué condiciones han garantizado para que se pueda ejercer el derecho a la alimentación. Y esto lo incumple porque las tres estrategias que ha utilizado hasta el momento la Secretaría de Salud (SSa) para el combate a la obesidad están basadas en la industria: que paguen el impuesto, el sello para los productos ‘menos malos’ y el etiquetado frontal que es ilegible, que ni los profesionales de salud pueden comprender, que no protege al consumidor y además violenta su derecho a la información”.
Menciona que muchas mamás no saben que tienen derecho a amamantar y que los niños tienen derecho a recibir lactancia materna, aparte de que no los protege del bombardeo publicitario de fórmulas lácteas en los centros de salud, por ejemplo.
“La gente no sabe que tiene derecho a comer bien y mientras esto sucede, la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de Salud Pública, en su página de alimentos permitidos para los expendios escolares tienen 600 botanas junto con jugos altos en azúcares, productos hechos de soya, y eso le ha permitido a la industria alimentaria decir que los promueven. Entonces, ¿para quién trabajan?”, cuestiona.
¿HACIA DÓNDE IR?
A casi tres años de la presentación de la “Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes”, organizaciones civiles y expertos en el tema han denunciado que es “débil, frágil e incongruente”, además de un “fracaso” que termina por beneficiar a las empresas, según lo dicho en un documento de la Alianza por la salud en 2015.
Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó en marzo de este año que la Cruzada Nacional contra el Hambre, el principal programa social de la actual administración, tiene deficiencias en el diseño, en la focalización de la población a atender y en la coordinación de acciones implementadas, por lo que no hay pruebas de su contribución a la erradicación del hambre en 7 millones de personas.
“No es un problema de hambre, no es que nos estemos muriendo de hambre, nos estamos muriendo de una mala alimentación, que puede conducir a tener una vinculación fuertísima entre obesidad y seguridad alimentaria porque no se tiene acceso a una dieta de calidad”, dice Mireya Vilar.
“En la medida en la que el gobierno no logre mejorar la pobreza, mejorar el acceso a alimentación va a ser sumamente difícil […] Pero también hay un aspecto clínico fundamental que si llega un paciente obeso a la consulta del IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) no le vamos a mandar una dieta que no pueda pagar porque lo único que vamos a hacer es continuar su proceso de desempoderamiento, tenemos que pensar en cómo desde una perspectiva médico preventiva podemos dar recomendaciones de nutrición dado el nivel socioeconómico de la gente”, concluye.
Por su parte, Julieta Ponce llama a una estrategia intersecretarial que apoye la cultura de pequeña escala: “Que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) promueva los subsidios a una lista de alimentos estratégicos. Que la Secretaría de Economía promueva los puntos de venta de esta canasta y que la Secretaría de Salud compruebe que en una promoción del consumo de los alimentos estratégicos estaría garantizando, con base en los datos científicos, el impacto positivo a la salud de las nuevas generaciones.
Pero esto no se resuelve poniendo comedores en las poblaciones rurales. Ya tenemos que sobrepasar ese tema, estamos hablando de soberanía alimentaria y tendríamos que estar hablando de la autonomía también, ¿qué tan capaz está la ciudadanía mexicana de reconocer un alimento nutritivo que sea suficiente y que sea de calidad?”.
La experta en Manejo Integral de la Obesidad concluye: “Esta estrategia necesitaría una declaración amplia del derecho a la alimentación del más alto nivel de gobierno, que esté vinculada intersecretarialmente. Nosotros tenemos toda la evidencia de que el día que se empiece a producir y a consumir más productos del campo y del mar mexicano, entonces vamos a hablar de soberanía alimentaria, de combate al sobrepeso y la obesidad y de que hay condiciones para ejercer el derecho a la alimentación”, finaliza.
