Hace cuatro años la viuda de un militar me dijo que lo mejor era que acabaran con los criminales de una vez por todas: si parecen narcos mejor que los maten, si a esos muchachitos se los llevó el cártel ya no se van a enderezar mejor que se mueran, si parecen jóvenes adictos mejor que los maten, decía la anciana con una franqueza aterradora. Está claro que una buena parte de miembros del ejército no estaría de acuerdo ni con las ejecuciones extrajudiciales ni con la limpieza social, pero por desgracia hay algunos militares, policías, políticos e incluso famosos periodistas que sí lo están. Esa es una desgracia para México. Avalar el asesinato en cualquiera de sus formas es propagar la impunidad, justificar la masacre de unos es justificar la masacre de todos y de cualquiera.
¿Por qué ya casi nadie habla de las veintidós personas que fueron acribilladas en Tlataya estado de México recientemente? Ya sabemos que hay algunos soldados detenidos por lo que parece ser una ejecución extrajudicial, pero qué significa que en efecto miembros del ejército mexicano se hayan sentido con el derecho a ultimar la vida de un grupo de personas que no estaban armadas ni les atacaron pero que “les parecían sospechosas”. Habría que preguntárselo a periodistas afines al Sistema (o simplemente poco éticos) que en sus columnas a lo largo de estos meses han asegurado irresponsablemente que las personas acribilladas “podrían ser criminales o secuestradores porque estaban en una zona controlada por el narco” o que si fueron acribillados por los pobres soldados que han peleado una guerra por el bien del país no se les debe juzgar tan duramente (como diría Gómez Leyva). Parecería que hay códigos postales para reconocer los derechos humanos, unos si los tienes, otras no, unos si merecen el clamor social, otros no. En un país así la venganza se disfraza de justicia.
Resulta profundamente preocupante que México asimile así nomás sin mucha reflexión este hecho concreto: soldados del ejército mexicano acribillaron a un grupo de ciudadanos. La pregunta que le sigue a esta aseveración es ¿cuántas ejecuciones militares se han sucedido en los últimos ocho años y medio desde que inició la guerra contra el narco? Y debemos seguir preguntando hasta obtener una respuesta realista, porque México necesita saber y entender con claridad si lo que hemos presenciado en los últimos años representa también una estrategia de limpieza social; de ser así quién la decide, quién la avala, quién justifica las masacres militares pero juzga las criminales ¿acaso no son lo mismo? Si se lo preguntamos a los policías que se llevaron a los 43 normalistas de Guerrero casi le puedo asegurar que ellos están convencidos de que la vida de estos jóvenes que vivían en condiciones de pobreza y marginación vale mucho menos que la suya propia o la de el alcalde vinculado al poder criminal ¿Quién le pone precio a la vida y a la dignidad humana en México? ¿quién le pone precio a los derechos humanos en nuestro país?
Fue en junio cuando esta masacre impresionó a México y apenas tres meses después ya parece ser historia. Acaso porque un puñado de periodistas irresponsables de la mano de algunos funcionarios manipuladores publicaron que los acribillados eran criminales no se hará una investigación rigurosa para entender qué está sucediendo al interior del ejército.
En las veintenas de fosas mortuorias localizadas en diferentes rincones del país se encuentran seres humanos que deben ser reconocidos como tales. Cuando la muerte se justifica la vida ajena pierde valor y sentido, por eso nos preguntamos quiénes son y cuántas personas son las asesinadas cuyos cuerpos se han descubierto casi casualmente en la búsqueda de las y los vivos.
El procurador Jesús Murillo Karam ha declarado que ninguno de los seres humanos ahora sin vida que se encontraron en las fosas de Guerrero son normalistas ¿quiénes son entonces? Sin esas respuestas seguiremos siendo el país de las y los muertos sin nombres. Por un lado tenemos a miles de familias buscando a sus hijos, hijas, hermanas y esposos desaparecidos, por otro nos enfrentamos a la desgraciada normalización de las palabras “fosas” “cuerpos” “restos” “identificación”, como si éstas estuvieran desligadas de la dignidad humana, como si las y los mexicanos merecieran terminar siendo descritos en los medios como “restos humanos” “fragmentos de cuerpos”. Las fotografías que con indignidad muestran algunos medios de comunicación favorecen esta infame narrativa de la humanidad despojada de sentido.
Tal vez por eso el grito desesperado que hemos escuchado en marchas, en redes sociales, en casa: los queremos vivos, las queremos vivas. Porque con ese grito no solamente deseamos que vuelvan a casa, también reivindicamos el derecho a que la vida humana recupere el valor de su existencia en México.
