Luego de que la Corte Penal Internacional diera luz verde a la investigación de la guerra contra las drogas por supuestos crímenes de lesa humanidad, el vocero del Presidente Duterte, salió a aclarar que deben presentar la denuncia en Filipinas y que la CPI no tiene jurisdicción en el país.
Por Joeal Calupitan y David Rising
MANILA, Filipinas (AP) — El Presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, “morirá antes” de enfrentar a un tribunal internacional, según dijo el jueves su vocero, al día siguiente de que la Corte Penal Internacional (CPI) anunciara que investigará las acusaciones de crímenes contra la humanidad durante su violenta guerra contra la droga.
El vocero de Duterte, Harry Roque, dijo que la noticia sobre la pesquisa no había perturbado al Presidente cuando fue informado el miércoles por la noche.
“El Presidente no tuvo ninguna reacción, porque desde el principio ha dicho que morirá antes de enfrentar a ningún tribunal internacional”, dijo Roque a la prensa.
“Si hay cualquier denuncia, deben presentarla aquí en Filipinas”, añadió.
La corte dijo el miércoles que había autorizado una investigación solicitada por la exfiscal Fatou Bensouda sobre la campaña antidroga de Duterte, y señaló que “no puede verse como una operación legítima de las fuerzas de seguridad”.
Más de seis mil sospechosos de delitos de drogas, la mayoría pobres, han muerto durante la campaña, según el Gobierno. Grupos de derechos humanos dicen que la cifra de muertos es considerablemente más alta y debería incluir muchos asesinatos sin resolver cometidos por hombres armados en motocicletas, y que podrían ser responsabilidad de la policía.
Duterte, que ha celebrado muchas de las muertes pero niega haber autorizado ejecuciones extrajudiciales de sospechosos, no puede presentarse a otro mandato como Presidente en las elecciones del año que viene debido a un límite constitucional. Pero ha anunciado que se presentará como Vicepresidente, una maniobra que sus críticos han descrito como un intento de mantenerse en el poder y protegerse de la investigación de la CPI, que ya se esperaba.
La Secretaria General de Amnistía Internacional, Agnes Callamard, dijo que el anuncio de la CPI llegaba en un “momento crucial” y que “los derechos humanos deben estar en el centro de las conversaciones cuando Filipinas elija a sus próximos líderes”.
“Nadie está por encima de la ley”, dijo en un comunicado. “El Gobierno de Duterte debe poner fin de inmediato al ciclo de muertes, destituir a los implicados de las filas de la policía y llevar a juicio a todos los sospechosos de responsabilidad penal”.
El principal asesor legal del Presidente, Salvador Panelo afirmó que el tribunal internacional, con sede en La Haya, Holanda, está “siento utilizado como un aparato político y de propaganda por los sospechosos habituales, que harán cualquier cosa por derrocar al Presidente”.
“Aunque esperamos que los detractores del Presidente hagan más teatro conforme se acerca la temporada electoral, esta descarada y flagrante interferencia y ataque a nuestra soberanía como país independiente por parte de la CPI es condenable”, dijo en un comunicado escrito.
En su solicitud de 57 páginas, de la que la corte publicó una versión editada, Bensouda alegó que la agresiva estrategia y la retórica belicista de Duterte contra los traficantes ya había tomado forma cuando era Alcalde de la ciudad de Davao, antes de ser elegido Presidente en 2016.
“En múltiples ocasiones, Duterte respaldó y alentó de forma pública el asesinato de delincuentes comunes y traficantes de droga en la ciudad de Davao”, escribió Bensouda.
La investigación abarcaría las muertes registradas durante parte del tiempo que Duterte fue Alcalde y después sobre su mandato presidencial entre el 1 de julio de 2016 y el 16 de marzo de 2019, cuando Filipinas se retiró del tribunal.
Panelo, el asesor legal del Presidente, alegó que si la corte quería investigar, tenía que haberlo hecho mientras Filipinas fue miembro de la CPI, y que ahora no tiene jurisdicción.
Pero Carlos Conde, investigador en Filipinas de Human Rights Watch, señaló que al centrarse en los años en los que el país era miembro de la corte, la CPI tiene todo el derecho a investigar las acciones de Duterte.
