Como un sándwich. Así recuerdan vecinos y afectados la manera en que se derrumbó este inmueble de oficinas en la colonia Roma, que fue bautizado como la zona cero del sismo en la capital y que acumula una serie de irregularidades al cumplirse el próximo miércoles el primer aniversario de la tragedia.
En los alrededores de esta zona llena de comercios tampoco se respira el mismo ambiente de hace un año. Se ven algunos negocios cerrados y la gente rehuye pasar por ese muro blanco lleno de pintadas que exige una reconstrucción y recuerda que el sismo dejó miles de damnificados.
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Por Martí Quintana
México, 16 de septiembre (EFE).- Negligencia, reformas estructurales y atisbos de corrupción siguen planeando hoy sobre el edificio de Álvaro Obregón 286, un fantasmagórico solar en medio de una de la zonas de moda de la Ciudad de México y que representa una más de las tragedias del sismo del 19 de septiembre de 2017.
Como un sándwich. Así recuerdan vecinos y afectados la manera en que se derrumbó este inmueble de oficinas en la colonia Roma, que fue bautizado como la zona cero del sismo en la capital y que acumula una serie de irregularidades al cumplirse el próximo miércoles el primer aniversario de la tragedia.
Fallas que, según alegan expertos y familiares, llevaron a la muerte de 49 personas -30 hombres y 19 mujeres- por el devastador terremoto de magnitud 7,1 que sufrió el centro y sur del país, justamente 32 años después de otro potente mismo ocurrido el 19 de septiembre de 1985.
“Es uno de los edificios que tenía todos los indicativos de que algo estaba mal y tenía muchas fallas, pero ni los mismos dueños sabían la magnitud del problema”, dijo hoy a Efe Lilia Saúl, editora de la ONG Connectas.
La también colaboradora en un proyecto de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que analizó en profundidad la situación de los principales inmuebles afectados, explicó que el edificio se construyó en 1959 siguiendo todos los estándares de la época.
Pero con el tiempo se fue modificando frente al plano original. Por ejemplo, se construyeron dos plantas más, llegando a los seis pisos.
Ingenieros y peritos hicieron “una autopsia del edificio y al revisar las últimas dos losas vieron una construcción distinta”, señaló la investigadora.
El edificio estuvo durante décadas alquilado a varias instituciones de gobierno, aunque ningún organismo conserva los planos estructurales de esta propiedad de la familia Sota, que también renta otras propiedades a organismos públicos.
Además, en los años 90 cambió el uso de suelo para adecuarla a su función de oficinas.
En 1997, según un documento al que tuvo acceso Efe, la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México emitió un oficio donde alertaba que, si bien no se apreciaban daños, el edificio se inclinaba hacia un lateral del inmueble del 284 de Álvaro Obregón, por lo que existía “el peligro de que ambas estructuras choquen ante la acción de un sismo intenso”.
Tras el derrumbe del primero, el edificio aledaño se demolió por seguridad.
La catástrofe parecía anunciada y a un año del fatídico terremoto la vida de muchos afectados sigue en una encrucijada.
“Estamos en contra del gobierno y de la inmobiliaria. El gobierno debe tomar acciones contra sí mismos porque ellos expiden permisos, y permiten seguir trabajando”, denunció a Efe Juan Pedro Filomeno Manuel, tío de Noemí Manuel, fallecida bajo los escombros de este edificio.
De 21 años, la joven entró al edificio diez minutos antes de que colapsara. Iba a firmar su primer contrato tras licenciarse en Finanzas.
En los alrededores de esta zona llena de comercios tampoco se respira el mismo ambiente de hace un año. Se ven algunos negocios cerrados y la gente rehuye pasar por ese muro blanco lleno de pintadas que exige una reconstrucción y recuerda que el sismo dejó miles de damnificados.
Aunque algunos negocios aseguran que no padecieron una caída de ventas, otros, como el restaurante La Generala, ya no llegan a fin de mes.
“Un día antes del terremoto nosotros teníamos hasta fila para entrar y ahora no hay gente. Y no hay ayuda”, comentó a Efe María Emilia Lamadrid, propietaria de este establecimiento desde hace 15 años.
La falta de clientes les ha llevado, prácticamente, a la pobreza. Hay meses que no tienen para pagar el alquiler de su casa y duermen en el mismo local.
Mientras, unos pocos familiares de quienes perdieron la vida en el edificio buscan justicia mediante una investigación por homicidio culposo.
Otros tiraron ya la toalla y aceptaron una compensación económica de 950 mil pesos (unos 50 mil dólares), indicó Saúl.
De acuerdo con sus investigaciones, incluso en este punto hay muchos claroscuros. Los damnificados firmaron un contrato “totalmente abusivo” porque les obligaron a no dar seguimiento el caso.
Además, la Ciudad de México expropió el terreno para crear un memorial, muy criticado por las víctimas, y según la investigadora, el gobierno capitalino pagó una suculenta cantidad a los propietarios, que a su vez habrían usado para el pago de indemnizaciones.
A cuentagotas, durante 16 días, los equipos de rescate sacaron una treintena de personas con vida del edificio y 49 cuerpos, ante la atenta mirada de medios de comunicación y la esperanza perenne de muchos familiares de sepultados.
Y un año después, la zona cero parece una radiografía de muchos de los males que corroen México como la corrupción y la impunidad.
