El informe de la Red TDT “La esperanza no se agota” revela que fuerzas de seguridad (estatales, municipales y federales) han cometido detenciones arbitrarias, agresiones físicas, intimidaciones, amenazas u hostigamientos contra defensores de derechos humanos, incluso el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas es señalado.
El programa de protección es acusado de implementar de manera deficiente medidas de seguridad para los beneficiarios en Coahuila, Oaxaca, Chiapas, Querétaro, Sonora y el Estado de México, y por negar el ingreso a dos activistas de Guerrero y Chiapas.
El gran número de agresiones, violaciones a derechos humanos y delitos cometidos en contra de los defensores, tiene un irreparable costo personal para ellas y para toda la sociedad en general. Estas cifras resultan alarmantes durante el periodo de gobierno de Enrique Peña Nieto y contradicen los avances formales en el reconocimiento de las garantías, señala la red de organizaciones sociales.
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Ciudad de México, 15 de septiembre (SinEmbargo).– Los ataques contra personas y colectivos que defienden los derechos humanos en el país constituyen una práctica generalizada en México, lo que refleja la falta de voluntad del Estado para proteger a las personas defensoras, acusó la la Red Nacional de Organismos Civiles de derechos humanos Todos los derechos para todas y todos, integrada por 84 organizaciones de 23 estados del país .
En los últimos diez años se han desarrollado capacitaciones y evaluación de los cuerpos policiacos, sin embargo, las políticas públicas de seguridad no solo no cumplen su objetivo, sino que incrementan la violencia al pretender legalizar la presencia de fuerzas armadas en las calles o restringiendo propuestas en la materia.
La Red TDT reportó 862 eventos contra personas y colectivos entre diciembre de 2012 y julio de 2016, dentro de estos eventos documentó 3 mil 380 actos, de los cuales el 73 por ciento (2 mil 461) son violaciones a los derechos humanos y el 27 por ciento (919) son delitos contra personas y colectivos que defienden las garantías individuales.
Representantes del Estado en sus tres niveles son señalados de participar en detenciones arbitrarias, agresiones físicas, intimidaciones, hostigamientos o amenazas. Las fuerzas de seguridad aparecen en 247 eventos: 110 de fuerzas estatales de seguridad pública; 52 de fuerzas municipales de seguridad pública; 40 de fuerzas federales de seguridad pública; 32 del Ejército Mexicano; 10 de la Marina; y de fuerzas de seguridad mixtas.
El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas también es señalado de participar en 11 eventos, en nueve de estos es debido a la implementación deficiente de las medidas de protección en Coahuila, Oaxaca, Chiapas, Querétaro, Sonora y el Estado de México. En los dos restantes negó el ingreso como beneficiarios a defensoras: Norma Mesino, de la Organización Campesina de la Sierra Sur en Guerrero a pesar de que integrantes de su familia y de su organización fueron asesinados; y Romeo Montejo de la Coordinadora Plan de Ayala en Chiapas, víctima de violaciones a los derechos humanos.
Para Alberto Xicoténcatl, de la Casa del Migrante de Saltillo, el Mecanismo de Protección “no es una medida suficiente” porque no está diseñado para cambiar la estructura, y lo que se necesita es eso, tener acceso a la justicia, tener garantías de seguridad y tener funcionarios públicos que respeten los derechos humanos.
“El Mecanismo protege personas, no cambia contextos y eso es una de sus grandes limitantes. Está sujeto a las voluntades de los funcionarios públicos en turno y si no quieren, fracasa. Han habido casos en que se cierra el caso, pero no por ser resuelto, sino porque el defensor o periodista decide abandonar el trabajo que está desarrollando o la entidad federativa donde estaba, lo cual también es un fracaso”, dijo Xicontécatl.
El Mecanismo de Protección tiene 599 personas beneficiadas de las cuales 374 son casos (individuales o colectivos) de defensores de derechos humanos. Pero, dijo Alberto, hay grandes limitaciones para defender colectivos y comunidades de pueblos originarios enteras que defienden su territorio.
Estela Ángeles Mondragón, abogada de las comunidades indígenas en la Sierra Tarahumara en Chihuahua, es una beneficiaria del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas luego de que asesinaron a su esposo en 2010, también defensor. Pero, dice, “no es una burbuja que nos va a cuidar ni proteger”. A la comunidad rarámuri de Baqueachi y a ella le han ofrecido custodios, pero se han negado porque no es fácil acceder a la zona.
“El Mecanismo para los que somos beneficiarios está un poco mal hecho. Los cuestionarios que tienen difícilmente los podemos llevar porque atravesar un río en Baqueachi está del carajo porque no hay puentes. Las agresiones que se cometen contra nosotros no es debido a la inseguridad, sino a la impunidad. El Estado mexicano debe realizar su trabajo de proteger no solo a los defensores de derechos humanos sino a los ciudadanos”, aseguró Estela. “Somos ciudadanos de un país que está en crisis por la corrupción y la impunidad. En la gran mayoría de las agresiones a los defensores no hay una revisión seria del expediente de investigación”.
Fernando Ríos, Secretario Técnico de la Red TDT, coincidió en que priva la impunidad porque incluso en casos más conocidos no se puede saber si se realizaron las investigaciones ni tampoco se tiene la certidumbre de que el detenido sea el perpetrador. En los menos conocidos, dijo, es mucho mayor la impunidad porque ni siquiera se abre una investigación.
Entre las recomendaciones de esta Red, es que este Mecanismo de Protección debe contar con autonomía presupuestaria y de gestión que le permita ofrecer una atención integral y hacer un análisis de riesgo de la situación en que se encuentran las personas defensoras.
Hasta mayo se enteraron que no contaban con presupuesto para el Mecanismo, lo cual pone en mucha vulnerabilidad a los beneficiarios y sugiere una política de simulación.
A cinco años del gobierno de Enrique Peña Nieto, el informe resaltó el incremento de las violaciones a los derechos humanos contra personas defensoras, las cuales son generalizadas en todo el país, en los tres niveles de gobierno, así como en los tres poderes del Estado.
La constante omisión y política de simulación de todas las instancias gubernamentales impide prevenir y asegurar la protección a los defensores de derechos humanos, concluyó Red TDT.
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El pasado martes, seis organizaciones civiles pidieron al gobierno estadounidense detener el flujo de dinero en efectivo que recibe el Ejército mexicano por considerar que México no ha cumplido con el requisito de mejorar el respeto de los derechos humanos de sus ciudadanos y tampoco investiga los delitos y abusos que sufren a manos de las fuerzas de seguridad.
A más tardar el 30 de septiembre, el Departamento de Estado debe reportar al Congreso de Estados Unidos si México ha cumplido con el requisito de mejorar su situación en esta materia.
Para Amnistía Internacional, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Fundar Centro de Análisis e Investigación, el Grupo de Trabajo de América Latina (LAWG, por sus siglas en inglés, y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), el Gobierno mexicano no ha mostrado voluntad política para proteger las garantías de sus gobernados.
En un comunicado, las organizaciones pusieron como ejemplo de las violaciones, la resolución judicial que determinó que la Procuraduría General de la República (PGR) no investigó con diligencia el caso de los soldados responsables por la muerte de 22 civiles en Tlatlaya, Estado de México, en junio de 2014, y que tampoco indagó la cadena de mando de la orden de “abatir delincuentes en horas de oscuridad”.
