De la mayor importancia y oportunidad es el informe Horizontes 2030 para al Desarrollo elaborado por el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED), que fue presentado por la UNAM justo en víspera de la declaratoria de Presidenta Electa a Claudia Sheinbaum Pardo por parte del Tribunal Electoral.

Me parece que ese documento, coordinado por los doctores Enrique Provencio Durazo y Rolando Cordera Campos, hace aportaciones valiosísimas, cruciales diría yo, para ser tomadas en cuenta por el gobierno que iniciará el próximo 1 de octubre en la  elaboración de Plan Nacional de Desarrollo 2024-2030 (PND) que deberá tenerse en los primeros meses del sexenio que se inicia.

Hay que recordar por cierto que  la Constitución marca en su Artículo 26 la obligación de elaborar un Plan Nacional de Desarrollo y que  para ello se deben hacer consultas no solo a la sociedad civil, sino a la academia. En ese sentido, la UNAM está haciendo un aporte esencial para el diseño de dicho Plan. Y debe ser escuchada.

El informe, en cuya elaboración participaron 25 especialistas universitarios del más alto nivel, se promoverá entre quienes participan en los debates públicos, las cámaras del Congreso, organizaciones sociales y las autoridades que en los próximos meses integren los nuevos planes y programas para los siguientes años. Como lo apuntó el rector Leonardo Lomelí Vanegas durante la presentación del informe, éste pone sobre la mesa los temas que considera más relevantes y a los que debería enfocar sus esfuerzos el próximo gobierno.

Consta de 19 capítulos y cuatro secciones: Desarrollo, crecimiento, ingreso y empleo; Bienestar y cuestión social; Ambiente y territorio, y Paz, gobierno y visión de desarrollo. Plantea una fecha emblemática que invita a repensar el desarrollo del país: el 2030, el año que marcará la conclusión de la próxima administración federal, coincide con la fecha que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) puso como meta para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Subraya el análisis de la UNAM que a nuestro país le hace falta crecer más, distribuir mejor y construir sistemas robustos de salud y educación pública, que le permitan atender problemas sociales de gran envergadura y, al mismo tiempo, sentar las bases de un desarrollo más equilibrado.

Indica que esto debe darse con pleno respeto al desarrollo territorial y con una clara preocupación ambiental. Además, debe estar encaminado a consolidar a las instituciones democráticas y a la mejora de la eficiencia de los tres ámbitos de gobierno de México. “Es la mejor forma de contribuir a cohesionar el tejido social y a pacificar a nuestro país”, postula. “Si lo logramos, estaremos en posibilidad de alcanzar un mejor desempeño en el sentido amplio del desarrollo, no solo de los principales indicadores económicos sino también del bienestar de las personas”.

El coordinador de Humanidades –de quien depende el PUED–, Miguel Armando López Leyva, puntualizó algunas claves para leer el mencionado informe: una es el papel del Estado en el desarrollo; otra, el empleo, pues actualmente la informalidad se vincula con diferentes formas de desigualdad y vulnerabilidad social. Por ello se hacen propuestas como la universalidad de la seguridad social y el seguro de desempleo.

También, subrayó, es fundamental la atención a las diferencias regionales y territoriales que reconocen la heterogeneidad en condiciones y capacidades, las realidades de los distintos órdenes de gobierno y se plantea el progreso desde los territorios vinculándose con el federalismo fiscal y la descentralización administrativa, entre otros aspectos.

En su oportunidad, el profesor emérito de la Facultad de Economía, Rolando Cordera Campos, resaltó que el documento retoma la idea del largo plazo y del desarrollo, además de reivindicar la planeación para la elaboración de políticas y la construcción de alternativas, la cual debe ser democrática y deliberativa. “Tenemos que recuperar, rescatar y reivindicar la planeación como forma superior de conversar”, dijo. “La planeación es un espacio para producir conocimiento para la política y desplegar la crítica de los saberes implantados para mejorar nuestros criterios de evaluación y por esa ruta conformar alternativas más ambiciosas y sensatas”.

Horizontes 2030 para el Desarrollo, que no ha recibido hasta ahora la difusión que merece, pone especial énfasis en las graves carencias que acusa nuestro país en materia de educación y salud. Advierte que el acceso a la salud es un derecho humano básico y cualquier agenda de desarrollo debe priorizar su garantía para toda la población. Además, el desarrollo sostenible requiere de una población sana e invertir en salud pública puede generar importantes beneficios económicos.

En el caso de México, se tienen retos significativos como la precariedad e insuficiencia de los servicios de salud, su calidad, así como el deterioro en las capacidades de atención pública. Abordarlas es crucial para reducir desigualdades sociales y mejorar la calidad de vida de los mexicanos. De igual manera, es urgente avanzar hacia un sistema universal y que no impacte negativamente en las finanzas familiares.

El documento propone asimismo cambiar el enfoque de las políticas educativas, combinando mixturas de instrumentos regulatorios (normativos) con instrumentos de financiamiento público sostenido y creciente, e instrumentos de evaluación y mejora constante de la cobertura educativa y la calidad de los aprendizajes en todos los niveles, desde la educación temprana hasta el posgrado.

En cuanto a  los programas sociales basados en transferencias monetarias no condicionadas, parece evidente que su número y reglas de operación, así como la definición de su población objetivo debe revisarse a fin de maximizar su impacto redistributivo. Más aún, dichos programas deben concebirse como parte del conjunto de la política social y no como sustituto de esta; su expansión no debe darse a costa de estrangular el financiamiento para la provisión de los bienes públicos fundamentales como educación, salud y servicios públicos.

El informe plantea el desarrollo como un proceso de largo aliento, sostenible y orientado desde principios de justicia. En ese sentido, el análisis que se realiza sobre la reducción de riesgos socioambientales establece que estos son profundamente sociales y políticos, expresiones de deficiencias en el desarrollo.

Desde el horizonte de los años 2023 y 2024,el estudio de la UNAM reconoce que el sistema federal mexicano “se encuentra hoy en uno de sus momentos de mayor vulnerabilidad, debido al predominio, en ocasiones avasallante, del Poder Ejecutivo Federal, caracterizado por el personalismo presidencialista del gobierno de (Andrés Manuel) López Obrador”.

También se enfatizan  “los riesgos autoritarios que rondan a la democracia, al sistema electoral y a sus instituciones decisivas”. En estas condiciones, precisa el documento, en el corto plazo es improbable impulsar el desarrollo nacional y el desarrollo de los estados con base en principios y mecanismos del sistema federal. La coyuntura se describe como un radical regreso al centralismo del sistema político y del sistema de gobierno que durante dos siglos ha impedido la vigencia efectiva del Estado federal previsto por la Constitución.

Es precisamente ese autoritarismo el que puede impedir que las aportaciones de los expertos universitarios sean seriamente consideradas en la elaboración del PND. Será, sin embargo, la oportunidad idónea para cerciorarnos de que con la primera Presidenta de México se inicia o no una rectificación en el camino. Válgame.

@fopinchetti

Francisco Ortiz Pinchetti

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Fue reportero de Excélsior. Fundador del semanario Proceso, donde fue reportero, editor de asuntos especiales y codirector. Es director del periódico Libre en el Sur y del sitio www.libreenelsur.mx. Autor de De pueblo en pueblo (Océano, 2000) y coautor de El Fenómeno Fox (Planeta, 2001).

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