En días recientes, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación calificó la elección presidencial de junio pasado, y, en una decisión absolutamente esperable y sensata, validó el triunfo de Claudia Sheinbaum, mismo que, sin atenuantes, ha sido el más contundente en las urnas en la historia de la democracia mexicana, con la recepción de casi 36 millones de votos y una diferencia de más de treinta puntos respecto a quien quedara en segundo lugar, Xóchitl Gálvez, impulsada por la alianza del PRIANRD.

Si hubiera un poco de decoro, o un mínimo de vocación estrictamente democrática, ante un resultado así de contundente, desde las ocho de la noche del propio dos de junio, la alianza de partidos PRI-PAN-PRD y la propia Gálvez debieron haber reaccionado con altura de miras, aceptado sin ambages el abrumador paso de la realidad y haber hecho un ejercicio autocrítico en privado sobre la pobreza de sus números.

Pero en vez de ello se lanzaron al engaño deliberado. No bien cerraron casillas y con un entusiasmo tan autoengañoso como manipulador, mintieron sobre que habían ganado varios estados y alcaldías de la Ciudad de México, y que esperaban buenos números en la elección presidencial, aunque el conteo del PREP, desde el primer segundo, dio una avalancha histórica de ventaja a Claudia Sheinbaum y su coalición sobre su principal adversaria y partidos.

Apenas concluido el conteo y con la loza sin precedentes de la derrota apabullante, el entorno de Xóchitl Gálvez, especialmente el PRD, acusó una elección de Estado y anunció una impugnación para pretender que el Tribunal Electoral anulara el ejercicio comicial y revirtiera el triunfo de Sheinbaum.

En estos días también, afloraron las pruebas, entre comillas, con que los partidos de la alianza Fuerza y Corazón por México trataron de echar atrás a todo un ejercicio comicial. El argumento central para alegar la anulación de la elección y que sus resultados eran presuntamente fraudulentos, consistió en señalar que hubo una operación de Estado y laceración generalizada de la equidad en la contienda.

Pero el Tribunal al evaluar el caso desechó completamente la impugnación, por una sencilla razón: los elementos probatorios a los que recurrió la coalición PRIANRD fueron insuficientes, vagos y genéricos. La autoridad electoral fue eufemística y generosa. En realidad, las pruebas, entre comillas, del PRIANRD, eran ridículas, y consistieron en mil cuatrocientas ligas de Internet hacia materiales periodísticos que, por supuesto, no sustentaban nada.

Así, el PRIANRD ni siquiera tuvo la decencia de presentar, de forma convincente, algunos elementos testimoniales de tiempo, modo y circunstancia para acreditar cualesquiera que hayan sido sus quejumbres. Algo así como que para probar que López Obrador es corrupto recurramos a una frase del libro El Rey del Cash, donde la autora dice que un exsecretario particular del Presidente tiene mucha energía oscura y negativa. No es broma ni exageración. El libro eso dice y, para muchos, es un oráculo que prueba que el hoy Presidente es un delincuente.

El ridículo no terminó ahí. La impugnación del PRIANRD expuso también, como presunto delito electoral, a una serie de treinta y cuatro conferencias matutinas del Presidente López Obrador en un lapso de diecisiete meses, “mañaneras” donde sin duda, el Presidente aludió, directa o indirectamente, a algo relacionado con la elección de 2024.

La conferencia matutina de López Obrador es, desde siempre, un ejercicio limitado. En primera porque no es un foro unilateral. Guste o no, hay periodistas que disputan con el Presidente el uso del micrófono y muchos ahí lo hacen para increpar al Presidente, quien, ante eso, se ve obligado a reaccionar de modo que quizá no tenía planeado. No es pues, un ejercicio de enunciados unilaterales. Podrá gustarnos o no lo que se diga, pero es producto de ejercicios dialógicos.

Asimismo, la conferencia matutina es un espacio cuya exposición mediática es aún más limitada, pues aparece sólo en ciertos medios, algunos de ellos de acceso restringido como el Internet, y, en esencia, para presenciarla hay que desear hacerlo y buscarla, cosa que, en promedio, hace una audiencia de medio millón de personas diarias. No es una exposición que le llegue completa y machacona a toda la población aunque no quiera recibirla.

Estos elementos no funcionan como atenuantes para la oposición, que de manera absurda califica las “mañaneras” de “púlpito presidencial” y, menospreciando la inteligencia de las audiencias, o confundiéndolas con perros de Pavlov, cree que lo que ahí se diga será secundado automáticamente por todo mundo.

Ahondar en este tema no es ocioso. Para un buen sector de la oposición, tal cual lo señalaron los remanentes de la “Marea Rosa” el domingo pasado, la voz presidencial en la “mañanera” es en sí misma la protagonista de una elección de Estado. Más aún, algunos de sus catequistas más enconados, han llegado a señalar que la “mañanera” es todo el poder del Estado, y que se usa autoritariamente contra los pobres indefensos adversarios del tiranuelo de Macuspana que quedan vulnerados cada vez que el maligno Presidente les dice “conservadores” o alguna cosa así.

Uno ingenuamente, en consonancia con Max Weber, pensaría que “todo el poder del Estado” incluiría los medios de la violencia física legítima, como el Ejército y la policía; o los instrumentos de justicia, como las procuradurías. Si hablamos de “un autoritarismo que usa todo el poder del estado contra opositores”, uno esperaría escuchar como ejemplos casos de encarcelamientos injustos; o de procesos judiciales inventados para ensuciar una elección (como sí hizo Fox en 2004); o amedrentamientos policiales armados contra rivales políticos, como sí hizo José Luis Santiago Vasconcelos contra AMLO en su casa de Copilco en 2005, o como sí hizo Felipe Calderón con la Policía Federal contra el Ministro Zaldívar por el caso de la guardería ABC.

Pero no. Resulta que hoy, todo el poder del Estado se reduce a un templete de medio pelo, un micrófono ni siquiera inalámbrico y a una voz de acento tabasqueño dando una conferencia. Por muy despacio que el Presidente hable, y aunque a los desatentos los pueda matar de aburrimiento, o, por el horario, de sueño, eso no cuenta como autoritarismo ni como intromisión electoral en ningún caso.

Así, un puñado de notas de Internet y una serie de quejumbres contra 30 conferencias de prensa que probablemente ni vieron completas, fueron los absurdos argumentos con que el PRIANRD trató de anular una votación histórica.

Y no es la primera vez. En 2006, por ejemplo, el PAN también hizo impugnaciones y exigió sanciones contra López Obrador. Una acusación en ese momento fue decir que el Gobierno venezolano de Hugo Chávez estaba ejerciendo una intromisión peligrosa que ponía en riesgo a la elección mexicana ya que el mandatario sudamericano quería robarse la Presidencia mexicana para contar con sus recursos naturales y humanos en la frontera con su enemigo Estados Unidos, como afirmó en el Congreso el entonces Diputado panista Rodrigo Iván Cortés.

¿Y cuáles eran los elementos probatorios que presentó el PAN ante el IFE para pedir una investigación? Trece recortes periodísticos de un panfleto salinista, La Crónica de hoy, y algunas vaciladas absurdas como fotografías donde aparecían funcionarios de la Embajada venezolana con funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México en actos protocolarios. Sólo un loco como McCarthy se atrevería a tanto. Ante la ausencia de evidencia, en marzo de 2008 el IFE dio su resolutivo: la acusación de que hubo una intromisión venezolana en la campaña de AMLO estaba totalmente infundada y carecía de cualquier base. Eso no importa, a la fecha, aún hay graznidos estridentes que juran que existió y existe un vínculo logístico, material e ideológico entre el Gobierno venezolano y López Obrador.

La izquierda y los políticos decentes como oposición han tenido otras formas de impugnar elecciones y de quejarse de fraudes. Por ejemplo, en 1994, López Obrador señaló que Roberto Madrazo ensució la elección, pero para asegurar eso primero documentó, con base en facturas, cheques, pruebas de compraventa, montos, copias y elementos firmados, que el priista gastó 250 millones de pesos en una elección cuyo límite eran tres. Y además, documentó los ejercicios de compra de voto.

Otro ejemplo: en 2006, la Coalición por el Bien de Todos señaló más de un millón de sufragios donde había números discrepantes entre su captura y su ejercicio efectivo en casilla que beneficiaban ilegítimamente al PAN, en una elección donde el presunto ganador tenía una ventaja de apenas 200 mil votos. A pesar de la contundencia de estas evidencias, tanto Madrazo como Calderón se salieron con las suyas, con la negligencia de la autoridad electoral.

Un ejemplo exitoso, más cercano, cuando en 2012, como recuerda el consultor Samir Zapot, Javier Corral comprobó, con testimonios notariados y documentos fehacientes, cómo uno de sus rivales ejerció compra del voto y fraude electoral. Corral impugnó y, dada la solidez de sus pruebas, las instancias correspondientes revocaron el triunfo a su rival y se lo dieron a su legítimo ganador, quien así se convirtió después en Senador por Chihuahua.

López Obrador, la Coalición por el Bien de Todos y Corral lo que hicieron fue tomarse las cosas en serio, no traicionar a sus simpatizantes y, sobre todo, no burlarse de la inteligencia de nadie. Por eso, cuando alegaron fraude, lo hicieron blandiendo pruebas contundentes en la mano. Que la autoridad las tomara en cuenta como debía ya es otro debate. Pero nadie puede regatear el esfuerzo democrático que significa hacer política en el terreno y demostrar con hechos que tus rivales ejecutan prácticas antidemocráticas.

La impugnación del PRIANRD contra la elección de 2024 parece que ni siquiera se tomó la molestia de ir al terreno. Sus pruebas hechas con ligas de Internet periodísticas y señalamientos contra la “mañanera”, dan la impresión de que las gestaron así para ni siquiera tener que salirse de un escritorio y del YouTube. Con eso, lo único que comprobaron es no sólo que viven en una burbuja ajena a las calles y a la gente de a pie, sino que consideran a las autoridades electorales y a sus propios seguidores como ingenuos.

En suma, no es que hubiera en 2024 una elección de Estado, sino que el PRIANRD nunca entendió el estado de la elección. Y hoy tampoco alcanzan a entender ni el golpe de realidad ni su propio estado crítico. De ahí que quisieran acusar de fraude a quien les ganó por goliza, sin darse cuenta que el verdadero fraude está en haber pensado que merecen ganar por alcurnia y no por la fuerza del voto.

Héctor Alejandro Quintanar

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Héctor Alejandro Quintanar es académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, doctorante y profesor en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Hradec Králové en la República Checa, autor del libro Las Raíces del Movimiento Regeneración Naciona

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