Fue el Estado. Esa es la conclusión que refuerza el informe final del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico de los hechos ocurridos entre 1965 y 1990. Los documentos modifican toda la narrativa sobre el episodio catalogado como “Guerra Sucia” y ponen énfasis en que hace falta que el Estado, en todos sus niveles, asuma su responsabilidad por la política de exterminio que afectó a miles de personas.
Ciudad de México, 16 de agosto (SinEmbargo).- Ocho mil 594 víctimas. Once mil 743 violaciones graves a derechos humanos. Cuarenta y seis masacres con al menos a 385 víctimas mortales; 123 mil 034 personas forzadas a abandonar sus casas y territorio. Muchas más personas desaparecidas…
Ese es el saldo que dejó la Guerra Sucia en México, el episodio que se extendió de 1965 hasta 1990 y que tuvo como principal operador al Estado.
“Cada Gobernador, cada corporación policial, cada mando militar, terminó por interpretar qué o quién era un comunista, quién representaba una amenaza, cómo había que reprimir a las disidencias, disciplinar a la población y garantizar una gobernabilidad autocrática para la permanencia del régimen político de partido único”, sostiene el informe final del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico.
📌Durante el periodo de violencia política en #México durante los años 1965-1990, los #DerechosHumanos de diferentes grupos de personas fueron violentados. pic.twitter.com/OL0S2e2YpB
— Mecanismo Esclarecimiento Histórico (@MEHistoricomx) July 25, 2024
En esos años, cientos de personas desde Chiapas hasta Chihuahua, de Oaxaca a Sinaloa, de Nuevo León a Guerrero y de Jalisco a la Ciudad de México, fueron víctimas de “una intervención deliberada del Estado para hacer frente a algo que le significaba un problema”. Para erradicar lo que ante sus ojos era un error, cometieron actos de detención arbitraria, metieron a prisión a personas por asuntos políticos, hubo desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, masacraron, torturaron, violaron, y obligaron al desplazamiento forzado interno. Se documentaron violaciones de derechos humanos cometidas de manera masiva en un marco de impunidad.
Pero entre los hallazgos está una nueva arista que engrosa la narrativa sobre lo que ya se conoce de este episodio, que suele estar relacionado con la violencia contra estudiantes e integrantes de grupos de guerrilla urbana y rural, ya que se encontró evidencia de que el Estado volcó su fuerza no sólo contra hombres jóvenes guerrilleros combatientes. Entre las víctimas de violaciones graves también se encontraron también niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas adultas mayores, indígenas, afromexicanas, sexo diversas y comunidades enteras.
Son al menos al menos once “conjuntos de víctimas” que estaban invisibilizadas, bajo la idea de que la política de violencia se aplicó exclusivamente a miembros de organizaciones político-militares, de militantes de movimientos estudiantiles y sindicalistas.
Ahora la gama de víctimas abarca a comunidades campesinas, indígenas y afromexicanas, contra quienes militaron en los movimientos urbano-populares, contra comunidades violentadas por oponerse a “políticas de desarrollo”, contra disidencias político-partidistas, contra personas de la comunidad sexo diversa, contra periodistas, contra refugiados en la frontera sur de México, contra habitantes de zonas en las que se llevó a cabo el combate al narcotráfico, contra personas marginadas y criminalizadas por alguna condición de vulnerabilidad, contra personas que formaron parte de alguna disidencia religiosa, e incluso violaciones graves cometidas contra miembros de la propias fuerzas armadas y policiales a manos de sus propios mandos.
Sobre los quiénes, los perpetradores, el informe enlista a grupos que el mismo Estado empleó para combatir a las disidencias, como fue el caso de la Brigada Especial, conocida como “Brigada Blanca” perteneciente a la Dirección Federal de Seguridad (DFS).
Detectaron estrategias coordinadas y articuladas en las que la cadena de mando llega, irrefutablemente, al titular del Ejecutivo o a la Secretaría de Gobernación.
Y también está el Ejercito, que es calificada por los investigadores como “la institución perpetradora por antonomasia”: “Esto es así no sólo porque las Fuerzas armadas hayan sido las responsables directas de gran parte de las atrocidades cometidas durante el periodo, sino porque éstas constituyeron uno de los pilares ideológicos de un régimen presidencialista que se presentó ante la sociedad como civil, desmilitarizado y revolucionario, en el que el poder castrense estaba estrictamente subordinado al poder civil y carecía de cualquier injerencia política”.
También tiene su lugar el Estado Mayor Presidencial, el Poder Judicial, las procuradurías, los ministerios públicos, las agencias de inteligencia, todas las fuerzas policiales federales y locales, el sistema penitenciario con las cárceles y toda una red de centros clandestinos de detención.
De todo el periodo analizado, los años más letales fueron el de 1986, en donde se registraron 957 víctimas; en 1983, 901; en 1978, 718; en 1974, 642 y en 1974, con 642 víctimas.
La principal violación fue la detención arbitraria (4 mil 009 casos); la prisión por motivos políticos (2 mil 287 casos); tortura ( 2 mil 237 casos); ejecución extrajudicial (mil 063 casos); desaparición forzada transitoria (649 casos); desaparición forzada (517 casos); masacre (385 casos); tortura sexual (282 casos); exilio (216 casos); violencia sexual (85 casos) y violencia reproductiva (13 casos).
¿POR QUÉ FUE EL ESTADO?
El informe final de la Comisión de la Verdad no divaga en la confirmación de que después de mil 079 testimonios y de la revisión de miles de documentos, que el culpable es el Estado, tal como lo han reclamado y sostenido cientos de víctimas directas e indirectas y sociedad en general.
“Decimos que fue el Estado porque fue éste el primero y el último responsable de las violaciones graves a derechos humanos durante el periodo 1965-1990, más allá de las responsabilidades de los perpetradores individuales. Fue el Estado porque desde éste se construyó la narrativa hegemónica que justificó la violencia, en aras de mantener una supuesta paz social y la estabilidad del país, cuando lo único que hizo fue sostener intereses políticos y económicos espurios”, puede leerse en tomo I del informe.
Se pone al Estado mexicano como responsable porque instrumentó y operó violencia estatal de manera sistemática y generalizada, en distintos contextos de violencia; porque está demostrado que desde el Estado se reprimió, persiguió castigó y buscó disciplinar o cooptar “a las disidencias políticas y a toda disidencia que, por cuestionar la hegemonía del Estado y pugnar por la democratización del país, fue identificada como un peligro. Incluso se persiguió a quienes, sin ser disidencia, tenían potencial de llegar a serlo”.
Después del análisis se reconfirma que el Estado usó toda su fuerza para masacrar a comunidades indígenas y campesinas que resistieron la barbarie caciquil y lucharon para recuperar sus tierras, “con metralla, tortura y violencia sexual, instrumentada por una política contrainsurgente centralizada, disciplinaron a una multiplicidad de grupos disidentes que desafiaban, no solo a la moral conservadora, sino al modelo económico extractivista e individualista”.
La colección "Fue el Estado 1965-1990" del Informe Final del @MEHistoricomx, consta de 6 volúmenes, distribuidos en 9 tomos. Deseamos que muy pronto podamos entregar este informe a las víctimas, a la sociedad y al presidente de la República. #HazMEHmoriaMéxico #Verdadparatodxs pic.twitter.com/BPLvXj9HFk
— Mecanismo Esclarecimiento Histórico (@MEHistoricomx) June 26, 2024
Se llegó a un grado en que el Estado se especializó en la tortura y la desaparición. En el exterminio. El país quedó como rehén de grupos, legales e ilegales, con permiso para matar y aterrorizar. Y en este punto, los investigadores hacen un agregado en el que se deja claro que las prácticas no cesaron mágicamente en 1991 sino que se extienden hasta nuestros días. Como ejemplo ponen que las Fuerzas Armadas incumplido el mandato presidencial que ordenaba el acceso pleno e irrestricto a los archivos militares para la investigación de esclarecimiento, lo que catalogan como “un factor de persistencia”.
“A pesar de los procesos de profesionalización en los cuerpos de seguridad, tras 1990 las fuerzas armadas continuaron teniendo una centralidad, reservando para sí un amplio margen de acción que les ha permitido continuar cometiendo violaciones graves a derechos humanos y mantener impunidad respecto a las violaciones del pasado”, sentencian.
PROPUESTAS AL FUTURO
En el apartado de propuestas y recomendaciones, la Secretaría de la Defensa Nacional queda con varias tareas por atender. La Comisión le pide, primero, realizar un reconocimiento público de su responsabilidad en la comisión de Graves Violaciones a los Derechos Humanos en los contextos señalados en este informe.
Asegurar que los máximos responsables de las violaciones a derechos humanos de este período no se le rindan honores ni al interior ni al exterior de la institución.
Y no perseguir, hostigar, amedrentar ni investigar a civiles, especialmente a personas involucradas en acciones sociales, sindicales, campesinas, estudiantiles o que expresen su opinión públicamente sobre acciones políticas, las fuerzas civiles y las fuerzas armadas.
Al Ejecutivo federal le recomiendan pedir disculpas públicas y el reconocimiento de la responsabilidad del Estado; establecer un Día Nacional en Conmemoración de las Víctimas de la Violencia Estatal de 1965 a 1990; la creación del Centro Nacional de Memorias para los Derechos Humanos; el levantamiento de memoriales; cambio de nombres de espacios públicos con base en la lista de perpetradores incluida en el Informe.
Y sobre todo, el reconocimiento a las víctimas: “Es indispensable que la institución correspondiente establezca y mantenga un mecanismo ágil y de fácil acceso para que las víctimas de este periodo puedan ejercer sus derechos, especialmente a la verdad, la justicia y la reparación integral del daño”.
