El Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 denunció este martes que “ha experimentado serias dificultades para el acceso a la consulta irrestricta de documentación histórica proveniente de agencias encargadas de labores de seguridad, inteligencia, de las fuerzas armadas y de las policías” y, a 22 meses de su creación, no ha tenido acceso a la totalidad de los archivos del extinto Cisen, hoy CNI.
Ciudad de México, 16 de agosto (SinEmbargo).– Un grupo que todavía está en el poder ha impedido que salgan a la luz los archivos sobre la Guerra Sucia, ya sea mediante la extracción de documentos del Archivo General de la Nación (AGN), la desaparición de los mismos o a través de la negativa de transferir estos expedientes, aún cuando la orden del Presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido la de abrir la totalidad de estos archivos para el debido esclarecimiento de los crímenes ocurridos en este periodo, denunciaron miembros del Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 (MEH).
No sólo eso, el MEH ha señalado que la información referente a otros crímenes perpetrados en el pasado como, por ejemplo, los asesinatos del candidato presidencial priista Luis Donaldo Colosio Murrieta o del exdirigente Francisco Ruiz Massieu, ambos en 1994, no ha sido transferida así como tampoco ha ocurrido con los referentes al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
“Hay casos en los que se conjuntaron consideraciones políticas y temporales como en los casos de los asesinatos de Luis Donaldo Colosio Murrieta (009- 033-085) y de José Francisco Ruiz Massieu (009-033-085), ambos casos de alto impacto social y político” dice el Informe Técnico del Mecanismo al señalar cómo estos expedientes son dos de los 38 que pertenecen al Catálogo de la DFS, DGISEN y CISEN, y que nunca fueron transferidos al AGN.
Carlos A. Pérez Ricart, integrante del MEH, expuso a Los Periodistas, programa que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, que “hay gente todavía en el poder, en oficinas estatales que no está interesada en que esto salga la luz porque esto es parte del presente y explica la violencia del presente, entonces no es una investigación histórica solamente, sino también de la política actual en nuestro país, de ahí su relevancia”.
Pérez Ricart expuso que se trata de información vital para entender al México contemporáneo y explicó que a grandes rasgos son dos tipos de documentos los que están desaparecidos. Unos forman parte del fondo de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) que sí fue al Archivo General de la Nación a principios del siglo XXI, papeles que estuvieron custodiados en el Archivo por personal del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) durante 16 años y que en 2019, con el cambio de Gobierno, se “extraviaron”.
“Mucho de los documentos que sí estaban en galerías, que sí estaban en bóveda, dejaron de estarlo y la hipótesis que nosotros tenemos, y no se me ocurren muchas más, es que esta gente que cuidaba los archivos se los llevó cuando se fueron en el 2019”, planteó Pérez Ricart, quien señaló además desde el Mecanismo se exige que los documentos del CISEN y sus instituciones predecesoras sean entregados.
El MEH señaló ayer en un comunicado que “ha experimentado serias dificultades para el acceso a la consulta irrestricta de documentación histórica proveniente de agencias encargadas de labores de seguridad, inteligencia, de las fuerzas armadas y de las policías” y, a 22 meses de su creación, no ha tenido acceso a la totalidad de los archivos del extinto Cisen, hoy CNI.
David Fernández, otro de los miembros del MEH, ahondó ayer en Café y Noticias, otro programa de SinEmbargo Al Aire, que faltan tarjetas, y hay archivos o ficheros semi vacíos. ”Tenemos expedientes inexistentes a pesar de tener tarjetas y no se han transferido los archivos sobre este periodo de la historia nacional que para nosotros es fundamental. Ahí están los expedientes a los que nos han respondido que no están localizados”.
“Son expedientes fundamentales: de la brigada blanca o la llamada brigada especial, temas de narcotraficantes o de los miembros de la Dirección Federal de Investigación, temas más recientes como el EZLN sobre las instalaciones de la Dirección Federal de Seguridad, sobre viajes a Cuba, en fin temas que, seguramente a alguien, a algún burócrata le parecieron sensibles y los sustrajo o ha impedido nuestra consulta”, puntualizó Fernández.
En ese sentido, Pérez Ricart enfatizó que están denunciando algo muy grave: “que documentos que ya se habían transferido al AGN fueron sustraídos por quienes los cuidaban y documentos que por Ley tenían que haber sido entregados al AGN, no han sido entregados y nadie ha dicho nada al respecto, entonces es ahí cuando uno se pregunta hasta dónde la transición política que vivimos en el año 2018 es suficiente y cuántas de las redes de impunidad continúan habitando las instituciones de seguridad del Estado mexicano”.
En el Informe técnico sobre el archivo DFS-DGISEN-CISEN en AGN se describe en ese sentido que pese a que existen fichas personales de agentes de la DFS, los expedientes a los que se refieren no son localizables. Es el caso del Procurador en el Gobierno de Vicente Fox, Rafael Macedo de la Concha, quien, como reveló ayer el periodista Álvaro Delgado, mantuvo en secreto su pasado en la policía política del régimen priista. El MEH expone que Macedo de la Concha “en el sexenio del expresidente Vicente Fox Quezada se desempeñó como Procurador General de la República, y como tal desempeñó tareas en la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP)”, y de acuerdo con su hipótesis pudo quedarse con su expediente como agente de la DFS.
“Rafael Macedo de la Concha, que fue Procurador General de la República y en su momento también fue miembro de la Dirección Federal de Seguridad, sus documentos estaban en algún momento en el AGN, dejaron de estarlo, ¿dónde están ahora?, ¿quién se los llevó? y ¿por qué? Y así de un montón de funcionarios que probablemente quisieron rasurar el archivo de la Dirección Federal de Seguridad luego del CISEN, ahora CNI, entonces es una red que sigue encubriendo hoy, tantos años después, las identidades de los perpetradores y sobre todo los patrones de desaparición forzada, de tortura, de ejecución extrajudicial, que estamos ventilando y que no vamos a dejar de investigar”, puntualizó Carlos A. Pérez Ricart.
Hay además, según el Informe Técnico, tarjetas catalográficas que evidencian la existencia de expedientes creados por la institución de inteligencia, pero que no aparecen en los catálogos y que, por lo tanto, no están disponibles para consulta en el acervo documental del AGN. La información ubicada perteneció tanto a la DFS, DGIPS, DGISEN y CISEN, y se trata de los casos específicos de los narcotraficantes Ernesto Fonseca Carrillo, Miguel Ángel Félix Gallardo, y del exagente de la DEA, Enrique Camarena Salazar.
También hay evidencia de expedientes faltantes en el acervo, pero de los cuales hay referencia en fichas y en, al menos, un catálogo. Es el caso de las fichas correspondientes al periodista Manuel Becerra Acosta, y a los excandidatos presidenciales Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Rafael Aguilar Talamantes. A estos casos se suman los de información que nunca fue transferida al AGN, pero que se sabe de su existencia porque consta en el catálogo DFS, DGISEN y CISEN, pero no existen referencias en ninguno de los instrumentos de consulta del AGN.
En ese sentido, el investigador David Fernández también señaló que todo lo que tiene que ver con la campaña de Manuel de Jesús Clouthier del Rincón, excandidato presidencial del PAN, desapareció así como todo lo que tiene que ver con los asesinatos del PRD.
“Esa información es vital para entender cómo el Estado construyó un dispositivo de aniquilamiento de ciudadanos y ciudadanas que eran disidentes respecto del Gobierno o del poder en esos años a los que nos referimos, del 65 al 90 y este dispositivo combinaba instituciones formales, legales, con mecanismo informales e ilegales”, dijo Fernández.
Pérez Ricart apuntó por su parte que el no tener certeza de este archivo histórico ha impedido al Mecanismo realizar una investigación mínima sobre graves violaciones a los derechos humanos del pasado. “Hacemos esta campaña para denunciar, en particular al Centro Nacional de Inteligencia, pero no sólo el Centro Nacional de Inteligencia, en el marco de lo que vimos hace dos semanas con el GIEI, el Grupo Interdisciplinario que se encargó del caso Ayotzinapa, que denunciaba el Ejército, a las Fuerzas Armadas y también al Centro Nacional de Inteligencia, de no dar sus archivos para poder avanzar en el esclarecimiento de responsabilidades, entonces los dos mecanismos extraordinarios de este gobierno, tanto la Comisión de la Verdad de Ayotzinapa como la Comisión de la Verdad de guerra sucia, ven entorpecidos sus esfuerzos porque instituciones que deberían colaborar para esclarecer lo que sucedió en el pasado, pareciera que siguen participando en una lógica de proteger intereses”.
Sobre qué habría que hacer, David Fernández indicó que desde el MEH intentan sacar a la luz pública esto que está ocurriendo para generar un movimiento de opinión favorable y presión política para que estas instituciones opacas puedan rendir cuentas y acaten instrucciones del Presidente López Obrador.
“Tenemos pruebas de que hay documentos digitalizados, pero también de la existencia de documentos. Sabemos que la FEMOSPP, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado con Vicente Fox, trabajó una serie de archivos que después regresó a la Sedena o puso en custodia, ahora no sabemos dónde están esos archivos, sabemos que existen porque los tenemos en las averiguaciones previas que abrió la Fiscalía Especial en tiempos de Fox”, refirió Fernández.
David Fernández dijo que no descartan ir con el Presidente López Obrador ya con los datos precisos de cuáles son los expedientes que necesitan para que haga una instrucción especial dirigida al General Secretario Luis Crescencio Sandoval y también a las dependencias que tengan que ver con estos archivos para que sean abiertos. “Es decir, todavía hay mecanismos legales a los que podemos acudir, lo haremos en su momento, y eventualmente también si fuese necesario acudir a tribunales, pensaríamos hacerlo”.
Pérez Ricart indicó a su vez sobre la necesidad de que López Obrador llame al General Audomaro Martínez, del CNI, a la Fiscalía, al Ejército y a la Semar a cumplir con la Ley y la palabra presidencial “porque al estar ellos en falta, está el Presidente en falta en su promesa que dio las víctimas de abrir los archivos”.
“Esto lo que demuestra es todavía las relaciones y las implicaciones entre el antiguo régimen, cómo continúan y superviven hasta el 2023. Tan importante es y tan en el presente está esto que hay todavía interesados en que esto no se conozca, por eso no se trata de una tarea histórica, o no solamente histórica, sino que es una tarea que dialoga con nuestro presente porque hay gente todavía en el poder, en oficinas estatales que no está interesada en que esto salga la luz porque esto es parte del presente y explica la violencia del presente”, apuntó el miembro del MEH.
