Reitero que la decisión del Presidente de integrar la Guardia Nacional a la Sedena es equivocada. Además de suponer un retroceso en el intento de la Federación por construir una fuerza civil capaz de atender funciones de seguridad pública, es también una traición a la promesa hecha por el Presidente de avanzar hacia un gradual proceso de desmilitarización de la seguridad pública. Es también una decisión a todas luces inconstitucional. Así lo escribí la semana pasada, así lo escribo ahora.[1]

Ahora bien, ¿cuál es el trasfondo de la decisión?, ¿por qué no mantener, como hasta ahora, la administración de la Guardia Nacional en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)? En otras palabras: ¿cuáles son las razones del Presidente López Obrador para asumir esa decisión? Buscar entenderlas, me parece, ayuda a tener una discusión pública en la que apenas se asoman los grises y los matices suelen ser palabra enemiga.

Mi argumento: la motivación central de enviar la Guardia Nacional a la Sedena tiene que ver con el objetivo, no del todo revelado en público, pero sí en privado por funcionarios federales, de resolver los enormes problemas laborales y jurídico-administrativos que supone el haber creado una institución supuestamente civil a partir de personal eminentemente militar. Ese arreglo se ha mostrado ineficaz y ha impedido la consolidación de la institución. Desmontar al Frankenstein es imperativo.

Para empezar, es necesario comprender una cuestión de orden estructural. A saber: de los 78 mil individuos que componen la Guardia Nacional, el 77 por ciento son personal militar. La gran mayoría está en Guardia Nacional en tanto “comisionados”; es decir, prestados por el Ejército a la Guardia Nacional por un tiempo determinado. El resto son, en su mayoría, personal que llegó a la Guardia Nacional desde la Policía Federal (que ha sufrido un proceso de purga desde hace al menos dos años).[2] Hay, además, un pequeño porcentaje de guardias nacionales —los más jóvenes— cuya primera instancia laboral es la Guardia Nacional y no tienen antigüedad ni en Policía Federal ni en ningún otro lado.

El mayor problema está en las condiciones laborales de los militares de la Guardia Nacional. Estos llegaron a una nueva institución con un “oficio de comisión” que en muchos casos no especifica tiempo de llegada y salida y que deja” en pausa” asuntos laborales fundamentales.

Para ejemplo, un botón. El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) prevé la posibilidad de otorgar una serie de suplementos salariales a personal militar (una prima personal de riesgo y pago de la potenciación de seguro de vida institucional). En algunos casos, esta prima llega a suponer aproximadamente el 30 por ciento de su percepción ordinaria. El PEF, sin embargo, no contempla estos mismos beneficios para personal militar de la Guardia Nacional, esto es, para el personal “comisionado”.

Desde hace tiempo desde la SSPC se ha intentado convencer a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y, en particular a la Secretaría de Hacienda (SHCP), de que los suplementos salariales también deben otorgarse al personal militar de la Guardia Nacional. Sin embargo, tanto la SFP como la SHCP consideran que al otorgarse ese suplemento salarial habría duplicidad (doble beneficio), en tanto que el personal de Guardia Nacional tiene otro tipo de compensaciones —mucho menores— contempladas en el PEF. Ese escollo burocrático se resolvería llevando la Guardia Nacional a la Sedena.

Algo similar sucede con otros asuntos eminentemente laborales. Los militares comisionados a la Guardia Nacional no tienen certeza sobre cuestiones elementales: cómo se contempla su antigüedad en tanto personal militar durante el periodo de su comisión, el origen institucional del pago de sus pensiones, así como el acceso a beneficios laborales como el derecho a apoyo para rentar vivienda. Además, hoy, la Guardia Nacional no tiene hospital propio ni ofrece acceso a un régimen de profesionalización sustentable. Todo lo anterior hace poco atractiva la Guardia Nacional como lugar de trabajo para elementos militares.

Hay otras razones. Si bien trasladar a la Guardia Nacional a la Sedena permitiría un manejo de recursos más ágil, lo cierto es que también sería más discrecional. Solo tres instituciones federales continúan trabajando bajo el antiguo esquema de Oficialía Mayor: la Sedena, la Marina y Hacienda. El resto de la estructura federal funciona bajo el control directo del oficial mayor de Hacienda a través de los famosos Titulares de las Unidades de Administración y Finanzas (TUAF) que imponen un control de recursos más férreo. Las oficialías mayores de la Sedena y la Marina son, en cambio, designados por los secretarios del ramo. ¿Es más fácil así entender de dónde viene la decisión del Presidente?

En resumen: integrar la Guardia Nacional a la Sedena tiene cierta lógica: resuelve problemas administrativos serios, disipa incertidumbres laborales y vuelve más eficaz el flujo de recursos que, al menos en el corto plazo, harán más sencilla su operación. Y, sin embargo, ¿vale la pena en el largo plazo? Lo dudo mucho. ¿Es un “acuerdo Presidencial” la mejor manera de revertir la reforma legislativa de 2019? No, de ninguna manera. ¿Conviene dar este paso cuando en el ecosistema de seguridad y justicia en México —que involucra tanto instituciones civiles como militares— sigue imperando un enorme déficit de rendición de cuentas y transparencia? No, al menos no ahora.

¿Bajo que condiciones sería aceptable integrar la Guardia Nacional a la Sedena? Para empezar, tendría que generarse un acuerdo político nacional que legitimara la decisión. En segundo lugar, tendría que haber un compromiso real —con pesos y centavos— por fortalecer a las policías estatales y para dotarlas de facultades de investigación para que sean estas quienes en el largo plazo asuman la mayor parte de las funciones de seguridad en el país. Por último, debería nombrarse a un Secretario de Defensa Civil que, además, tendría la encomienda de reformar el Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional para incorporar a la Guardia Nacional como parte de ese órgano. Estos dos últimos cambios supondrían una urgente, si bien compleja, transición del Ejercito hacia un nuevo paradigma, un paradigma inexorable.

[1] Carlos A. Pérez Ricart, La Guardia Nacional: ¿El inicio del fin del Ejército mexicano?, Sin Embargo, 15 de agosto de 2022. Disponible en: https://www.sinembargo.mx/09-08-2022/4234815

[2] Sergio Rincón y Arturo Ángel, “Para 2023, la Guardia Nacional no quiere tener elementos civiles, revela plan de Sedena; militares advierten falta de capacitación”, Animal Político, 10 de mayo de 2022. Disponible en: https://www.animalpolitico.com/2022/05/guardia-nacional-2023-plan-sin-elementos-civiles/

Carlos A. Pérez Ricart

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Carlos A. Pérez Ricart es Profesor Investigador del CIDE. Es uno de los integrantes de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (COVeH), 1965-1990. Tiene un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Berlín y una licenciatura en Relaciones Internacionales por El Colegio de México. Entre 2017 y 2020 fue docente e investigador posdoctoral en la Universidad de Oxford, Reino Unido.

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