Ciudad de México, 16 de agosto (SinEmbargo).– El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social manifestó su preocupación ante la inacción de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) frente a leyes que afectan a los derechos de libertad de expresión, reunión y protesta social y a la seguridad jurídica como el el caso del Ley de Movilidad del Distrito Federal, la “Ley Bala” de Puebla y las aprobadas en Quintana Roo y Chiapas.
“Resulta preocupante la inacción de la CNDH frente a este Ley y otras similares […] en las que el titular de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, privilegiando una agenda política, ha subejercido su función garante de los derechos humanos e incumplido con su mandato constitucional, lo que ha significado la anuencia de la CNDH a la violación de los derechos fundamentales”, dice el colectivo de grupos civiles en un comunicado de prensa.
En días pasados integrantes del Frente plantearon que desconfían de la investigación y de las resoluciones de la CNDH en el caso del desalojo de San Bernardino Chalchihuapan porque, aseguran, el ombudsmanRaúl Plascencia Villanueva no tiene autoridad moral al haber minimizado la muerte del menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo al inicio de las investigaciones del caso y, además, haber dado el visto bueno a la “Ley Bala” del Gobernador poblano Rafael Moreno Valle Rosas.
Leopoldo Maldonado Gutiérrez, integrante del Frente, criticó la cercanía de Raúl Plascencia con Moreno Valle Rosas, ya que recién aprobada la polémica “Ley Bala”, que permite criminalizar y reprimir las protestas sociales incluso con el uso de armas, el ombudsman nacional le manifestó su reconocimiento.
En esta ocasión y acompañado por pobladores de Chalchihuapan, Plascencia Villanueva aseguró que en los primeros días del próximo mes se emitirá un dictamen resolutivo del caso. A la mamá del niño fallecido, Elia Tamayo Montes, le dijo que no existe justificación para que los responsables estén libres, por lo que la CNDH investigará a fondo.
En este contexto, el Frente por la Libertad de Expresión, que integran organismos civiles como Artículo 19 y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, reconocieron el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF) la semana pasada en contra de la Ley de Movilidad.
“Desde la publicación de esta Ley, este Frente señaló que los artículos 212, 213 y 214 contenían restricciones y limitaciones desproporcionales y contrarias a la Constitución como dar una aviso previo de al menos 48 horas, la restricción absoluta para usar vías primarias y que se daban facultades discrecionales a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal que pueden derivar en prácticas autoritarias”, refirió el Frente.
Asimismo celebró la abrogación del Código que Establece el Uso Legítimo de la Fuerza por las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de Chiapas, conocido como la “Ley Garrote”,acontecida la semana pasada. “Representa un triunfo de la sociedad frente a leyes autoritarias”, indicó.
A su vez, informó que mantiene su acompañamiento en amparos ciudadanos en Quintana Roo y Puebla.
“Las legislaciones que han proliferado en los últimos meses confrontan las expresiones de disenso propias de una sociedad democrática. El Frente ve con preocupación la descalificación sistemática y la caracterización negativa contra los grupos que protestan, la ofensiva en contra de las libertades democráticas y la construcción de un andamiaje legislativo que “legaliza” la criminalización de la protesta”, dijo el colectivo.
Indicó que que estas acciones son constitutivas de una gobernabilidad autoritaria en el país,impulsada por los Poderes Ejecutivo y Legislativo, mientras que en el Poder Judicial Federal tiene la responsabilidad de asegurar el equilibrio de Poderes y de esa forma garantizar la protección de los derechos humanos y la subsistencia de un Estado democrático y de derecho que respete las libertades fundamentales.
