El proyecto presentado por el Magistrado Reyes Rodríguez pretende primero agotar los recursos ante la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI, previo a que los quejosos acudan al Tribunal Electoral.

Ciudad de México, 16 de julio (SinEmbargo).- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contempla declarar improcedentes los primeros cinco recursos interpuestos en contra de Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien también ha causado fisuras en el tricolor ante la reestructuración que ha propuesto en el partido, incluyendo su reelección en la dirigencia.

El Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral, presentó un proyecto en el que considera que los recursos presentados por diversos militantes del partido, incluyendo Dulce María Sauri, Pedro Joaquín Codwell, Enrique Ochoa Reza y Manlio Fabio Beltrones, primero deben de agotar las quejas ante la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI, previo a la interposición de los recursos ante el TEPJF.

“El agotamiento del medio de impugnación ante la instancia partidista no genera por sí mismo una merma o extinción de los derechos de las personas actoras, además de que la Comisión de Justicia cuenta con los recursos necesarios para resolver la controversia en un tiempo breve, a fin de hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia pronta y expedita”, señala el proyecto.

Como parte de dicha resolución, el Magistrado plantea reenviar las demandas de los militantes priistas a la mencionada Comisión para que esta la resuelta antes del 22 de julio.

En el caso de que los quejosos reciban una resolución de la Comisión Nacional de Justicia contraria a sus intereses, es ahí cuando podrán acudir ante el Tribunal Electoral.

Dulce María Sauri Riancho, Enrique Ochoa Reza y Pedro Joaquín Coldwell, exdirigentes del PRI, impugnaron ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la XXIV Asamblea Nacional del tricolor, con la finalidad de solicitar la invalidez de su celebración y de los cambios a los estatutos que abren la posibilidad de que Alejandro Moreno Cárdenas se reelija como su líder por otros dos periodos.

“Ante las múltiples irregularidades que se presentaron en el procedimiento para la celebración de la XXIV Asamblea Nacional del PRI, expresidentes del Comité Ejecutivo Nacional promovieron un juicio de la ciudadanía ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), donde solicitaron la invalidez de la Asamblea y, por ende, de las reformas a los documentos básicos“, se anunció la mañana de este jueves a través de un comunicado.

Con el respaldo de Manlio Fabio Beltrones, Senador electo del PRI, Sauri Riancho, Ochoa Reza y Coldwell consideraron que el pasado 7 de julio se llevó a cabo, “de manera ilegal y contraria a los estatutos de nuestro partido político”, la Asamblea Nacional Ordinaria del PRI, donde se aprobaron reformas importantes a los estatutos, a la declaración de principios, al programa de acción y al código de ética partidaria.

“Particularmente, destaca la modificación al artículo 178 de los estatutos para establecer que las personas titulares de la Presidencia y Secretaría General del partido podrán ser electas hasta por tres periodos consecutivos de cuatro años”, alertaron en un posicionamiento conjunto.

La y los expresidentes del PRI aseguraron que esta impugnación a la Asamblea Nacional es el primer paso que tomarán al respecto, ya que interpondrán otros recursos contra las reformas que se han hecho a los documentos básicos del partido.

En el boletín, señalaron que esta impugnación se presenta en su calidad de priistas y expresidentes del partido, pero que también lo hacen a nombre de miles de militantes que han manifestado su inconformidad por el atropello que está realizando la actual dirigencia del partido, la cual se encuentra al mando de Alejandro Moreno.

Entre el cúmulo de irregularidades procedimentales que se hicieron valer en la demanda que presentaron la y los priistas, destacan las siguientes:

 

a. Violación a la prohibición de realizar reformas estatutarias en proceso electoral, mismo que se encontraba en la etapa de resultados y de calificación de las elecciones federales y de las entidades federativas, lo cual impedía modificar los documentos básicos del partido político.

b. Incompetencia del CEN del PRI para emitir el reglamento de integración de la Asamblea Nacional, porque conforme al artículo 83, fracción X del estatuto, corresponde al Consejo Político Nacional, mediante la emisión de un reglamento, definir gran parte del número de integrantes a la Asamblea Nacional y la forma como se elegirán. El procedimiento “se realizó de forma totalmente indebida, al publicar la convocatoria se auto adjudicó la facultad de emitir el reglamento para la conformación de la Asamblea Nacional, lo cual constituyó una violación flagrante al procedimiento”.

c. El plazo de 30 días, entre la emisión de la convocatoria y la Asamblea Nacional fue irracional e insuficiente para desahogar todas las etapas. El procedimiento partidario se desahogó en un plazo de 30 días, comprendido del 6 de junio en que se emitió la convocatoria al 7 de julio en que se llevó a cabo la Asamblea, lo cual fue evidentemente insuficiente para desahogar las distintas etapas del proceso de reforma de la normatividad partidaria (12 etapas).