Datos del Inegi e informes realizados por organizaciones civiles, que dan seguimiento y han evaluado a las instituciones de justicia, revelan altos niveles de impunidad y deficiencias en la capacidad institucional del sistema de justicia penal estatal, en particular en las fiscalías. Por su parte, analistas y expertos en el tema advierten que la reforma judicial debe incluir una visión sistémica que abarque desde las instancias locales hasta el Poder Judicial federal para ser efectiva y restaurar la confianza pública en el sistema judicial mexicano.
Ciudad de México, 16 de julio (SinEmbargo) – La Reforma al Poder Judicial no será suficiente por sí sola para resolver los problemas profundos que afectan al sistema de justicia en México, señalaron analistas y expertos en la materia, quienes advirtieron que estos cambios deben ir acompañados de cambios en las policías y fiscalías estatales.
Estefanía Medina, cofundadora y codirectora de la organización de litigio estratégico Tojil, así como Luis Daniel Vázquez Valencia, profesor-investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y de FLACSO México, coincidieron en que aunque es alentador que se debata y promueva la Reforma Judicial es fundamental reconocer que gran parte de las deficiencias se encuentran en las policías y las fiscalías locales.
“(El desempeño de las fiscalías, general y de los estados) es uno de los principales pendientes de la reforma. Creo que mucho se ha hablado de las necesidades de transformar la justicia en México, pero creo que más que un problema de justicia, lo que hoy tenemos es un problema en la procuración de justicia y, efectivamente, este problema abarca desde las policías hasta los ministerios públicos”, expresó Medina.
Estefanía Medina también señaló que la narrativa actual se enfoca en el Poder Judicial cuando el mayor número de fallas están en la etapa inicial del proceso judicial. “Lo que verdaderamente urge en nuestro país es una transformación de la Fiscalía General y las fiscalías de los estados. Ahí es donde, día a día enfrentamos un problema de impunidad y corrupción que afecta tanto a los grandes casos como a los casos que todos vemos en las noticias, pero especialmente a la ciudadanía que diariamente es víctima de delitos y que toca puertas muchas veces sin recibir ninguna respuesta”.
En México, es menor el número de casos que llegan ante un juez y avanzan en los tribunales. Durante el año 2022, de 2 millones 246 mil 885 carpetas de investigación iniciadas por los ministerios públicos, solamente se lograron judicializar 96 mil 579, es decir, solo el 4.3 por ciento del total, según el amplio estudio realizado por la organización México Evalúa.
Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a través del Censo Nacional de Procuración de Justicia 2023, documentó que en el mismo año, las fiscalías del país dejaron sin concluir 2 millones 915 mil 899 carpetas de investigación, un aumento del 10.9 por ciento respecto a 2021; de estas, el 1.7 por ciento corresponden a la Fiscalía General de la República (FGR) y el 98.3 por ciento a fiscalías estatales.
Daniel Vázquez, experto en derecho y justicia, explicó que los vicios presentes en las fiscalías y los sistemas de policía datan de épocas anteriores al régimen actual y que, a pesar de los avances democráticos en otras áreas, los problemas actuales en las fiscalías son los mismos que existían en 2018, cuando se realizó la reforma para convertirlas en autónomas.
De acuerdo con el académico, la Reforma debe abordar la justicia como un sistema integral para lograr una modificación profunda en el acceso a la justicia. Sin una visión sistémica y un enfoque progresivo que comience a nivel municipal, indicó, cualquier reforma quedará incompleta y no resolverá los problemas estructurales de impunidad y corrupción.
“Si queremos tener un mejor acceso a la justicia, sobre todo para resolver los problemas más cotidianos de la gente común, tiene que cambiar el sistema en su conjunto. Es decir, tanto el sistema de policías como el sistema de fiscalías como los poderes judiciales. Si solamente nos enfocamos en los poderes judiciales y, en particular, en el Poder Judicial federal, prácticamente no habrá mejoras ni cambios significativos”, destacó.
La representante de Tojil advirtió a su vez que uno de los riesgos de implementar una Reforma Judicial sin acompañarla de cambios en las fiscalías es que no tendrá un impacto en la mayoría de las personas que buscan justicia.
“No vamos a tener una mejora en la procuración de justicia, y esto puede llevar a peores realidades, como jueces con menores capacidades y lealtad al poder ejecutivo”, explicó. Esto podría resultar en procedimientos legales irregulares y plagados de corrupción, aprobados por jueces que carecen de independencia.
En relación con la percepción que tienen los mexicanos sobre el desempeño de las autoridades, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2023 señala que la Marina es la institución que la población considera más efectiva, con un 87.8 por ciento de aprobación.
En cuanto a las autoridades de procuración de justicia, el 60.6 por ciento de la población considera a la Fiscalía General de la República (FGR) como efectiva, seguida por los jueces con un 58.3 por ciento. La policía ministerial, judicial o de investigación tiene una percepción de efectividad del 57.8 por ciento, mientras que la policía estatal obtiene un 55.5 por ciento. El Ministerio Público y las fiscalías son considerados efectivos por el 55 por ciento de la población.
Con respecto al nivel de confianza hacia las autoridades de justicia, el 89.6 porciento de la población identifica a la Marina como la autoridad de mayor confianza, seguida por el Ejército y, en tercer lugar, la Guardia Nacional. Los jueces ocupan el cuarto lugar con un 59.1 porciento de confianza, seguidos por la policía ministerial o judicial con un 59 porciento, y el Ministerio Público y las fiscalías estatales en el octavo lugar con un 58.1 porciento.
En cuanto a la percepción de la corrupción, los jueces ocupan el segundo lugar con un 66 por ciento de la población que los considera corruptos, solo por debajo de la policía de tránsito con un 73.9 por ciento. El Ministerio Público se ubica en el quinto lugar en percepción de corrupción, con un 62.8 por ciento.
Daniel Vázquez agregó que el actual proyecto de Reforma Judicial, centrado principalmente en niveles superiores como el Poder Judicial federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, podría tener un impacto limitado en la resolución de delitos cotidianos y en la percepción de justicia por parte de la población.
“La Reforma judicial, en la medida en que no está mirando a la justicia como un sistema y no está tocando ni a los cuerpos de policía, a los más de 2000 cuerpos de policía, ni al sistema de fiscalías, ni a los poderes judiciales locales, pues en realidad es que no va a pasar nada, o sea, vale, se va a modificar más bien la composición del Poder Judicial federal y, en particular, probablemente la del Poder de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero eso no va a llegar hacia abajo. Nuestro sistema de justicia no va a tener ningún cambio relevante”, expresó.
El especialista agregó que la Reforma plantea cambios en el Poder Judicial federal que deberían replicarse y homologarse a nivel estatal para asegurar su efectividad. Sin embargo, la experiencia previa con reformas similares, como la implementada en las fiscalías en 2018, sugiere que el cambio real ha sido limitado, con ajustes superficiales que no abordan las raíces de los problemas sistémicos.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado que también son necesarios cambios en las fiscalías, pero indicó que sería hasta después de continuar un proceso de depuración de las fiscalías generales de justicia en el país y de las policías ministeriales.
Durante el encuentro con los medios, se abordaron cifras alarmantes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) del año 2022, que revelan que de 2 millones 200 mil carpetas de investigación, apenas el 4.3 por ciento resultaron en algún dictamen judicial. Este dato evidencia la falta de eficacia y confianza en las fiscalías, según el presidente.
“Sí, yo pienso que, si avanza con la Reforma al Poder Judicial, luego podría continuarse con las fiscalías, son procesos”.
No obstante, López Obrador enfatizó que, si bien los ministerios públicos a veces incurren en errores técnicos al integrar las carpetas de investigación, es responsabilidad de los jueces garantizar un proceso judicial justo y transparente. Insistió en que la reforma al Poder Judicial es el primer paso para restaurar la confianza pública en el sistema judicial, seguido por cambios necesarios en las fiscalías, procuradurías y ministerios públicos.
“Entonces, sí, los ministerios públicos hacen mal, en ocasiones, las carpetas de investigación, pero cuando las hacen bien o estén mal hechas, de todas maneras, el que decide es el juez. Y aquí el problema que tenemos, que más nos ha afectado, es el asunto de los jueces, de magistrados y de ministros, ministros que, con todo respeto, están para proteger los intereses de los potentados”, destacó.
SE ACUMULAN INVESTIGACIONES
Un estudio realizado por México Evalúa titulado Hallazgos 2022, con base en información oficial de las fiscalías estatales y la fiscalía general, analizó cifras sobre el funcionamiento del sistema de justicia en México, las cuales muestran la necesidad de reformas estructurales que fortalezcan la eficiencia del sistema de justicia penal en México.
De acuerdo con el estudio, de las 2 millones 300 mil denuncias y querellas recibidas por el Ministerio Público en 2022, el 87.9 por ciento resultó en la apertura de una carpeta de investigación, cifra que representa una disminución de cuatro puntos respecto al año anterior.
Del total de carpetas abiertas, el 86.8 por ciento se iniciaron sin detenido, mientras que solo el 13.2 por ciento incluyó la detención de una persona. A pesar de que los casos con detención representan una minoría, al menos el 37 por ciento de los casos judicializados corresponden a flagrancia.
Al cierre del 2022, el 52.3 por ciento de los casos permanecen en proceso de investigación, mientras que el 43 por ciento restante ha recibido diferentes decisiones por parte del Ministerio Público: archivo temporal del caso (57.9 por ciento), no ejercicio de la acción penal (22.4 por ciento), incompetencia (10.3 por ciento) y otros criterios.
Dentro de las decisiones tempranas de los agentes del MP, el estudio destaca una significativa proporción de casos que se archivan temporalmente o no se persiguen penalmente, decisiones que podrían contribuir a la impunidad desde las primeras etapas del proceso.
El documento también pone énfasis en la importancia de mejorar las capacidades investigativas y judiciales, así como de implementar medidas que promuevan una mayor transparencia y rendición de cuentas en el sistema judicial.
Por otra parte, los resultados del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y Federal 2023, realizado por el INEGI, muestran cifras importantes y que también son clave respecto al sistema de justicia en México durante 2022.
De acuerdo con la encuesta, en el año 2022 se iniciaron 2 millones 165 mil 791 carpetas de investigación y averiguaciones previas (el 3.6 por ciento a la Fiscalía General de la República (FGR) y el 96.4 por ciento a las Fiscalías Generales de los Estados (FGE)). Estas cifras representan un aumento del 5.1 por ciento con respecto a 2021, mientras que en el mismo periodo quedaron sin concluir 2 millones 629 mil 790 carpetas.
Los datos de la encuesta también muestran una situación alarmante: desde 2017 la tendencia ha sido al alza.
Los estados con mayor número de carpetas de investigaciones pendientes de concluir son Jalisco con 491 mil, Baja California con 398 mil, Ciudad de México con 228 mil, Nuevo León con 206 mil e Hidalgo con 182 mil.
Otro indicador es el número de personas inculpadas en las averiguaciones previas, investigaciones y carpetas de investigación abiertas, el cual en el 2022 ascendió a 1 millón 929 mil 630 personas, de las cuales 976 mil 406 fueron hombres y 198 mil 864 mujeres. Con respecto a esta cifra, destaca que del total de las personas inculpadas solo el 15.4 por ciento fueron detenidas, mientras que el 64.1 por ciento no fue detenidas.
El Inegi también informa sobre el número de las formulaciones de imputación a personas detenidas, en donde en el 2022 el Ministerio Público formuló imputación a 190 mil 772 personas, de las cuales 153 mil 617 fueron vinculadas a proceso por el juzgador de control o garantías y 15 mil 299 no.
Los datos con respecto al cúmulo de órdenes de aprehensión a nivel nacional también nos pueden dar una idea con respecto a la efectividad de la investigación y persecución del delito.
En México a nivel nacional, se inició el año 2022 con un total de 333 mil 664 órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentarse, de acuerdo con el censo del Inegi. Durante el año, se giraron 124 mil 240 nuevas órdenes, acumulando un total de 457 mil 904. Al cierre del año, quedaron 332 mil 299 órdenes pendientes.
Chihuahua es una de las entidades con más órdenes de aprehensión. Inició el año con 6 mil 728 órdenes pendientes y lo cerró con 11 mil 747. Coahuila inició con 3 mil 865 órdenes y cerró con 5 mil 262. Baja California comenzó con 55 mil 226 órdenes y finalizó con 58 mil 434. La Ciudad de México empezó con 18 mil 480 y cerró con 19 mil 523. Quintana Roo inició con 8 mil 254 y cerró con 9 mil.
Por otra parte, es importante mencionar que en el 2022 se reportaron 101 agencias del Ministerio Público de la FGR y 3 mil 624 de las FGE. El 31.7 por ciento correspondió al tipo sede en la FGR y el 51.0 por ciento a mixtas o generales en las FGE.
La FGR ejerció un presupuesto de 17 mil 23 millones 887 mil 648.4 pesos, mientras que las FGE ejercieron 50 mil 170 millones 441 mil 890.7 pesos, un aumento del 2.2 por ciento y 1.2 por ciento respectivamente respecto a 2021. Las entidades con mayor presupuesto fueron Ciudad de México con el 14.9 por ciento, Estado de México con el 8.5 por ciento y Nuevo León con el 7.5 por ciento.
EFECTIVIDAD EN PROCURACIÓN DE JUSTICIA
El Índice de Impunidad, señala el estudio, es indicador crucial para evaluar la efectividad y capacidad del sistema de justicia penal mexicano de hacer frente a la criminalidad y asegurar el apego a la legalidad.
Al respecto, el Índice de Impunidad para 2022 mostró a nivel nacional un incremento de 4.5 puntos porcentuales respecto al año anterior, alcanzando una media nacional del 96.3 por ciento, en comparación con el 91.8 por ciento registrado en 2021.
Al menos 28 entidades, de acuerdo con el informe, presentan niveles de impunidad superiores al 90 por ciento, siendo los estados con los mayores índices de impunidad Hidalgo con el 99.6 por ciento, Jalisco con el 99.5 por ciento, Colima con el 99.5 por ciento y la Ciudad de México con el 99.1 por ciento.
El informe detalla además índices específicos de impunidad por delito. En homicidio doloso, por ejemplo, el promedio nacional de impunidad alcanza el 95.7 por ciento. A nivel estatal, los estados con los mayores índices son: Jalisco, Ciudad de México, Yucatán y Zacatecas reportan un preocupante 100 por ciento de impunidad. En contraste, las entidades con menor impunidad incluyen al Estado de México (83.3 por ciento), Nuevo León (86.7 por ciento), Baja California Sur (87.2 por ciento) y Baja California (88.9 por ciento).
En el delito de feminicidio, la impunidad promedio nacional es del 88.6 por ciento. A nivel estatal, mientras que estados como Nayarit (53.3 por ciento), Nuevo León (69.7 por ciento), Estado de México (77.1 por ciento) y Sonora (81.7 por ciento) muestran menores niveles de impunidad, la Ciudad de México, Quintana Roo y Zacatecas registran un alarmante 100 por ciento.
No obstante, el estudio también clasificó a las entidades según su capacidad institucional para responder a las demandas del Sistema de Justicia Penal. La calificación, según se explicó, se basa en un puntaje donde el estándar ideal es de 1,400 puntos y un mínimo alcanzable de 1,200. Para ello, la organización indica que se evaluaron criterios como la planificación, coordinación, presupuestación y evaluación, así como la capacidad instalada en términos de personal, infraestructura y organización interna.
El estudio reveló que la entidad con mayor avance en su capacidad institucional es Querétaro, mientras que Morelos muestra el menor avance, con una diferencia del 264 por ciento entre ambas. Esta disparidad confirma las brechas significativas entre las entidades que han demostrado compromiso por mejorar su institucionalización y aquellas que han optado por mantener la inercia o no han priorizado el desarrollo del sistema de justicia penal.
Los estados con menor puntuación en esta evaluación fueron Morelos, Campeche, Tamaulipas, Chiapas, Quintana Roo y Guerrero. Por otro lado, los mejor clasificados fueron Querétaro, Coahuila, Nuevo León, Estado de México y Sinaloa.
