El homicidio (317 casos), seguido por la portación arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea (209), el robo (208), los delitos contra la salud (189), la violación (145) y el secuestro (135) son las conductas ilícitas con mayor número de personas adolescentes involucradas.
Ciudad de México, 16 de julio (SinEmbargo).– Los y las jóvenes adolescentes mexicanos que viven y cumplen sentencias en Centros de Internamiento del país se enfrentan a una infraestructura precaria en estos sitios, a tratos crueles, a falta de personal médico y a una visión todavía penitenciaria, asistencialista y paternalista, concluyó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
“Aún no se logra transitar a una protección de la adolescencia en internamiento alejada de la visión penitenciaria que rige en nuestro país, observándose principalmente falta o deficiencia en la especialización de las personas servidoras públicas a cargo de dichos centros y de quienes brindan atención y asistencia a las personas adolescentes y jóvenes en las diversas áreas que lo conforman”, indica el Informe especial 2023 sobre las condiciones que viven las personas adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal en los Centros de Internamiento.
Además, la CNDH se mostró preocupada por el caso de mujeres adolescentes y jóvenes en internamiento, ya que pocos estados de la república cuentan con establecimientos exclusivos para su atención, tendiendo que conformarse con espacios mixtos, “observando la prevalencia de los Centros de Internamiento que albergan tanto a adolescentes hombres como adolescentes mujeres, incumpliendo el mandato constitucional en la materia”.
Esto, añadió, deriva en que se invisibilicen sus necesidades específicas que posibilite su acceso a servicios básicos a partir de una perspectiva de género e interseccional sumada a su constante desarrollo y cambios físicos por la edad. “Las convierten en un grupo de atención prioritaria, no hacerlo constituye y deriva en responsabilidad estatal”.
La CNDH también alertó que, incluso aunque los informes especiales emitidos en 2017 y 2019 ya habían detectado este problema, la infraestructura de los Centros de Internamiento “no cumple con los requerimientos que admitan la máxima protección de los derechos humanos de las personas adolescentes, principalmente a las pertenecientes a algún grupo de atención prioritaria”. También subrayó que falta contar con el personal debidamente capacitado y especializado para brindarles acompañamiento y atención integral y multidisciplinaria.
“La visión asistencialista y paternalista que aún prevalece en torno a la protección de la adolescencia en internamiento no ha permitido que las personas adolescentes y jóvenes sean escuchadas de forma activa a partir de sus necesidades, gustos y preferencias dentro de los Centros de Internamiento”, explica la CNDH. “Aún existen tabúes respecto de cómo garantizar su acceso y goce a servicios de salud sexual y reproductiva y en relación al acceso a la visita íntima o al acceso de una gestión menstrual digna”, destacó.
Un testimonio recogido en el informe denuncia que, para tener acceso a productos de uso personal o de limpieza hay que “esperar hasta que venga mis familiares y no hay trabajo que me faciliten comprarme mis productos no contamos con tienda en donde pueda comprar productos. No hay nada para la limpieza y todo nos lo quieren vender, ya no dejan que la familia te traiga nada porque ellos lo venden”.
Por otra parte, la comisión calificó de “urgente” que se mejoren las condiciones actuales que imposibilitan u obstaculizan el disfrute pleno de sus derechos a la salud, a la educación, a la cultura, al deporte y a la recreación.
El otro problema que encontró le informe fueron los malos tratos, derivados sobre todo del acceso a una alimentación. La CNDH urgió a las autoridades a cargo de dichos establecimientos “abordar con seriedad” y garantizar el derecho a la alimentación y al agua. “La carencia, falta, deficiencia e incluso, el otorgamiento de alimentos y agua en condiciones poco salubres o en descomposición, se constituyen en actos crueles, inhumanos o degradantes, que pueden conllevar a responsabilidades estatales ante la presencia de violaciones a los derechos humanos de dichas personas”, subrayó la Comisión.
“Las comidas a veces no llegan tan bien”, dice uno de los testimonios. “O no bien cocinadas, todo revuelto y la verdad es desagradable, y el tiempo que nos dan para comer no es el adecuado, nos apresuran y a veces ni comemos por lo mismo (…)”.
Por último, también expresó que es inadmisible que la garantía del derecho a la salud “constituya un deficiencia importante a resaltar en agravio de las personas adolescentes en internamiento”. El informe advierte “circunstancias que puede colocar en riesgo o peligro su vida, ante la falta de una detección, prevención o atención oportuna de enfermedades al interior de los Centros o su posible traslado de manera oportuna.
Asimismo, identificó la falta de personal médico de manera permanente en estos centros, de personal especializado para el caso de la atención de mujeres y de sus hijas e hijos; así como, en la falta o deficiencia en la dotación de medicamentos.
Uno de los testimonios recogidos dice: “Desde hace un mes y medio me duele mi muela y no me han atendido, también la comida está muy mal, como también nos ponen hacer el aseo de las instalaciones y nos quitan las horas de deporte que nos toca por derecho”.
QUIÉNES SON LOS JÓVENES INTERNOS
El reporte se realizó a partir de la participación de mil 70 hombres y 93 mujeres adolescentes en internamiento, es decir, un 91.38 por ciento de la población de los 45 centros –mil 277– que proporcionan atención en internamiento a estos chicos que infringieron las leyes penales.
Apenas en nueve centros se alberga únicamente a población varonil; 33 proporcionan atención tanto a mujeres adolescentes como a adolescentes hombres; y solo tres centros son exclusivamente para mujeres adolescentes: están ubicados en Ciudad de México, Coahuila y Sonora.
Entre los participantes en el informe, el 24.34 por ciento tenía entre 14 y 16 años, el 46.71 por ciento entre 17 y 18 años, el 27.89 por ciento restante, son las personas que, a pesar de haber cumplido la mayoría de edad, permanecían en los Centros por no haber completado el periodo de su medida; el 1.06 por ciento no especificó su edad.
Uno de cada cinco internos adolescentes afirmó tener al menos un hijo. El 76.95 por ciento refirió que no tenía hijos o hijas, el 19.45 por ciento respondió afirmativamente y el 3.6 por ciento no respondió. De las 227 personas que respondieron afirmativamente que es padre o madre, 208 eran hombres, 18 mujeres y una persona no precisó su género
De dichas personas, destacan los estados de Chihuahua, Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Sonora y Zacatecas, quienes la mayor parte de la población adolescentes y jóvenes señalaron tener hijos. Dos de las mujeres adolescentes que viven en internamiento y que manifestaron ser madres viven con sus hijos o hijas en los Centros ubicados en el estado de Sonora y en la Ciudad de México.
EL INFLUJO DEL CRIMEN ORGANIZADO EN LA VIOLENCIA JUVENIL
En los centros de internamiento, uno de cada cinco adolescentes aún no recibe una sanción y su caso está en proceso (21 por ciento); el 77 por ciento ya tiene una sentencia y el dos por ciento restante no respondió.
Sobre reincidencia, el 13.02 por ciento señaló que sí había ingresado con anterioridad a uno de estos centros por otro caso.
Por otra parte, el homicidio (317 casos), seguido por la portación arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea (209), el robo (208), los delitos contra la salud (189), la violación (145) y el secuestro (135) sean las conductas ilícitas con mayor número de personas adolescentes involucradas.
La trata de personas, con siete casos, y la tortura, con nueve, son los menos citados. Por feminicidio ingresaron 37 personas y por abuso sexual otras 39. Además, 97 casos son por delincuencia organizada.
El Estado de México, Chihuahua, Sonora, Baja California, Ciudad de México, Morelos, Aguascalientes y Zacatecas en donde se reportó el mayor número de personas adolescentes relacionadas con el delito de homicidio.
“Se identificó que las personas adolescentes en internamiento provienen de contextos en los que interactuaron y estuvieron expuestos al incremento de la pobreza, la violencia social, simbólica y mediática, la marginación social y económica, así como la proliferación de grupos delictivos, lo que las ha colocado en una situación de especial vulnerabilidad”, señaló Rosario Piedra, presidenta de la CNDH, durante la presentación del estudio.
“La CNDH quiere hacer patente la afectación profunda que para nuestras infancias y juventudes ha implicado vivir en situaciones adversas y de violencia de manera cotidiana. Por ejemplo, la guerra contra el crimen organizado implicó múltiples violaciones a derechos humanos en toda la geografía nacional, ya sea por la violencia ejercida, por la estrategia misma o por la inacción del Estado que dejó en la orfandad y abandono a niñas y niños que hoy son adolescentes o jóvenes”, añadió.
Piedra subrayó que es una realidad que el narco se ha extendido sobre personas adolescentes e incluso niños, que son reclutados y capacitados para participar en todo tipo de actividades –secuestros, narcotráfico, extorsión, homicidios– y han desarrollado inevitablemente una tolerancia a la violencia como un mecanismo de resiliencia por su constante exposición, que ha repercutido en su desarrollo y en la garantía de sus derechos.
“Si queremos una sociedad incluyente, democrática y diversa es indispensable implementar acciones, estrategias y políticas públicas donde se coloque a las juventudes en el centro, ponderando su participación activa”, concluyó.
EL PERFIL DE LOS INTERNOS
Con respecto al nivel educativo de la población adolescente antes de ingresar a los Centros de Internamiento, el 52.36 por ciento refirió estudiar secundaria, 23.39 por ciento la primaria y el 20.05 por ciento preparatoria o bachillerato.
Las personas adolescentes y jóvenes que señalaron haber cursado hasta la secundaria, en su mayoría están ubicados en los estados de Sonora, Estado de México, Zacatecas, Chihuahua, Morelos, Baja California, Guanajuato, Ciudad de México y Aguascalientes.
De quienes señalaron haber cursado hasta la primaria, en su mayoría están ubicados en los estados de Sonora, Zacatecas, Estado de México, Morelos, Baja California, Querétaro y Aguascalientes.
Las personas adolescentes y jóvenes que señalaron haber cursado hasta la preparatoria o bachillerato, en su mayoría están ubicados en los estados de Sonora, Chihuahua, Morelos, Estado de México, Zacatecas y Baja California
Asimismo, quienes señalaron no tener estudios, en su mayoría están ubicados en los estados de Sonora, Chihuahua, seguidos de la Ciudad de México, Chiapas y Estado de México.
Además, el 44.22 por ciento de los personas adolescentes señalaron que eran empleadas o empleados antes de ser internados; el 22.79 por ciento estudiantes; el 12.94 por ciento comerciantes, el 11.65 por ciento que no desempeñaban ninguna ocupación; y el 5.31 por ciento que se dedicaban a realizar labores en el hogar.
Por otra parte, destaca que un 70.95 por ciento de los encuestados señaló haber consumido alguna sustancia o droga, previo a su ingreso al Centro de Internamiento.
Un total de 13 personas, el 1.1 por ciento de la población adolescente y joven a nivel nacional, refirió presentar algún tipo de discapacidad física en estos centros de internamiento; 17 personas, que representan el 1.46 por ciento de la población, refirió presentar discapacidad psicosocial.
Cuatro personas adolescentes –que representan el 0.34 por ciento de la población– refirieron tener VIH.
Por su parte, hay 26 personas –que representan el 2.23 por ciento de la población– que dijeron pertenecer a la comunidad LGBTTTIQ+, siendo los estados donde se encuentran: Sonora, Morelos, Baja California, Tabasco, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Oaxaca, Aguascalientes, Quintana Roo, Yucatán y Zacatecas.
Asimismo, hay 67 personas, el 5.74 por ciento de la población que se encuentra en los Centros Especializados– se identifican como indígenas. Una quinta parte de estas personas está en un establecimiento en Oaxaca.
Por último hay 30 –el 2.57 por ciento– que son de origen extranjero. Dichas personas están ubicadas en los estados de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Sonora y Zacatecas
