La triple crisis propiciada por la propagación del virus SARS-CoV-2, su impacto en la economía y el agudizamiento de la violencia indiscriminada en Guanajuato, ha soslayado otros problemas que urge atender.

En las próximas semanas se cumplirán 20 años de funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales de León, la mayor ciudad del estado y la que vive uno de los problemas más graves de contaminación industrial, solo comparable a la que produce la industria petrolera y sus derivados en Salamanca.

La construcción de un complejo para tratar las aguas residuales urbanas y las aguas que contenían residuos industriales, en funcionamiento desde el año 2000, fue presumida en su momento como una solución revolucionaria, parecía que al fin la ciudad sede de la mayor actividad de curtido industrial del país, demandante de agua y altamente contaminante, entraba en la modernidad.

Veinte años después, el panorama es desolador. En ese lapso de tiempo la administración municipal y el sistema de agua potable (SAPAL) fueron incapaces de meter en cintura a la industria curtidora, muchos de cuyos más destacados representantes forman parte del consejo directivo del organismo, desde donde sabotearon las iniciativas para endurecer posturas y obligar a las empresas a cumplir con las normas ambientales.

El primer sabotaje fue financiero. Las empresas cuyas aguas deben ser tratadas obligatoriamente a su costo, lograron evadir la fiscalización al impedir que la medición se diera en sus descargas, en lugar de sus ingresos de agua. Como es bien sabido en la industria, el uso de agua pirata, comprada a piperos irregulares, así como la explotación de pozos clandestinos, multiplica por un factor desconocido el agua que formalmente se compra a SAPAL.

Hasta hace un par de años, el módulo de desbaste de la planta de tratamiento con capacidad para recibir 150 litros por segundo era deficitaria en un 50 por ciento, pues solo se podía cobrar el agua reportada en los recibos de cobro al no medirse las descargas.

Es decir, el organismo de agua subsidiaba, con recursos provenientes de los usuarios comunes, a la planta industrial que fue concesionada y planeada como negocio o, al menos, para ser autosuficiente. Como ocurre comúnmente en León, los ciudadanos de a pie terminaban colaborando a los altos márgenes de utilidad de la industria curtidora, es decir haciendo más ricos a los ricos.

Sin embargo, eso no es el único problema que enfrenta el tratamiento de aguas residuales de León. Por muchas razones, pero sobre todo negligencia, dolo y falta de supervisión, la planta de tratamiento no ha logrado la meta de verter agua de calidad a la cuenca del río Turbio para que pueda ser aprovechada por los agricultores corriente abajo.

Actualmente se gesta ya un movimiento de ejidatarios en Santa Rosa Plan de Ayala que prepara acciones legales para reclamar a SAPAL el incumplimiento de acuerdos y la violación de normas ambientales por el agua contaminada con químicos que les llega.

No es lo único. Un grupo de empresas manufactureras del clúster automotriz, situadas en los parques industriales aledaños al Turbio, ya reciben afectaciones en su producción por las emanaciones ácidas que producen las aguas del río y las lagunas que se forman a su paso. Terminales eléctricas de los arneses llegan a oxidarse en una sola noche por los vapores que produce el agua al contacto con curtientes químicos como los sulfuros, produciendo afectaciones a la calidad y pérdidas económicas.

Sin embargo, el daño que estas empresas ya han llegado a reclamar a la Secretaría de Desarrollo Económico no es significativo comparada con las afectaciones a la salud que se acumulan en la población que tiene contacto con esta agua a lo largo de la cuenca y que más pronto que tarde detonará, como ya ocurrió en el río Santiago en Jalisco.

Algunas de las aguas pestilentes que corren por el Turbio hacia el Lerma y después hacia Chapala salen de las plantas de tratamiento y desbaste de León, evidenciando que no funcionan como se planearon y como se presumieron. Sin embargo, otras llegan desde vertederos clandestinos que eluden el paso por el complejo, evidenciando la falta de rigor en la supervisión o las complicidades que validan los industriales de la piel y del calzado que tienen amplia presencia en el consejo directivo de SAPAL.

Lo grave, lo altamente delicado, es que por 20 años el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, dirigido por algunos de los más conspicuos empresarios de la ciudad, ha venido cobrando a los usuarios el saneamiento del agua, al mismo tiempo que subsidia a las empresas, para que al final del día ese tratamiento ni siquiera produzca resultados tangibles para el medio ambiente y los pobladores de la región.

No parece políticamente muy correcto que León pretenda traer agua limpia de Jalisco contra viento y marea y, en absoluta falta de reciprocidad, le envíe agua contaminada con residuos industriales por cuya limpieza se cobra a los ciudadanos de León. Es un fraude de gran calado y alguien deberá hacerse responsable de ello, tarde o temprano.

Arnoldo Cuellar

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Periodista, analista político. Reportero y columnista en medios escritos y electrónicos en Guanajuato y León desde 1981. Autor del blog Guanajuato Escenarios Políticos (arnoldocuellar.com).

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