Los empresarios veracruzanos, que sufrieron con Javier Duarte por el incumplimiento de pagos, ahora padecen lo mismo con Miguel Ángel Yunes. El Gobernador del PAN prometió en campaña liquidar adeudos anteriores con proveedores y pagar los propios. No ha hecho ninguna de las dos cosas. Duarte y Yunes, en muchos sentidos, resultaron una misma cosa para Veracruz. La violencia, de hecho, repuntó con el segundo.
–Con información de Plumas Libres
Xalapa/Ciudad de México, 16 de julio (PlumasLibres/SinEmbargo).– El Gobierno de Veracruz, que encabeza el panista Miguel Ángel Yunes Linares, adeuda 5 mil millones de pesos a empresas legalmente establecidas. Eso dieron a conocer hoy empresarios que se manifestaron en la sede del Palacio de Gobierno, en la Xalapa.
Los adeudos que dejó Javier Duarte de Ochoa se han convertido en un problema para Yunes. Pero en campaña, hace dos años, él prometió resolverlo. Ahora le llega el agua al cuello y con mayor velocidad, porque deberá entregar el Gobierno a un opositor: Cuitláhuac García, de Morena, quien ganó la gubernatura.
Apenas en junio pasado, el empresario Jesús Castañeda Nevares declaró que decidieron integrar la agrupación “Empresas SOS”. Son 50 empresas del estado de Veracruz que están a punto de la quiebra mercantil. Dijo que los adeudos son desde el año 2014. Comentó que confiaron en las promesas de campaña de Yunes Linares, quien les prometió que a su llegada al poder se resolverían los adeudos. Le dieron sus votos, y les falló.
Ahora, ante la falta de pagos que quedaron pendientes desde la administración del entonces Gobernador Javier Duarte de Ochoa, los dueños de las compañías y proveedoras de servicios decidieron hacer los reclamos. Y es que aseguraron que aunque la deuda se arrastra de otros años, le corresponde pagarlo a quien esté en funciones “pues con Duarte hicimos los reclamos y prácticamente nos fuimos a vivir a la Secretaría de Finanzas”.
Por el problema financiero que enfrentaban cientos de empresarios, durante la campaña de Yunes Linares, el entonces aspirante se acercó a conocer las situaciones y se comprometió a resarcir esas deudas. Pero una vez como Gobernador, dijo que se pagarían los montos, aunque en el transcurso del proceso cambiaron los discursos al grado de comenzar a depurar el padrón donde salieron a relucir las llamadas empresas “fantasma”.
La deuda del Gobierno de Javier Duarte era de 11 mil millones de pesos, pero con la depuración la falta de pagos resultó ser la totalidad de 5 mil millones de pesos.
Desde enero pasado, Yunes les viene prometiendo pagos. Entonces dijo que no serán los 40 mil millones de pesos que el ex mandatario presentó en los anexos contables, sino sólo cuatro mil millones de pesos.
Fue así como en septiembre de 2017, Gobierno del Estado realizó un decreto para que se subiera la información de las deudas de cada empresario a un portal de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), pero ninguno podría realizar reclamos o se les fincaría responsabilidades.
De esta manera lo explicaron los empresarios que se manifestaron en contra del Gobierno del Estado. En las puertas sobre el parque Benito Juárez portaban pancartas con las consignas:
“Empresas SOS. Señor Gobernador honre su palabra. Pague a los proveedores veracruzanos”. “No somos fantasmas, somos empresas reales, generamos empleos”, “empresas en problemas por la falta de pago del Gobierno del Estado”.
Dijeron que en la primera semana de febrero de este 2018, Miguel Ángel Yunes Linares se comprometió en realizar pagos, sin embargo han transcurrido cinco meses y no han visto el reflejo de estos pendientes económicos.
Las empresas SOS en promedio reúnen a 80 dueños y la deuda es superior a los 500 millones de pesos, sólo por esta cifra, aunque cada semana se suman más afectados por las deudas que mantiene el Gobierno del Estado de Veracruz.
DUARTE Y LAS PROTESTAS
Las protestas de empresarios veracruzanos contra el Gobierno local también fueron una constante en la administración del priista Javier Duarte de Ochoa, actualmente preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México por los presuntos delitos de desvío de recursos públicos, delincuencia organizada y lavado de dinero.
El 17 de julio de 2016, los empresarios estatales anunciaron que dejarían de pagar el Impuesto a la Nómina o Impuesto Sobre la Renta, luego de que Duarte de Ochoa anunciara una iniciativa para que esos recursos se usaran para pagar deuda y no infraestructura, además de que para entonces ya tenían registro de una alta morosidad con compañías que le habían dado servicio a su administración.
El 23 de noviembre de 2016, cuando sólo faltaba una semana para que concluyera el sexenio duartista, empresarios salieron a las calles de la capital Xalapa para exigir el pago a proveedores y también para alertar que decenas de empresas estaban en riesgo de desaparecer.
Antonio Pino, uno de los líderes locales de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), dijo que el gobierno veracruzano debe 100 millones de pesos a 15 empresas proveedoras.
“Estamos hablando de unas 250 familias que están en riesgo de perder sus empleos porque no se paga”, dijo Pino. “No es posible que salga el Gobernador [el interino Flavino Ríos Alvarado, quien sustituyó a Duarte de Ochoa del 12 de octubre al 30 de noviembre de ese año, y hoy también está en la cárcel] y diga que tienen para pagar el gasto corriente y a nosotros no nos pagará”.
Antonio Pino, uno de los líderes locales de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), dijo que el gobierno veracruzano debe 100 millones de pesos a 15 empresas proveedoras.
Días antes de esas exigencias, también un grupo de alcaldes veracruzanos protestaron porque el estado retuvo indebidamente fondos federales que debían ir a los ayuntamientos. La retención, dijeron los ediles, se produjo cuando Javier Duarte, quien en noviembre de 2016 ya era prófugo de la justicia por posibles actos de corrupción, todavía era Gobernador en funciones y no había sido sustituido por Ríos Alvarado.
Otro caso sonado, entre decenas de los que se registraron durante el Gobierno del priista, fue el del adeudo con la Universidad Veracruzana (UV).
El 15 de marzo de 2016, Sara Ladrón de Guevara, entonces Rectora de esa institución, encabezó un movimiento que alcanzó repercusión nacional para exigir a Duarte el pago de 2 mil 092 millones de pesos: 451.7 millones de recursos federales y mil 640.8 millones de recursos estatales, pese a que ya existían denuncias penales para que la administración estatal cubriera el adeudo, y que los universitarios habían salido a las calles en más de una ocasión para exigir el pago, éste no se había concretado.
