Márquez no escapó a la tentación de construir una imagen nacional usando el erario público y rebasando los gastos de comunicación social, mientras otras prioridades de su gobierno quedaban relegadas. De entrada, la seguridad: nunca antes hubo un sexenio tan violento como el que él encabezó.
Entre 2013 y 2017, la partida de comunicación social creció en un 274.53 por ciento. Cada año sobrepasó el monto aprobado por el Congreso en proporciones crecientes las cuales alcanzaron en 2017 un 180 por ciento de sobre ejercicio, según informa la cuenta pública.
Por Arnoldo Cuéllar y Kennia Velázquez
León/Ciudad de México (Zona Franca/SinEmbargo).- En los dos años que Miguel Márquez, Gobernador de Guanajuato, jugó con la idea de buscar ser candidato presidencial del PAN, 2016 y 2017, su gasto en publicidad fue de casi un millón de pesos diarios.
Repitiendo esquemas de otros gobernadores, sobre todo del PRI, Márquez contrató desde empresas ubicadas por el SAT como presuntamente “fantasmas” hasta especialistas en manejo de imagen y servicios en redes sociales. Todo esto mediante asignaciones directas y con escasa transparencia, pues no obstante las obligaciones de ley hasta la fecha esos gastos no se reflejan al 100 por ciento en los reportes publicados en Internet.
Márquez, no escapó a la tentación de construir una imagen nacional usando el erario público y rebasando los gastos de comunicación social, mientras otras prioridades de su gobierno quedaban relegadas.
En el año 2017, que inició con revueltas sociales en todo el país, donde Guanajuato no fue la excepción, por la aplicación del aumento de las gasolinas y aumentos de transporte público, Márquez ofreció un programa de austeridad con medidas cosméticas como la cancelación del servicio de celular a los funcionarios públicos y una disminución de sueldos a los altos mandos. Sin embargo, en ese mismo año la partida de Comunicación Social se elevó, de 170 millones originalmente aprobados por el Congreso, a 390 millones de pesos.
Entre 2013 y 2017, la partida de comunicación social creció en un 274.53 por ciento. Cada año sobrepasó el monto aprobado por el Congreso en proporciones crecientes las cuales alcanzaron en 2017 un 180 por ciento de sobre ejercicio, según informa la cuenta pública.
El incremento en la partida presupuestal de comunicación social y publicidad del sexenio que termina este septiembre sobrepasa la del ex gobernador Juan Manuel Oliva quien recibió fuertes críticas en su momento por ese concepto y al que el propio Miguel Márquez le dedicó el cambio de nombre de su órgano interno de control, al rebautizarlo como Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas en su primer acto de gobierno.
Mientras que en su sexenio Oliva gastó 495 millones de pesos en contrataciones de publicidad, con Miguel Márquez el estado ha desembolsado, de 2013 a marzo de 2018, mil 326 millones de pesos.
NADA CRECE, SÓLO EL GASTO PUBLICITARIO
El especialista en análisis de gasto público, Leonardo Núñez explicó que el promedio de ampliación presupuestal para gasto de publicidad en los estados de México es de 138 por ciento por arriba de lo presupuestado. Oliva incrementó en su sexenio el gasto publicitario en un 54 por ciento, mientras que Márquez lo aumentó un 274.53 por ciento.
Según un estudio realizado por el IMCO durante 2017, este aumento en Comunicación Social contrasta con otros rubros, por ejemplo, justicia tuvo una ampliación presupuestal del 4 por ciento, educación de 6 por ciento, salud, protección social y seguridad incrementaron sólo en un 9 por ciento.
Núñez explica que gracias a la opacidad “siempre hay los mismos beneficiarios, no hay un control en los padrones y se beneficia a medios afines o a medios que ni siquiera tienen una circulación o una penetración que justifique lo que se les da. Es común encontrar páginas de internet con muy poco tráfico que reciben millones de pesos. Ciertamente hay una dificultad o una resistencia a legislar de manera adecuada para regular, transparentar y poner reglas, porque es un espacio de discrecionalidad que beneficia a quien paga y a quien recibe el dinero. Entonces no hay incentivos suficientes para que se regule esto, porque los mismos que están legislando son los beneficiados de la buena publicidad o víctimas de la mala publicidad de los medios grandes; de los mecanismos de influencia que les da poder dar dinero a discrecionalidad, así sean miles de pesos, a un medio prácticamente inexistente. Son pequeños esquemas de irregularidad, que pueden llegar a millones de pesos”; explicó el autor del estudio “Dónde quedó la Bolita, presupuesto de egresos ficticio”.
Al hacer una consulta pública a la Coordinación de Comunicación Social sobre sus criterios de asignación de publicidad, la respuesta a través de la instancia de transparencia fue que entrega recursos a medios sin verificar la circulación de los mismos, basándose únicamente en “información que proporciona cada uno de los medios. Cuando se requieren de conocer datos, se consultan documentos electrónicos elaborados por otras instituciones y que son públicos”, como el Instituto Nacional Electoral, el Padrón Nacional de Medios Impresos y el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
OPACIDAD
El incremento de publicidad durante la presente administración se produjo en medio de una gran opacidad, pues solo un porcentaje de los contratos y de las facturas se ha publicado como lo ordena el artículo 26 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública para el estado de Guanajuato. Ello ocurre sin que el Instituto de Acceso a la Información Pública, a cargo de la consejera presidenta María de los Ángeles Ducoing, intervenga para reconvenir a los responsables. Interrogada por Zona Franca, la funcionaria pidió que se presentara una denuncia, pues no podía actuar de oficio.
De los más de mil 326 millones gastados, en la página de transparencia del poder ejecutivo estatal sólo hay contratos publicados por 426 millones de pesos; de estos, sólo 284 millones se muestran sustentados por facturas.
Además, existe un desorden en los registros, pues no concuerdan razones sociales con registros de contribuyentes, facturas con contratos y en la mayoría de las ocasiones, no se pueden acceder a los documentos pues las ligas están rotas. Así mismo, son ocultados los datos de algunos proveedores lo que impide corroborar que la factura corresponda al contrato. De tal suerte, que para cualquier ciudadano resulta laberíntico conocer en qué se gastan los recursos.
Las secretarías más opacas son Desarrollo Económico Sustentable y, paradójicamente, Transparencia y Rendición de Cuentas. El ejecutivo estatal informó, a pregunta expresa, que no ha invertido en la capacitación de los servidores públicos para cumplir con las obligaciones de transparencia.
EMPRESAS NACIONALES, LAS GRANDES GANADORAS
Televisa, la Organización Editorial Mexicana y Televisión Azteca acapararon un tercio del presupuesto de toda la administración de Miguel Márquez. Las empresas del Grupo Salinas, entre TV Azteca y sus filiales, los brókers Mercadotecnia XXL y Jeshom Publicidad y Mercadotecnia, recibieron de 2013 a 2018 un total de 233 millones de pesos.
Mercadotecnia XXL brindó servicios decineminutos y spots en 45 tiendas Elektra, entre 2015 y 2017 firmo contratos por 25.4 millones de pesos. La empresa ofrece además papelería y mobiliario de oficina. Su representante legal, Claudia Patricia García Alba, también lo es de las empresas Jeshom Publicidad y Mercadotecnia y Mercadotecnia y Servicios Avanzados, las cuales son brokers “que le permite al Grupo Salinas y a sus filiales (TV Azteca, Elektra, Iusacell, Total Play y Banco Azteca, etcétera) darle la vuelta a cualquier huella fiscal”, explica un reportaje periodístico.
Según una investigación de Proceso, “la clave para la operación de estas compañías es que aparecen separadas de la estructura de Grupo Salinas y realizan doble facturación frente a los “clientes”. Su objetivo principal será “vender” servicios a gobernadores en apuros o con aspiraciones presidenciales, así como a alcaldes de distintas entidades”.
Por su parte Jeshom Publicidad y Mercadotecnia, cobró 10.5 millones en tres años, tan sólo obtuvo 3.5 millones de pesos por hacer un video promocional de Guanajuato con duración de minuto y medio, en el que participó Rebeca de Alba. Algunos de los clientes de la empresa han sido los gobernadores de Nuevo León, Chiapas y la SNTE de Elba Esther Gordillo.
Jeshom ha sido contratado por Cofoce y Secretaría de Desarrollo Económico y Social, en el caso de la primera, no hay facturas publicadas, en el caso de la SDES, no han publicado ni los contratos, ni sus comprobantes de pago, por lo que no se puede saber para qué fue contratada la empresa.
Jeshom y Mercadotecnia no aparecen en el padrón de proveedores del gobierno estatal.
Por su parte Televisa obtuvo 115 millones 96 mil 539 pesos en cinco años, por difundir spots, cápsulas informativas, cintillos y menciones, en sus canales y repetidores. En los más de 50 contratos signados entre la empresa de Emilio Azcárraga y el gobierno estatal no se dan más detalles, sólo se indica que son “servicios publicitarios” o de “difusión”.
La Organización Editorial Mexicana, empresa dueña de los periódicos El Sol en distintas ciudades del país, vendió al gobierno estatal 98 millones 465 mil 321 pesos, a los que se debe sumar lo que se le trianguló vía la presunta empresa fantasma, F.B.M. Comercializadora, que ronda los 5 millones de pesos. El Gobierno de Guanajuato no sólo ha comprado publicidad en los “soles” de Irapuato, León y Celaya, sino que también hay contratos con los periódicos que circulan en Tlaxcala, Durango, Tampico, Pachuca, Estado de México y otras ciudades, sin que medie justificación alguna.
LOCALES MENOS FAVORECIDOS
El programa de Comunicación Social dice que su objetivo es “ser el medio mediante el que exista una permanente comunicación e información entre sociedad y gobierno que permita una constante convivencia de trabajo, aprendizaje y participación a fin de propiciar un mejor futuro para las y los guanajuatenses”.
Sin embargo, aunque han tenido ventas muy por encima de anteriores gobiernos, los medios locales que más contratos obtuvieron están muy lejos de sus pares nacionales. Si se suma lo destinado a los periódicos A.M., Correo y Heraldo, llegan a los 151.9 millones de pesos durante todo el sexenio.
PROMESAS SIN CUMPLIR
Cabe señalar que Miguel Márquez llegó al poder con una grave preocupación por la transparencia, después de una serie crisis de su antecesor Juan Manuel Oliva, reflejada en acres críticas por la compra de terrenos para el parque Bicentenario y la construcción del mismo; la adquisición de un predio de casi mil hectáreas para una fallida refinería, que hasta la fecha es un enorme baldío al que no se le ha encontrado vocación pese a intentar generar un parque agroalimentario; y la propia adquisición de publicidad en medios nacionales y locales.
Esa preocupación se reflejó en que la primera acción de gobierno de Márquez, impulsada antes de tomar posesión a través de sus diputados, fue la de cambiarle el nombre a la Secretaría de la Gestión Pública para convertirla en la “Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas.” Vistos los resultados seis años después, parece que todo quedó solo en eso: un simple cambio de fachada, sin nada adentro.
