La pobreza y la falta de oportunidades de educación y empleo son aprovechadas por los cárteles de la droga en México para captar la mano de obra de jóvenes y campesinos, dice un artículo realizado por Briseida Valencia Soto, investigadora asociada del Consejo de Asuntos Hemiféricos (COHA), una organización sin fines de lucro, con sede en Estados Unidos y que se ocupa de los intereses comunes del hemisferio para aumentar la visibilidad de los asuntos regionales. Los cárteles de la droga, en particular, seducen a los jóvenes –en su mayoría varones–, con la promesa de ganar dinero rápido por entrar al contrabando, actuar como vigías, o incluso trabajar como sicarios, plantea la especialista. Como resultado, muchos se unen con la mentalidad de que: “Más vale cinco años como Rey que cincuenta años como buey”.
Por Briseida Valencia Soto, investigadora asociada del Consejo de Asuntos Hemisféricos.
Ciudad de México, 16 de julio (SinEmbargo/COHA).– Privados de sus derechos en México, ellos ven a menudo la economía de las drogas ilícitas como una vía para escapar de la pobreza. Los cárteles mexicanos de la droga presumen ganancias anuales de entre 18 y 39 mil millones de dólares. Para los más pobres de México, la promesa de ganancias rápidas y exorbitantes a menudo es demasiado tentadora como para dejarla pasar. Para mostrar el encanto del tráfico de drogas en su contexto, tomemos por ejemplo la yuxtaposición entre las economías de la droga y del petróleo crudo de México: En 2014, el petróleo crudo, principal producto de exportación del país, tenía un valor de 37 mil millones de dólares, un estimado de 3 mil millones menos que el valor de la economía de las drogas ilícitas en su más alto nivel. La industria del petróleo, que hasta hace poco fue controlada por Pemex, la empresa petrolera nacional, empleó a 151 mil trabajadores en 2013. A principios de 1990, la Federación de Sinaloa, el mayor y más poderoso cártel conglomerado en ese momento, dio empleo a aproximadamente 100 mil personas.
Mientras que la fuerza de trabajo de Pemex en 2014 fue un poco más grande, es importante tener en cuenta que la Federación de Sinaloa fue sólo una de las decenas de organizaciones de tráfico de drogas de México en la década de 1990. Como tal, es lógico concluir que la economía de las drogas ilícitas en los años 90 ofreció empleo a una mano de obra masiva. Desde los años 90, la industria de las drogas en México ha crecido en escala. Para empeorar las cosas, la industria de los narcóticos, mucho más peligrosa que la economía formal, ofrece pobres oportunidades de trabajo viable en México. Recientemente, el aumento en el consumo de heroína en los Estados Unidos (un aumento del 90 por ciento entre 2002 y 2013) ha contribuido a un auge en la producción y oportunidades de empleo ilícito. Por otra parte, debido a la incapacidad del Estado para suprimir la economía de la droga, el negocio de la droga ha adquirido un barniz folclórico de invencibilidad que contribuye a su atractivo.
LA CORRUPCIÓN Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEFICIENTES
La economía de las drogas ilícitas es un síntoma de la corrupción y la desigualdad histórica y profundamente arraigada en México que se ha agravado por políticas superficiales contra las drogas. A pesar de los esfuerzos dirigidos a reprimir el tráfico de drogas, los recientes intentos por parte del gobierno han fracasado en gran medida. El sexenio de Felipe Calderón, quien tenía evidente una postura anti-drogas, hizo avances insignificantes en contra de la industria de la droga. El enfoque de “línea dura” de Calderón en la lucha contra los cárteles de las drogas se vio empañado por los daños colaterales significativos. El Presidente Calderón dejó la oficina con un pobre historial de derechos humanos sobre su cabeza; secuestros, extorsiones y ejecuciones extrajudiciales convirtieron en la norma durante su mandato. Para tener una idea de la ineficacia de la política de drogas de Calderón sólo basta examinar el juego del gato y el ratón que su administración jugó con Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como “El Chapo”. Guzmán Loera, considerado el narcotraficante más famoso de los últimos tiempos, eludió la Ley durante gran parte de su carrera. Aunque ahora enfrenta una posible extradición a Estados Unidos, la trayectoria criminal de Guzmán Loera hizo evidente la miopía y la ineptitud de la estrategia antidrogas del Presidente Calderón.
Aunque el mandato de Calderón terminó en 2012, su política nacional contra las drogas sigue viva. Para poner fin a la guerra contra las drogas, México debe centrarse en el alivio de la pobreza extrema y la desigualdad mediante la inversión en diversos programas sociales y educativos. Para lograr resultados tangibles, debe hacer eso y al mismo tiempo enfrentar la corrupción del gobierno. Gran parte de la corrupción de México se deriva de la debilidad inherente de sus instituciones, en particular sus organismos encargados de hacer cumplir la Ley, que a menudo sirven a los intereses privados. Esto ha generado una cultura de la incompetencia que ha hecho casi imposible la tarea de luchar contra las redes de drogas ilícitas. Los cárteles de la droga operan en gran parte de México con poca resistencia por parte de las fuerzas del orden. En un esfuerzo por mejorar la situación, el Presidente Enrique Peña Nieto, el sucesor de Felipe Calderón, se ha ocupado de la situación de la misma manera que su predecesor: la brutalidad militar ha aumentado y también la violación a los derechos humanos. A menudo estas tácticas de línea dura afectan a las poblaciones equivocadas: los agricultores pobres, que están en nivel de subsistencia, y los jóvenes.
El número de homicidios en México es cada vez más alto, y un resultado directo de los intentos recientes de los presidentes para solucionar el problema de las drogas es que las fuerzas armadas del país son ahora eficientes asesinos; mientras que los combates entre grupos de cárteles por lo general dan lugar a cuatro personas heridas por cada una muerte, el Ejército ataca a una persona por cada ocho muertes. La tasa de homicidios promedio diario en abril fue del 56.1 por ciento, el peor nivel registrado desde que el gobierno comenzó a contar oficialmente las víctimas en enero de 2014.
LA ECONOMÍA Y LAS DROGAS
Los cárteles de la droga comenzaron a surgir como consecuencia de la crisis de 1982, detonada por la deuda de México, y que generó tasas de desempleo preocupante. Muchos consideraron a la industria de la droga como una alternativa viable de ingresos.
Hoy, sin embargo, México no enfrenta crisis económica. Por el contrario, México es la doceava economía más grande en el mundo impulsada por las exportaciones. En 2014, México exportó 400 millones de dólares e importó 379 mil millones de dólares en bienes (un superávit comercial de 21 de mil millones de dólares). Además, la tasa de desempleo en México es relativamente baja, en marzo del 2016 fue de 3.7 por ciento (que es inferior a la de Estados Unidos, con 5 por ciento). El petróleo crudo, la fabricación de automóviles, la producción tecnológica dominan la economía, y generan una parte significativa del empleo de la población en las principales ciudades de México. Sin embargo, a pesar del crecimiento económico y una baja tasa de desempleo, la economía de las drogas ilícitas sigue floreciendo. Esto es principalmente porque, a pesar del progreso urbano, el Estado se ha hecho de la vista gorda sobre sus jóvenes marginados y las comunidades rurales. Mientras que los jóvenes son objetivos de contratación para hacerlos miembros de un cártel, las personas de las zonas rurales sirven por lo general como productores de cultivos ilícitos. El know-how agrícola y el acceso a las tierras hace que la clase baja sea valiosa para la industria de las drogas.
JÓVENES DE MÉXICO
El competitivo PIB de México disfraza los desafíos de la búsqueda de opciones de empleo formal de muchos de los jóvenes. Aunque los adultos jóvenes (16 a 24 años) comprenden aproximadamente el 20 por ciento de la población mexicana, la tasa de desempleo de los jóvenes es casi tres veces mayor que la de la población adulta. Estas estadísticas son aún más marcadas para los jóvenes de bajos ingresos o que tienen orígenes indígenas, donde el 60 por ciento enfrenta la realidad del desempleo. La falta de acceso a la educación superior, la nula experiencia laboral, las leyes laborales inflexibles, y, en algunos casos, la discriminación racial generan esas tasas de desempleo. Además, la formación de los jóvenes en habilidades específicas de un negocio puede ser costoso y consume mucho tiempo, lo que desalienta a muchas empresas de la contratación de personas jóvenes. Aunque la formación de la juventud en el lugar de trabajo puede parecer una pérdida de tiempo y recursos, debe ser vista como una inversión necesaria en el futuro de México. El no hacerlo podría resultar en graves consecuencias económicas a largo plazo. De acuerdo con la Directora Regional de la Organización Internacional del Trabajo para América Latina y el Caribe, Elizabeth Tinoco, “el progreso económico y social de los últimos años es insostenible si las autoridades no se enfrentan al reto de crear mejores oportunidades para los jóvenes”.
Las limitadas oportunidades educativas y laborales para la población joven se ha traducido en el creciente fenómeno de los “NiNis” –la juventud que no trabajan ni estudia (NI trabajan, NI estudian). Las encuestas recientes revelan que hay cerca de 20 millones de “NiNis” en América Latina. La juventud “NiNi” se concentra a menudo en muchas de las regiones más violentas de México. Además, vienen de familias pobres, sin educación. Tales perspectivas socioeconómicas sombrías, reforzadas por la falta de oportunidades académicas y profesionales, aumentan la probabilidad de que los jóvenes se unan a los cárteles de la droga o migren con la esperanza de establecer una mejor vida. Los cárteles de la droga, en particular, seducen estos jóvenes –en su mayoría varones–, con la promesa de ganar dinero rápido por entrar al contrabando, actuar como vigías, o incluso trabajar como sicarios. Como resultado, muchos se unen con la mentalidad de que: “Más vale cinco años como Rey que cincuenta años como buey”. Además de ofrecer perspectivas financieras, los cárteles de la droga también proveen a los adultos jóvenes de una identidad significativa. Debido a sus situaciones desfavorecidas, muchas veces estos jóvenes machos se enfrentan a los prejuicios sociales que los hacen sentir inútiles. En respuesta, los cárteles de la droga inculcan en ellos un sentido de propósito, utilizando sus habilidades callejeras para hacer avanzar la economía de la droga. El aumento de las oportunidades de empleo para los jóvenes debería ayudar a aliviar aspectos de esta problemática, pero el gobierno todavía tiene que encontrar la manera de ayudar a estos jóvenes.
Las políticas eficaces para reducir el desempleo juvenil requieren un enfoque multifacético. El gobierno, por ejemplo, podría promover el empleo juvenil mediante la codificación de los incentivos fiscales que recompensen a las empresas para la contratación de jóvenes. Además, se podrían financiar proyectos de obras públicas que sólo empleen a personas jóvenes. Sin embargo, las soluciones eficaces deben implicar la participación del sector privado y el diálogo del sector público con el fin de mejorar las condiciones del mercado de trabajo para los adultos jóvenes. Una vez que mejoren las condiciones de trabajo, el gobierno tiene que resolver el problema de la falta de habilidades específicas de los jóvenes para el trabajo. De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Juventud, realizada en 2005, un desafío para los trabajadores jóvenes es que no poseen las habilidades de trabajo apropiadas, incluso cuando encuentran empleo. Para resolver este problema, el gobierno debe reformar los planes de estudio y enseñar las habilidades que demanda el mercado de trabajo, que a su vez debe ayudar a aumentar el número de jóvenes que ingresan a la economía formal. Además, el gobierno debe proveer programas después de la escuela para fortalecer la productividad y el optimismo de los jóvenes en la búsqueda de empleo. Al mismo tiempo, estos programas pueden enseñar a los participantes una serie de habilidades valiosas para facilitar el éxito en el empleo. Si se siguen estas sugerencias, el Estado mexicano tiene el potencial de ayudar a los adultos jóvenes a evitar una vida en el crimen.
LAS PERSONAS DEL CAMPO EN MÉXICO
En las ciudades pequeñas y en las regiones menos desarrolladas de México, la creciente desigualdad y la pobreza marcan a las personas del campo como posibles víctimas del tráfico ilícito de drogas. La pobreza es una realidad para más de la mitad de la población de México, aunque este número aumenta en las regiones del sur, como en Zitlaltepec, en Guerrero, donde el 86 por ciento de los residentes viven en la pobreza y 30 por ciento en pobreza extrema. Esta cruda pobreza es consecuencia de alternativas limitadas de empleo en las zonas rurales, así como la discriminación que sufren las personas de origen indígena. Así, la opción de empleo más común, y en algunos casos formal en las zonas rurales, es el trabajo agrícola. En consecuencia, las personas rurales de regiones afectadas por la pobreza como Zitlaltepec migran de un campo a otro en busca de empleo. Sin embargo, incluso las personas de las ciudades más desarrolladas se enfrentan a un acceso limitado al empleo formal, obligando a muchos a convertirse en trabajadores del campo por temporada. Los trabajadores del campo por temporada trabajan largas horas en condiciones muy duras para apenas ganar el salario mínimo (el salario mínimo en México es de 73.04 pesos por día o 3.96 dólares por día) y sin cosechar ninguno de los beneficios económicos del Estado. Mientras que los salarios de los trabajadores altamente calificados aumentaron de 13 mil 200 pesos en enero de 2016 a 13 mil 800 pesos en abril de 2016, los salarios de los trabajadores menos calificados disminuyeron dramáticamente de 5 mil 020 pesos en enero de 2016 a 4 mil 830 pesos en abril de 2016, lo que obliga a muchos trabajadores poco calificados, como los trabajadores de campo, a buscar opciones alternativas de empleo. Con demasiada frecuencia, la perspectiva casi imposible de encontrar un empleo decente impulsa a los trabajadores rurales a entrar en la economía de las drogas ilícitas, cosechar hojas de marihuana y amapola de opio en lugar de tomates y maíz es más lucrativo.
Además de ofrecer empleo, la economía de las drogas ilícitas también proporciona beneficios económicos sustanciales respecto a la economía agrícola tradicional. Cuando termina la temporada de cosecha tradicional, los trabajadores de campo deben buscar alternativas de empleo. Esto podría significar que entren a la economía informal, en la venta de alimentos o otros productos en las calles, pero también podría significar que entren en la economía ilícita, en el cultivo de marihuana o amapola para la producción de heroína. A diferencia de las frutas y verduras, la amapola y la marihuana crecen durante todo el año, proporcionando a los trabajadores potenciales ganancias durante todo el periodo. El cultivo de amapola y marihuana, además, necesitan poco mantenimiento, y la marihuana madura rápidamente. Tales beneficios permiten a las personas del campo pasar más tiempo en casa, y no tener que migrar de un campo a otro. Además, a diferencia del trabajo de campo oficial, el cultivo de la adormidera proporciona a los trabajadores rurales altos ingresos. En promedio, un kilo de opio tiene un valor aproximado de 15 mil pesos, lo que equivale a un ingreso anual de aproximadamente 45 mil pesos (2 mil 430 dólares), que es el doble de la cantidad de ingresos que los trabajadores formales ganan con el salario mínimo. A pesar de que la marihuana no es tan rentable como el opio, los trabajadores ganan todavía alrededor de 30 a 100 dólares por kilo.
A pesar de las ventajas de entrar a la industria de las drogas ilícitas, las personas del campo se enfrentan a numerosas consecuencias. La violencia debido a la rivalidad de los cárteles y los intentos de su erradicación por parte del Ejército mexicano ponen a los cosechadores ilícitos en un grave peligro. La brutalidad de ambas fuerzas a menudo resulta en un peligro grave para los trabajadores rurales y sus familias. Como resultado, muchos trabajadores podrían optar por renunciar a la producción de cultivos ilícitos, si el gobierno les diera acceso a mejores opciones de empleo.
Las políticas que tengan como objetivo abordar el problema de las drogas deben hacer frente a los bajos salarios y la falta de opciones de empleo en el trabajo del campo. Dado que los salarios bajos en el sector agrícola animan a muchos a buscar empleo en otros lugares, el gobierno debe aumentar la dispersión de sus subsidios agrícolas. Aunque el presupuesto agrícola de México fue el más alto en América Latina durante la década de 1990, en los datos más recientes y disponibles no está claro si los subsidios en realidad llegaron a los trabajadores. Los datos del gobierno subestiman seriamente la cantidad de recursos asignados a la Tecnología agrícola para propietarios ricos. A menudo las empresas ricas reciben la mayor parte de los subsidios mientras que las pequeñas granjas reciben poca o ninguna ayuda del gobierno. Por lo tanto, el gobierno debe aumentar la transparencia en su sector agrícola para distribuir la asistencia más equitativamente. Para aumentar las alternativas de trabajo, el Estado debe disminuir la discriminación que prohíbe a personas de origen indígena el acceso a empleos no agrícolas. Se puede hacer esto mediante la formalización de las personas rurales en la economía informal. Además, la mejora del acceso a la educación superior también puede ayudar a diversificar las opciones de empleo. Con la educación superior, las personas rurales tienen un mejor acceso la tasa de empleo calificado. Pero en última instancia, sin embargo, las mejores recomendaciones de política pública pueden no funcionar en un entorno de corrupción. La corrupción sigue siendo un obstáculo importante que mantiene rezagado a México para alcanzar un mayor éxito social y económico. Así, la comunidad internacional debe seguir presionando al Gobierno mexicano para aumentar su transparencia, con el fin de controlar mejor las condiciones seguras de trabajo, salarios dignos, y las opciones de empleo diversificadas.
CONCLUSIÓN
Para reducir el atractivo del tráfico de drogas, el Gobierno mexicano debe ofrecer mejores oportunidades de empleo para los jóvenes y las personas del campo, mientras que al mismo tiempo debe luchar contra la corrupción. La corrupción es lo que permite que la economía de la droga prospere; mientras los miembros de las fuerzas del orden y de los cárteles no rindan cuentas por sus actos ilegales y las violaciones a los derechos humanos, la economía de las drogas ilícitas seguirá expandiéndose. El rango de percepción de la corrupción de México de Transparencia Internacional se redujo de 57 en 2002 a 105 en 2012, lo que pone de manifiesto la necesidad inmediata para enfrentar esta epidemia. Además, la ineptitud del gobierno para combatir la delincuencia permite a los cárteles de la droga evitar cargos criminales. Tales realidades reproducen un ambiente de impunidad que favorece aún más que muchos mexicanos entren en la economía ilícita. Por lo tanto, con el fin de acabar con el “problema de las drogas”, el gobierno debe mejorar su capacidad de exponer el mal comportamiento, tanto de sus funcionarios como de las bandas del crimen organizado. En general, lo que queda claro es que la falta de opciones de empleo para los desposeídos no se va a resolver por sí misma, el Gobierno mexicano debe ser proactivo en la mejora de las situaciones de empleo y de las condiciones de vida de su gente.
