Ciudad de México, 16 de julio (SinEmbargo).– El Movimiento Nacional Los de Abajo dio a conocer hoy un desplegado dirigido al Presidente Enrique Peña Nieto, así como al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para exigir el cese a la brutalidad de lo que consideran como “la nueva Ley Bala que el gobierno autoritario de Rafael Moreno Valle ha instaurado contra los habitantes de Puebla”.
También pidieron la renuncia inmediata de Facundo Rosas Rosas, Secretario de Seguridad Pública de Puebla, “por intento de homicidio colectivo en contra la población de San Bernardino Chalchihuapan”.
Rosas Rosas fue Comisionado General de la Policía Federal del 2009 al 2012, durante su estancia en el cargo federal fue señalado por su omisión en el operativo contra un grupo de normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Trabajó para el también gobierno panista de Felipe Calderón, bajo el mando de Genaro García Luna.
El colectivo asegura en un texto difundido hoy en la prensa nacional que el mandatario poblano pretende suspender “de tajo” los derechos ciudadanos a la libre manifestación y expresión. “Los niños de Puebla no merecen balas de goma para acallarlos” enfatiza.
Los de Abajo recuerdan que “el pasado 9 de julio, la policía estatal utilizó balas de goma, gasea lacrimógenos, así como misiles de plástico negro -20 centímetros de largo- lanzados desde el aire por helicópteros, con el fin de dispersar una protesta legítima de quienes defendían sus derechos civiles, es el caso de los habitantes de San Bernardino, Chalchihuapan. municipio de Ocoyucan, Puebla”.
El movimiento pidió a la Secretaría de Gobernación su intervención para “frenar los actos de barbarie y autoritarios que ha emprendido el gobernador Moreno Valle, en contra de la población y que hoy mantiene a 37 líderes sociales encarcelados”.
“En ningún momento se utilizaron balas de goma”, dijo en conferencia de prensa el Secretario General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas.
El conflicto se originó luego de que al mediodía del pasado miércoles, juntas auxiliares bloquearon la autopista para exigir la reapertura de las oficinas del Registro Civil, pues ahora los habitantes deben trasladarse a la capital del estado para realizar este trámite.
Al fijar su postura con relación a los hechos ocurridos ese día, Maldonado Venegas recordó que los manifestantes interrumpieron el flujo vehicular por más de cinco horas e incurrieron en acciones violentas.
El funcionario estatal dijo que desde el primer momento del cierre, y a lo largo del mismo, se les convocó al diálogo y la negociación, con la concurrencia de las autoridades de la Secretaría General de Gobierno.
El operativo de los efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), dicen, se realizó agotados los llamamientos al diálogo, no obstante la violencia expuesta por los manifestantes fue exclusiva, las fuerzas policiales utilizaron escudos y cascos.
Ante la escalada de violencia y agresión de parte de los manifestantes, se utilizó gas lacrimógeno para dispersar y contener a los agresores, señaló.
“El comportamiento del grupo de manifestantes, no corresponde al perfil ciudadano de una protesta, ya que dio muestras de una intención claramente organizada, premeditada, de franca provocación y agresión”, estimó.
Ello se demuestra, aseguran, por el hecho de que iban preparados con diversos objetos contundentes tales como: bombas molotov, palos, tubos y piedras de gran calibre.
Dentro de los que destacó la utilización de cohetones que fueron proyectados, incluso con la utilización de lanzaderas de aluminio y PVC, en agravio y afectación directa de policías y transeúntes.
Por estos hechos, del pasado 9 de julio, las autoridades reportaron un saldo de 46 policías lesionados y al menos dos civiles.
Durante la agresión de los manifestantes, se estima que supuestamente fueron detonados cerca de 200 cohetones que destrozaron cascos protectores y escudos de la policía.
El funcionario estatal resaltó el caso de mayor gravedad, que es el de un menor de edad, quien fue presuntamente lesionado por uno de los cohetones lanzados por los manifestantes en su protesta.
Hoy, esta persona se encuentra grave, después de una intervención quirúrgica que le fue practicada la noche de los hechos y se destaca que se ha llevado a cabo el protocolo médico recomendado en estos casos.
MUESTRAN EVIDENCIAS
La Diputada federal, la perredista Roxana Luna Porquillo, denunció el sábado 12 de julio en redes sociales el uso de balas de goma por parte de policías de Puebla durante la manifestación del miércoles pasado en San Bernardino Chalchihuapan, donde un menor de edad quedó herido de gravedad.
La legisladora informó que José Luis Alberto Tlautle Tamayo, de 13 años de edad, fue herido durante el enfrentamiento entre granaderos y pobladores que bloquearon la autopista Puebla-Atlixco el pasado 9 de julio. Dijo que al día de hoy el menor “se debate entre la vida y la muerte”.
Según La Jornada, el menor se encuentra en “estado vegetativo” en el área intensiva del Hospital General del Sur.
Luna Porquillo además compartió fotografías de los artefactos con los que se perjudicó a otro joven de 21 años, quien se encuentra en terapia intensiva.
El 9 de julio de 2014 fueron detenidas cuatro personas que participaron en los hechos delictivos, emprendiéndose por la Procuraduría de Justicia del Estado (PGJE) las acciones jurídicas del caso, motivo por el cual fueron consignadas ante el juez penal correspondiente.
El avance de la investigación dispone ya de evidencia contundente, en virtud de que se tienen testimonios, fotografías y videograbaciones que identifican plenamente a un número importante de agresores. Muchos de estos elementos son incluso públicos y confirman de manera evidente la relatoría expuesta.
Asimismo en YouTube fue compartido un video donde se aprecia el momento en que José Luis Alberto de 13 años es herido y se intenta remover la sangre de lesiones de su cabeza, aunque no se alcanza a distinguir si fueron provocadas por balas de goma o cohetones.
El 19 de mayo de este año se aprobó en el estado de Puebla, a petición del Gobernador panista Rafael Moreno Valle, la Ley para Proteger los Derechos Humanos y Regular el Uso Legítimo de la Fuerza por Parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado de Puebla, conocida como ”Ley Bala”, la cual permite hacer el uso legítimo de la fuerza “siempre como última medida”.
Desde el principio de este incidente, el gobierno de Puebla aseguró ofrecer la más amplia cooperación con las Comisiones de Derechos Humanos, estatal y nacional, esta última a cargo de las investigaciones que atrajo a su ámbito, instancia a la que se le allegarán todos los elementos de que se disponen.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició un expediente de queja y envió visitadores adjuntos al lugar de los hechos para entrevistarse con los afectados y personas detenidas.
En un comunicado, la CNDH precisó que se ha verificado el estado de salud de los heridos, en especial la evolución clínica de un menor lesionado, además de que personal de la comisión solicitó información a las diferentes autoridades de la entidad involucradas en el caso.
Adicionalmente, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) dará vista a la Procuraduría General de la República (PGR), una copia de la averiguación previa respectiva y aportará también los peritajes, estudios técnicos y todos los elementos que obran en el expediente.
“El gobierno del estado de Puebla ratifica su respeto a la libertad de expresión, de manifestación y de protesta, sin distingo de la causa que la motive, en tanto, no se incurra en la comisión de conductas delictivas, en agravio de la sociedad poblana”, expresó.
