Atenas, 16 jul (EFE).- Varios miles de personas se manifestaron hoy en el centro de Atenas y Salónica en una huelga general contra los despidos de funcionarios pactados por el Gobierno del conservador Andonis Samarás con la troika a cambio de un nuevo tramo de financiación.
La huelga, la cuarta general del año y convocada por las dos principales confederaciones sindicales de Grecia (ADEDY, del sector público y GSEE, del privado), tuvo un seguimiento desigual.
Según ADEDY, en la Administración pública el paro fue de entre el 55 y el 85 % en organismos ministeriales, Sanidad Pública y Ayuntamientos, que llevan varios días en huelga.
El transporte público también se detuvo, con excepción de metro y tranvía que tienen prohibido hacer huelga desde el pasado febrero, y los controladores aéreos llevaron a cabo una huelga de media jornada, lo que provocó la cancelación de 11 vuelos y retrasos de una treintena, todos ellos internos.
GSEE cifró la participación de los obreros de la industria en la huelga en entre el 55 y el 75 %, pero no pudo ofrecer datos de otros sectores.
El comercio en cambio abrió como un día normal.
Entre 16.000 -según la Policía- y 50.000 personas -según los sindicatos- se manifestaron en Atenas y otras 7.000 en Salónica, la segunda ciudad del país, y en ambos casos la mitad de los manifestantes acudieron a la convocatoria de PAME, el sindicato ligado al Partido Comunista de Grecia (KKE), y no bajo la bandera unitaria de ADEDY y GSEE.
“La política de despidos masivos que exige el nuevo memorándum es el inicio de un nuevo modelo de gobierno antidemocrático”, denunció ADEDY en un comunicado.
Los asistentes a la manifestación de Atenas fueron mayormente empleados municipales, agentes de la Policía Local, maestros, guardas escolares y trabajadores de la Sanidad, los sectores más afectados por los nuevos recortes.
Kostas Pagonas y Andreas Stathópulos, dos miembros del sindicato de maestros OLME, se quejaron a Efe de que el Gobierno acabará con 51 especialidades de Formación Profesional -enfermería, artes gráficas, decoración y peluquería entre ellas- y dejará a 21.000 alumnos “sin la posibilidad de acabar sus estudios en la Educación pública” y “beneficiará así a la escuela privada”.
A los 2.500 profesores de estas especialidades ya se les ha comenzado a notificar el despido a pesar de que esta medida no ha sido aprobada por el Parlamento.
Grecia acordó con la troika despedir a 4.000 funcionarios antes de final de año y poner a 25.000 en el esquema de reserva laboral, por el que cobrarán parte de su salario durante 8 meses y luego serán recolocados o despedidos.
Dentro de este esquema entrarán los 2.200 guardas escolares y los 3.500 policías locales que existen en Grecia.
“Nos despidieron a mediados de julio y sin el previo aviso que exige la ley. Nuestro despido es ilegal, hemos pasado unas oposiciones y tenemos contrato indefinido”, denunció Filippos Vassiliu.
Este guarda escolar explicó a Efe que su salario había sido recortado de 1.300 a 700 euros en el último año y se preguntó qué hará ahora sin trabajo, con tres hijos y una esposa discapacitada a su cargo.
La ley ómnibus, que incluye el recorte de la plantilla de funcionarios, además un nuevo código impositivo y otras iniciativas de ahorro, comenzó a debatirse hoy en el Parlamento en sesión plenaria y será votada en la noche del miércoles al jueves, aunque no se esperan sorpresas ya que la coalición gobernante controla 155 de los 300 escaños.
A las críticas de los sindicatos, que han puesto en duda la legalidad de algunas medidas, se ha unido hoy la del consejo legal del Parlamento, que presentó dudas sobre la constitucionalidad de varios artículos.
Entre otras cosas, el consejo legal critica los poderes extraordinarios que se dan al Ministerio de Reforma Administrativa para eliminar puestos de trabajo dentro del sector público.
Además, en la modificación del código impositivo, denuncia como inconstitucional el hecho de que no se establezca un mínimo no imponible por debajo del nivel de la pobreza.
El parecer de este consejo sirve sólo a efectos consultivos, aunque luego los partidos políticos de la oposición podrían utilizarlo para presentar recursos de inconstitucionalidad contra la ley. EFE
