La operación de las refinerías en México, ahora en constante crisis y en medio de escándalos por corrupción y desvíos de recursos públicos, carece de una estrategia que incluya una estrategia a largo plazo y donde todos los detalles sean abiertos, considera el analista energético Arturo Carranza.
Para la óptima –y necesaria– modernización de las refinerías es fundamental que los procesos de licitación de asignación de contratos se realicen con transparencia, plantea.
ADEMÁS
Ciudad de México, 16 de junio (SinEmbargo).– En la medida en que desde los procesos de licitación para los servicios a las refinerías no se cumplan estándares de transparencia y se siga en la opacidad –lo que da pie a la corrupción en beneficio de unos cuantos– no se podrá instaurar una estrategia para modernizarlas de manera óptima. La producción de petrolíferos en las refinerías ha disminuido por su falta de mantenimiento y paros no programados, lo que además obliga a importar gasolina de Estados Unidos y encarecer el precio final al consumidor, afirmó Arturo Carranza Güereca, especialista en energía del Instituto Nacional de Administración Pública AC (INAP).
Una muestra de ese abandono se dio durante esta misma semana.
La refinería de Salina Cruz, en Oaxaca, primero se inundó y luego se incendió; esa planta es la más productiva de las seis del país. El incidente, de acuerdo con el especialista, fue “comprensible” si se considera que la infraestructura petrolera, independientemente de sus medidas de seguridad, está expuesta a las condiciones climatológicas sobre todo en temporadas de lluvia.
Salina Cruz aporta el 22 por ciento de la producción nacional de petrolíferos, de acuerdo con la Secretaría de Energía (Sener) y abastece al sur del país, destacó Carranza.
Otra muestra de irregularidades en torno a las refinerías en México se dio en una Corte de Estados Unidos, donde ejecutivos de Odebrecht confesaron haber pagado sobornos por 10.5 millones de dólares a funcionarios mexicanos a cambio de beneficios entre 2010 y 2014, periodo que corresponde al último tramo del Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y los dos primeros años de Enrique Peña Nieto. En esos años Juan José Suárez Coppel y Emilio Lozoya Austin dirigieron Petróleos Mexicanos.
Ante ello, la Secretaría de la Función Pública (SFP), institución encargada de vigilar el ejercicio público del Gobierno de nivel federal, inició una investigación el 22 de diciembre de 2016, a partir de la cual se hizo una auditoría sobre los diversos contratos que suscribió la empresa brasileña y sus filiales con algunas dependencias del Gobierno federal mexicano, entre ellas la petrolera estatal.
La instancia a cargo de Arely Gómez descubrió infracciones a la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas por parte de Odebrecht, por lo que podría aplicar una multa de hasta 160 millones de pesos, así como inhabilitación por 10 años para participar en contrataciones federales en caso de comprobarse.
La Ley Anticorrupción establece como infracciones el entregar sobornos, simular el cumplimiento de requisitos, presentar documentación falsa o usar influencias para obtener beneficios o ventajas en los contratos.
“La notificación [del resultado de la auditoría a Odebrecht] no prejuzga acerca de la probable responsabilidad administrativa, la cual será determinada una vez agotadas las fases legales del debido proceso”, aclaró la SFP.
Están pendientes los resultados de la revisión a los contratos de Odebrecht en las refinerías de Minatitlán y Salamanca, en el tramo norte-II del gasoducto Los Ramones y en el proyecto Etileno XXI, en el que Pemex acordó venderle al consorcio brasileño gas etano a precio por debajo del costo comercial por 20 años, con opción de prórroga.
En diciembre de 2015, el Presidente Enrique Peña Nieto anunció una inversión –con participación del sector privado– de 23 mil millones de dólares (400 mil millones de pesos) para cuatro proyectos de las seis refinerías en el país: Cadereyta (Nuevo León), Ciudad Madero (Tamaulipas), Salamanca (Guanajuato), Tula (Hidalgo), Minatitlán (Veracruz) y Salina Cruz (Oaxaca), todas construidas durante la década de los 70.
El analista energético Arturo Carranza aseguró que hasta la fecha, aunque ha habido interés de los socios privados, no se ha concretado ningún acuerdo. Las inversiones se pidieron a raíz del recorte a Pemex, lo cual redujo también el presupuesto para el mantenimiento y la modernización de las refinerías.
“El plan [del Presidente Peña Nieto] no ha sido fácil de implementar. Pemex está en pláticas con diversas empresas para que le entren a las refinerías, pero es fecha que no han logrado concretar un acuerdo”, dijo. “Los inversionistas no sólo quieren apostarle dinero sino también operar; buscan una asociación más compleja, pero también con menos opacidad y sesgos de corrupción”.
Pemex procesó en el 2015 la menor cantidad de barriles de crudo por día registrada en los últimos 25 años, a causa de los paros realizados para la rehabilitación de las seis refinerías. De acuerdo con el Plan de Negocios 2017-2021 de la petrolera, los paros en las refinerías de enero a agosto del 2016 se debieron por suministro de hidrógeno (63 por ciento), equipos y procesos (20 por ciento), suministro de vapor, agua y electricidad (11 por ciento), y por retrasos en reparaciones (3 por ciento).
SOBRECOSTOS EN TULA
De acuerdo con documentos obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Odebrecht ejecutó en la refinería ubicada en Tula, obras por 4 mil 254 millones de pesos entre 2014 y 2015.
El 15 de febrero de 2014, Pemex le asignó en forma directa un primer contrato en Tula por mil 436 millones de pesos para la obra de adecuación de plataformas y terrenos para la reconfiguración de la refinería.
Nueve meses después, el 20 de noviembre de 2014, otorgó una primera ampliación a esa misma obra, por 358 millones 230 mil pesos. Estaba previsto que la obra concluyera en agosto de 2015, y en ese lapso Pemex autorizó un segundo pago adicional por otros 879 millones de pesos. En total, el monto de este contrato se elevó a 2 mil 315 millones de pesos.
Lo anterior representó un sobrecosto de 61 por ciento respecto al presupuesto original.
El 16 de noviembre de 2015, Odebrecht obtuvo otra asignación directa de Pemex en Tula. Esa vez el contrato fue por mil 939 millones de pesos para construir accesos y obras externas a la refinería.
Este nuevo contrato fue firmado por Gustavo Escobar, encargado de la dirección corporativa de Procura y Abastecimiento de Pemex, y por Marcelo Da Fonseca, gerente administrativo de Odebrecht, de acuerdo con Mexicanos contra la Corrupción.
La firma se realizó ante Luis Weyll, quien durante siete años se desempeñó como director de Odebrecht en México. También atestiguaron la asignación tres altos funcionarios de Pemex: el director de producción, Miguel Tame; el director de proyectos, Leonardo Cornejo, y Alejandro Martínez Sibaja, director general de Transformación Industrial.
PAGAN SOBORNOS Y ASIGNAN CONTRATOS
A la par de que se dieron esas ampliaciones en Tula, Odebrecht pagó sobornos en México, dijeron ejecutivos de la constructora brasileña.
En el caso judicial que se sigue en Estados Unidos, los ejecutivos revelaron que entre diciembre de 2013 y finales de 2014, la División de Operaciones Estructuradas (mejor conocido como el departamentos de sobornos de Odebrecht) pagó seis millones de dólares a funcionarios mexicanos, cuya identidad no ha sido revelada.
Además, el director de la misma oficina de sobornos, Hilberto Mascarenhas, confesó en Brasil que en noviembre de 2014 recibió una solicitud para hacer pagos ilícitos con valor de 5 millones de dólares a Emilio Lozoya, entonces director de Pemex, de acuerdo con un documento judicial difundido por Mexicanos contra la Corrupción, el cual está firmado por el Ministro brasileño Edson Fachin.
La fecha en la que supuestamente se pidió el soborno para Lozoya (noviembre de 2014) coincide con el otorgamiento de la primera ampliación del contrato de Tula para Odebrecht.
En el documento judicial obtenido por MCCI aparece el nombre de Luis Weyll como testigo de la petición del soborno para el Director de Pemex. Este mismo personaje fue quien en noviembre de 2015 atestiguó la ampliación de los contratos otorgados en Tula para Odebrecht.
